Pese a alertas y modificación, la reforma laboral avanza

En un fuerte debate, caracterizado por acusaciones y constantes recusaciones, la plenaria de la Cámara de Representantes avanza en el trámite de la reforma laboral, proyecto que todavía no llega al 50% de su articulado avalado para pasar al Senado y ya sufrió un duro revés, que fue lamentando por los ponentes y defensores de la iniciativa, que denunciaron que los gremios están haciendo lobby durante las votaciones. Hasta el momento los representantes han dado luz verde a 14 de los 80 artículos de la reforma, que regulan asuntos relacionados con el contrato laboral a término indefinido, definido y por obra labor, así como con modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo y los empleos que se desarrollan por medio de plataformas digitales; punto que ha sido de vital importancia para el Gobierno Nacional. Así mismo, las normas que ya pasaron fortalecen la vigilancia y seguimiento a los sistemas automatizados, mientras se espera que ahora la atención se centre en el contrato agropecuario y la reglamentación de los jornales, salarios, garantías para calidad de vida y programas de formación rural para los trabajadores colombianos. Esto último ha sido calificado como un gran avance en la protección de los derechos laborales, puesto que "El trabajador o trabajadora podrá acordar con el empleador el pago del salario y en general de la totalidad de derechos y obligaciones derivados de la modalidad aquí descrita, el cual se reconocerá en los periodos de pago pactados entre las partes bajo la modalidad de un jornal rural". Este cambio también establece que "además de retribuir el trabajo diario ordinario, compensará el valor de la totalidad de prestaciones sociales y beneficios legales a que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales como primas, auxilios y subsidios, sin incluir las vacaciones". Durante la jornada de ayer 1 de octubre, cuando apenas van dos sesiones concentradas únicamente en el articulado de la reforma laboral, la sesión plena de la Cámara dio un giro inesperado en el que, con una inesperada mayoría, tumbó una propuesta pilar del proyecto y tomó por sorpresa al Gobierno y ponentes. Se trata del artículo 8, que buscaba aumentar de manera significativa las indemnizaciones por despido sin justa causa, mejorando las condiciones de los trabajadores, estableciendo que para los contratos a término fijo o por obra o labor, la indemnización mínima sería de 30 días, en lugar de los 15 días actuales, cambio que pretendía fortalecer la protección laboral y asegurar que los empleados recibieran una compensación más justa al ser despedidos. "Hundimos el Art. 8 en la discusión de la laboral. El Gobierno buscaba duplicar las indemnizaciones para despidos sin justa causa a partir del onceavo año de antigüedad. A pesar de la buena intención hubiera generado incentivos perversos, perjudicando a los trabajadores", dijo el representante Andrés Forero, del Centro Democrático. En el caso de los contratos a término indefinido, las indemnizaciones también aumentarían. Si el trabajador tenía menos de un año de servicio, recibiría 45 días de salario y para quienes trabajaron más de un año y menos de cinco, se sumarían 15 días por cada año adicional y a partir del quinto año, el pago sería de 20 días, y después de los 10 años, de 40 días por cada año trabajado. Se esperaba que la laboral quedara lista para comenzar su trámite en el Senado la próxima semana, al parecer su trámite demorará un poco más en la Cámara de Representantes, donde las recusaciones contra el presidente de esta sala legislativa, Jaime Raúl Salamanca, están retrasando la votación del articulado y cada vez es menos posible que se surta lo que falta en las plenarias que restan. Se conoció un informe de la firma Dapper que advierte que la peor parte de los efectos negativos del proyecto recaerán en los sectores de comercio, manufactura y alojamiento, además de los contratos de aprendizaje y las indemnizaciones; generando un desincentivo de la contratación y preparación de mano de obra en el país. José Linares, cofundador de Dapper, señaló que "el mayor desafío radica en los efectos indirectos en el mercado laboral y en los incentivos que esta propuesta genera. Existe un riesgo tangible de desincentivar la formalización y afectar negativamente la productividad, particularmente en sectores como servicios y comercio", al tiempo que resalta que los hallazgos del informe indican que los efectos son diferentes según el sector económico y el tamaño de las empresas. Según Dapper, pese a que la iniciativa del Gobierno busca fortalecer la estabilidad laboral, la reforma podría generar alzas sustanciales en los costos operativos para las empresas, pues se observan incrementos en rubros directos y claves en las finanzas de las empresas como un alza del 83,5% en contratos de aprendizaje.