Una ley tributaria incómoda

Si bien la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario, también conocido como "antievasión", será presentada mediáticamente por la administración Boric como un logro, lo cierto es que el contenido despachado por el Congreso -fruto de un acuerdo alcanzado con la oposición- dista diametralmente de la propuesta original del Gobierno y debe generar incomodidad entre los grupos más radicalizados del oficialismo.
En lo esencial, lo aprobado mantiene en sede judicial la aplicación de la norma general antielusión, mientras que al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) se formaliza la existencia de un comité ejecutivo para evaluar si corresponde iniciar las investigaciones en este ámbito. Esto representa un modelo muy distinto al inicialmente planteado, en donde se daban mayores y debatibles atribuciones al SII, transformándolo en una suerte de juez y parte. También se mantiene en el ámbito judicial el levantamiento del secreto bancario, si bien con plazos acotados y un procedimiento distinto para las investigaciones que involucren los delitos más graves, como los vinculados a crimen organizado, donde el Servicio podrá pedir a la justicia el levantamiento sin que se dé traslado al contribuyente. En cuanto a la gobernanza del SII, se modifica el nombramiento de su director, eliminando la excepción que hoy permite, en ciertas circunstancias, prescindir de concurso vía Alta Dirección Pública. Además, se constituirán dos comisiones de expertos: el Consejo Tributario, que deberá emitir opinión respecto de las circulares del servicio, y el referido comité ejecutivo, integrado por el director y tres subdirectores. En ambos casos, la selección de personas idóneas e independientes será esencial. Una eventual politización de estos comités sería una amenaza para nuestra institucionalidad; tampoco sería positivo que estas instancias sirvieran simplemente para diluir responsabilidades respecto de las decisiones. En este sentido, la promoción de la nueva gobernanza en función de lo que se observa en otras instancias (Banco Central o CMF) parece al menos discutible.
La introducción de la figura del "denunciante anónimo" es un tema delicado. Si bien algunos de los obvios problemas de incentivos que conlleva esta idea fueron abordados y, al menos parcialmente, corregidos para asegurar el anonimato y evitar publicidad, es posible anticipar que la implementación de este modelo enfrentará problemas prácticos. Lo mismo aplica a las modificaciones que buscan la identificación de los compradores en transacciones por sobre 135 UF que utilicen efectivo. La medida implicará, probablemente, trámites adicionales, con un impacto sobre el costo de las transacciones.
No prosperó, en tanto, el intento de introducir cambios en los impuestos a las donaciones y herencias, tema que había estado fuera de los acuerdos y que fue repuesto por el oficialismo, recordando la dificultad de la izquierda para contener sus reivindicaciones ideológicas. El episodio, sin embargo, debiera constituir una alerta cuando el Gobierno ya ha anunciado el envío en octubre del proyecto de reforma del impuesto a la renta, donde el compromiso de que este no implicará un aumento neto de la carga tributaria debe ser escrupulosamente honrado.
En cuanto al proyecto de cumplimiento tributario, un punto de especial inquietud son las interrogantes respecto de su verdadero potencial recaudador. Cabe recordar que el programa del Presidente Boric asignaba a "Medidas contra la evasión y la elusión" un efecto recaudador que alcanzaba el 2,5% del PIB. Ahora, con las modificaciones experimentadas, las estimaciones de Hacienda apuntan a un aumento en los ingresos fiscales de 1,5% del PIB, equivalente a US$ 4.500 millones. Debe tenerse presente, sin embargo, que durante los últimos meses han existido errores en algunas de las estimaciones de esa cartera -por ejemplo, las proyecciones de ingresos del gobierno central de 2024 del Informe de Finanzas Públicas, que debió ser corregido-, lo que justifica las dudas en este punto. De hecho, análisis técnicos han catalogado de optimista la referida proyección, resultado de diversos supuestos, cada uno sujeto a calificaciones. En este sentido, la intención de la autoridad de agregar automáticamente a los ingresos del próximo año US$ 1.200 millones en el contexto de la próxima discusión presupuestaria debe requerir la atención y escrutinio parlamentario. El aseguramiento del principio de responsabilidad fiscal, particularmente en un año electoral, pondrá a prueba nuestra institucionalidad económica.