¿Arrancó el golpe de Estado?

Con la denuncia sobre la existencia de un golpe de Estado en Colombia, Gustavo Petro enfrenta la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la cual abrió investigación formal a su campaña presidencial, por la violación de los topes electorales. Se trata de una hábil estrategia para desviar el debate, que surge de un proceso administrativo que podría demostrar que el acceso al poder fue fraudulento. Empecemos por aceptar que solo existe golpe de Estado cuando se rompe el orden constitucional de un país y se establece de facto un nuevo orden institucional. No es lo que ocurre en la actualidad. Lo que hay son copiosas evidencias de que se habría violado el régimen de financiamiento electoral, lo que era notorio desde la primera vuelta. Frente a esa realidad, tienen que operar las instituciones de nuestro Estado de derecho, para establecer las responsabilidades que la ley impone. Es lo único que verdaderamente ocurre. Se trata de una exageración irresponsable sostener que el funcionamiento de la institucionalidad representa una amenaza o constituye una anormalidad constitucional, cuando la autoridad actúa conforme al orden jurídico. Lo importante ahora es que se respeten las garantías. Muestra de ello es que la primera decisión del CNE fue archivar la investigación por la ostentosa manifestación de la P en Barranquilla, sobre la cual las redes sociales mostraron en su época cómo fluía el dinero en efectivo para el pago de asistentes y transportadores, bajo la tesis de que para entonces no había empezado la campaña presidencial. Bochornoso, sí, pero no irregular, según el CNE. Antes que alentar la revuelta social, el primer mandatario debería anticipar su acatamiento democrático a los procesos en curso, como lo hacemos los demás mortales. Sin embargo, se queja de que, por su fuero, al Presidente solo lo puede investigar la Comisión de Acusación, lo que no es cierto sino en materias penales, fiscales y disciplinarias. Pero los demás asuntos, como un parte de tránsito, se mantienen en las autoridades administrativas ordinarias. Si la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya manifestaron este año que la investigación le corresponde al CNE, ¿cuál es el afán de poner el expediente en manos del representante Alirio Uribe, investigador designado para el caso? Ya se sabe, por ejemplo que, en diciembre de 2022, en pleno receso del Congreso, Uribe le quitó a la SIC el cobro de la multa impuesta a Petro por el caso de las basuras y, así, le levantó los embargos que pesaban sobre su salario oficial. Se trató de una actuación cuestionable, porque no compete al Congreso adelantar procesos ejecutivos por deudas de los aforados y, además, el Consejo de Estado había decidido previamente que la SIC debía continuar con el cobro de la multa y mantener los embargos. Con este antecedente, razón tendrá el abogado Pava, apoderado del Presidente ante la Comisión de Acusación, en afirmar públicamente: "Allí ya estamos concluyendo". De cualquier manera, es un bulo hablar de un golpe de Estado para tumbar a Petro, lo que -por demás- nadie quiere. Por el contrario, el golpe podrá ocurrir si el poder constituido perturba las elecciones del 2026. Y hay muchas señales para estar preocupados: el nombramiento del registrador Hernán Penagos está demandado; en el trámite del presupuesto le quitaron a la Registraduría las partidas de inversión esenciales para asegurar, desde ahora, el buen suceso de las próximas elecciones; hay pasos de animal grande interfiriendo las licitaciones indispensables para el proceso electoral que se avecina; la SIC ya metió sus narices en la Registraduría; desde el Gobierno se persigue a Thomas, Greg & Sons, firma que durante las últimas décadas se ha ocupado exitosamente de todas las elecciones y, por si fuera poco, es anormal el interés del sector gobiernista de la Cámara de Comercio de Bogotá en tomarse Corferias, principal centro de votación del país. Con todos estos indicios, ¿será que sí se está fraguando un golpe de Estado, de cara a las próximas elecciones? Taponazo. La reforma política compendia las iniciativas que se tramitaron sin éxito en el Congreso en los últimos 25 años.
Indicios preocupantes
Néstor Humberto Martínez Neira
Es un bulo hablar de un golpe de Estado para tumbar a Petro, lo que -por demás- nadie quiere. Por el contrario, el golpe podrá ocurrir si el poder constituido perturba las elecciones del 2026.