Las electrificadoras, en jaque por un círculo vicioso de años

Luego de cuatro años de haberle sido entregado el mercado de comercialización y distribución de energía que atendía Electricaribe a las compañías Afinia y Air-e, su situación financiera y la de varias empresas del sector está deteriorada, a la espera de la llegada de recursos estatales tanto de subsidios como de la opción tarifaria, mecanismo de mitigación para diferir parte del valor facturado a los usuarios en pandemia y en la disparada de la inflación. Una situación que, según los gremios del sector eléctrico, es cada vez más apremiante para la caja y operación de las compañías, que cada vez se están viendo más limitadas para hacer que sus ingresos alcancen no solo para pagar la energía a los generadores, sino para hacer las inversiones y 'prestarle' al Gobierno los recursos para cubrir los subsidios de los estratos 1 y 2. El jueves pasado, una vez la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de Air-e, los cinco gremios del sector (Asocodis, Andesco, Acolgén, Andeg y SER Colombia), insistieron en la imperiosa necesidad de adoptar medidas, principalmente el giro oportuno y rápido de subsidios y la asunción de deudas de la opción tarifaria por parte del Gobierno (y por fuera de la ley de financiamiento), al ser un asunto urgente."Esto debe definirse de manera ágil en una Ley única e independiente que no esté supeditada a la aprobación de otras normas como una nueva reforma tributaria. Además, debe extenderse a los usuarios de gas natural", dijeron los gremios en una comunicación. José Camilo Manzur, director Ejecutivo de Asocodis, gremio de los comercializadores, explica que la remuneración anual que reciben los comercializadores es casi la mitad de lo que se les debían en diciembre, cuando el saldo que se les adeudaba era de $7 billones, de los cuales $5 billones eran de la opción tarifaria (la mitad en la región Caribe), casi otro billón entre deuda oficial y otros rubros, y $1,3 billones más por subsidios. "La promesa (de la opción tarifaria) se hizo en mayo, a septiembre no se ha materializado y cada día que pasa va contra los usuarios", recalcó el dirigente gremial. Y explica que si bien a julio la deuda de opción bajó a $4 billones, mostrando más recuperación en unas regiones que en otras, a la fecha el valor total se calcula en $6,5 billones porque los subsidios suben. "Las deudas (opción tarifaria, subsidios, y usuarios de oficiales y constitucionalmente protegidos), ya representan cerca de dos veces el ingreso bruto anual de los comercializadores. Ningún sector económico es viable con esos números", dijo. Sin salidas a la vista Y si bien los subsidios siempre han sido financiados por las empresas, la situación actual hace muy complejo hacerlo, llevando a una disyuntiva y a un círculo vicioso: si se siguen financiando subsidios no se tiene plata para pagar el mercado mayorista en algunas empresas, para mejorar la calidad, para invertir en bajar las pérdidas, y para adecuar y modernizar la red entre otros. Y si las empresas optan por cumplir los compromisos de calidad del servicio, se quedan sin dinero para financiar subsidios y habría que subir la factura a usuarios de estratos 1 y 2. En este caso, según Manzur, si un cliente de estrato uno paga 40.000 pesos mensuales, incluyendo el subsidio de $60.000, pasaría a pagar $100.000, para un aumento de 150% que al operador le causaría problemas en cartera y en la reducción de pérdidas, porque el fraude se incrementa. Es un círculo vicioso en el que el Estado tiene bastante responsabilidad. Y otro círculo vicioso es que, si no cumplen la calidad, a las empresas les quitan ingresos por remuneración y están sujetas a intervenciones", añadió. Según los gremios, otras acciones por parte del Gobierno son la asignación de recursos adicionales del fisco para cubrir las pérdidas adicionales aprobadas a las empresas que operan en la región Caribe, para que haya una reducción de tarifa a los usuarios y mejorar el flujo de caja de las empresas. Igualmente, el sector reclama acciones para que las entidades oficiales como hospitales y centros educativos paguen sus cuentas de luz e incluyan el rubro de energía en sus presupuestos, ya que en el caso de Afinia y Air-e, estas deudas suman $370.000 millones. Otro aspecto es revisar la eliminación de otros cargos que se incluyen en los recibos, como el alumbrado público, estampillas e impuestos de seguridad, que para la región Caribe llegan a representar el 30% del valor total de la factura.
El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, le reveló a Portafolio que antes de la intervención de Air-e, la firma XM, operadora del mercado eléctrico, tenía indicios de que algunas empresas "venían advirtiendo una situación irregular y manifestaron la intención de terminar los contratos de suministro". Según el funcionario, eran 30 plantas de empresas generadoras, de las cuales a la fecha 16 ya terminaron esos contratos de forma unilateral, porque no se les estaba cumpliendo con los pagos. Mientras el ministro de Minas y Energía, Andrés, Camacho, dice que el último dato que tenían del nivel de exposición a bolsa de Air-e era de 36%, fuentes del sector eléctrico señalan que por cuenta de la cancelación de contratos el nivel ya estaría en el 50%, lo cual hace que la compañía tenga que comprar una energía más costosa, dadas las condiciones de hidrología actuales, que ha hecho subir la generación térmica. "Las empresas con quienes se ha firmado contrato dicen que los terminan, dejan a la comercializadora en mayor exposición a la bolsa y por eso puede haberse aumentado. Estamos conversando con las empresas para que desistan de eso porque están atentando contra la prestación del servicio", recalcó el funcionario. Por ello, el Superservicios indicó que esa es la tarea prioritaria de la intervención, advirtiéndoles a los generadores que están poniendo en riesgo la prestación del servicio, que también una de las causales de intervención. El superintendente Dagoberto Quiroga indicó que en el Fondo Empresarial de la Superservicios hay recursos para atender la operación de Air-e durante dos meses, mientras que el Ministerio de Hacienda inicia el giro de dinero para cubrir el déficit entre el recaudo y los gastos, calculado en $150.000 millones mensuales, principalmente de clientes de estratos 1 y 2, que son los que más se atrasan.