Royalty y municipios
La situación que se desprende del informe debe representar una nueva alerta respecto del uso de millonarios recursos públicos
El mundo político ha realizado esfuerzos importantes para avanzar hacia una mayor descentralización presupuestaria del gasto. Una reforma constitucional del 2009 inició esos esfuerzos con el diseño de una descentralización regional, la que fue seguida de cambios legales que incluyeron el diseño de un complejo sistema de transferencias. Este último no ha estado libre de críticas por los problemas de incentivos, monitoreo y fiscalización de los gastos. El debate público ha brindado poca atención a las consecuencias fiscales de largo plazo de tal estructura.
Similar situación se está dando en el marco de la Ley de Royalty Minero y los recursos que desde ella se distribuyen desde comienzos de este año a las municipalidades. La combinación de una institucionalidad débil y la falencia cultural en materia de rendición de cuentas en los gobiernos locales debe representar una nueva alerta respecto del uso de millonarios recursos públicos.
Cabe recordar los principios sobre los que se discutió el aumento de impuestos a las empresas mineras del país. Bajo la lógica de fortalecer la descentralización, los nuevos recursos recaudados serían destinados a comunas vulnerables y a las ubicadas en zonas mineras. Para efectos del primer objetivo, se configuró el Fondo de Equidad Territorial (FET), mientras que en el segundo caso se creó el Fondo de las Comunas Mineras (FCMI). Desde estos, solo durante la primera mitad de 2024, el gobierno central transfirió recursos por $93 mil millones a 307 comunas.
El primer reporte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) respecto del uso de esos dineros, fechado el 31 de julio de 2024, dejó en evidencia las falencias en esta materia. En particular, a pesar de que la normativa establece explícitamente que "cada municipalidad beneficiaria deberá informar en forma trimestral, dentro de los diez días hábiles siguientes al término del trimestre respectivo... la ejecución de cada cuenta creada para asignar el gasto y el detalle del uso de los recursos", en la práctica esto no se respetó.
De acuerdo con la información de la Subdere, solo un 61,7% de las municipalidades beneficiarias del FET reportó las modificaciones presupuestarias en el tiempo y forma impuestos. La cifra alcanzó un 55,8% en el caso de las localidades beneficiadas por el FCMI. Y los porcentajes son aún más bajos cuando se analiza el reporte de los gastos ejecutados que también se exige. En el caso del FET, solo un 31,7% de las municipalidades beneficiarias de estos fondos públicos cumplió con tal obligación, mientras que únicamente un 27,9% lo hizo en el caso del FCMI. En términos presupuestarios, esto implica que más de $39 mil millones de los $93 mil millones asignados no cuentan con un uso hasta ahora conocido.
Pero no solo la falta de información es preocupante. El análisis del destino de los recursos dentro de aquellos municipios que cumplieron con reportar la información también genera amplias dudas respecto del uso eficiente y eficaz de los dineros públicos. En el caso del FET, un 28% de los gastos justificados fue dirigido a "bienes y servicios de consumo", 17% a "transferencias corrientes" y 12% a la adquisición de activos no financieros (vehículos). El detalle arroja gastos millonarios en materia de publicidad y difusión, como también de remuneraciones de personal. En cuanto al FCMI, un 23% fue destinado a "bienes y servicios de consumo", 11% a "transferencias corrientes" y 11% a activos no financieros.
Todo lo anterior explica las alarmas que se han encendido desde la misma Subdere, a las que se ha sumado la Contraloría General de la República. La necesidad de implementar mejores sistemas de monitoreo y evaluación del uso de estos recursos también ha surgido desde la sociedad civil e instituciones como Chile Transparente. Sin embargo, en último término, es el Ejecutivo el responsable final de hacer cumplir la normativa vigente. El Congreso, por su parte, debe comenzar a tomar conciencia de las implicancias de una legislación deficiente en esta materia. La descentralización necesariamente debe venir de la mano de cambios presupuestarios, pero el ímpetu político por avanzar en esa dirección está dando pie a una precariedad alarmante en el monitoreo del uso de los recursos del país.