Protección al sector del acero afectaría mercado de vivienda

En medio de la imperativa necesidad de reactivación en un sector clave como lo es la construcción de vivienda, que mueve el PIB y jalona un volumen importante de empleo, el país enfrenta ahora una encrucijada tras las dos recientes medidas de aranceles al acero proveniente de Perú y de China. La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, hizo un llamado urgente para afrontar el difícil panorama del sector generado por las decisiones del Gobierno. De acuerdo con el gremio, la reducción en los subsidios de Mi Casa Ya para 2025, y la adopción de medidas de salvaguardia, como aranceles en insumos, tendrán efectos negativos en la producción de vivienda y en el empleo a nivel nacional. "La principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno", dijo Guillermo Herrera, presidente del gremio. En diciembre de 2023, los desistimientos fueron 38.000 a diciembre y con los cambios en la industria Camacol preveía en febrero el desistimiento de 20.000 hogares de su decisión de compra durante este año. Según datos del Gobierno, se prevé que el presupuesto para programas de vivienda se reduciría 39% pasando de $4,3 billones en 2024 a $2,66 billones en 2025. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó que solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya anunciados para el próximo año. Pero cerca de 6.000 de los 20.500 subsidios están preasignados. Así, el impacto del recorte presupuestal traerá ‘serios efectos económicos’. "Si a los desistimientos se le suma la caída en las ventas, el ritmo de inicios de obra podría ubicarse por debajo de las 55.000 VIS en 2025, un nivel cercano al que se observó entre 2010 y 2011", señaló Herrera, quien agregó que los menores ritmos de obra se traducirían en la pérdida de 200.000 puestos de trabajo durante 2025. "No hay un plan de reactivación y en cambio las medidas de política golpean fuertemente la producción de vivienda de interés social", aseveró Herrera. "Con esa reducción de subsidios y con el aumento de los costos, más que una generación de inventario terminado es un contexto de estrés financiero para el cierre de los proyectos, y en ese sentido, podemos ver parálisis de obras o sencillamente menor lanzamiento de nuevos proyectos o que proyectos que tenían previsto iniciar su fase de construcción vayan a tener que frenarse y busquen un contexto de costos de construcción distinto. Eso es básicamente ralentizar la generación de valor agregado en nuestro sector por medidas que van en contra de los ciclos comerciales y constructivos de proyectos", dice. A esta situación se suma los aranceles al acero de importación que proviene de China y Perú, lo que ha hecho no solo que los costos del sector suban su precio, sino que se limiten las alternativas de este insumo. "En el último año se adoptaron al menos cuatro salvaguardias y gravámenes que tienen un impacto significativo dentro de los costos de la construcción. Estos, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, imponen aranceles que pueden ser de hasta el 30% para importados de hierro, acero y aluminio", indica Herrera. "Sin duda las medidas tomadas respecto al acero tienen un impacto muy importante, pues estos pesan cerca de un 14% de los costos directos y es el segundo insumo de mayor relevancia en la estructura de costos de la construcción. Así, cualquier aumento de precio impacta el de venta y además de eso los márgenes de los proyectos y desincentivando la compra", agregó un experto a Portafolio. Aseguran que estas medidas afectan el 88% de las importaciones de aluminio, el 55% de las de alambrón y el 31% de las de barra. Herrera manifestó que "es claro que el Gobierno no realizó una evaluación integral del impacto que estas medidas pueden generar en la economía y en la vivienda". El dirigente dice que de esta manera se inviabilizarían los proyectos VIS que ya están estructurados y en proceso de venta. De esta manera, proyectan un fin de año similar al de 2023, es decir, 40 % por debajo de lo registrado en 2022. Aurelio Díaz, presidente de la constructora Oikos, dice que lo más importante es mantener las tasas a la baja, lo que sí impulsa la compra de vivienda. "La dinámica va a seguir creciente porque la tasa es un factor clave para este sector y se está comportando bien, pero esa tracción que de pronto se proyectaba, de llegar a las 130.000 o 140.000 unidades año, puede no llegar a ser y estaremos de pronto hacia las 108.000. Hay un remanente que se pierde en términos de subsidios, pero la economía en términos tracción se va a seguir viendo, teniendo en cuenta las tasas de interés", sostuvo. Lo que dice la Andi Entre tanto, al fijar su posición sobre las medidas de protección adoptadas por el Gobierno, el sector siderúrgico desestimó las preocupaciones de los constructores, al plantear que no es tal el impacto en esa actividad, al tiempo que dijo que esa industria pide 'jugar en una cancha equilibrada' y que "la competitividad de un sector no puede estar basada en una práctica de competencia desleal". Daniel Rey, director del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi, aseguró que esta es una medida que trata de corregir una situación que se viene presentando hace más de un año, por información que se tuvo en su momento sobre prácticas de competencia desleal. Esto es, el ingreso de acero a precios inferiores a los costos de producción y a unos precios muy por debajo del costo de mercado de referencia como pueden ser de México o Brasil, que son economías de mercado.