Gastos reservados y caso Monsalve

Informaciones sobre el uso de los gastos reservados en la Subsecretaría del Interior han abierto una nueva arista en el llamado caso Monsalve. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el exsubsecretario recibía periódicamente remesas en efectivo por $50 millones, las que eran guardadas en una caja fuerte de esa repartición y cuyo uso debía ser rendido de forma semestral. Sin embargo, el sucesor de Monsalve, Luis Cordero, reveló que al momento de asumir el cargo solo encontró algo más de $1 millón en esa caja fuerte, sin que haya registro de cómo utilizó el resto del dinero su antecesor, pues este no ha hecho la rendición correspondiente ante quien era su superior, la ministra del Interior. Por ello, se ofició a la Contraloría, la que está efectuando una revisión y arqueo, al tiempo que se espera la referida rendición. A raíz de esto, además, un diputado opositor, querellante en la causa que enfrenta Monsalve, amplió esa querella para que también se investigue una eventual malversación de fondos públicos. Es de suma relevancia que aquello sea esclarecido, no solo por su incidencia en este caso particular -en el que ha llamado la atención el recurrente uso de dinero en efectivo por parte del exsubsecretario-, sino porque esta situación pone en entredicho la confianza pública respecto del correcto uso de los recursos del Estado.
Los gastos reservados son fondos que, incluidos en el Presupuesto, se asignan a algunas reparticiones para fines muy específicos. Como establece la Ley 21.211, aprobada en el gobierno del Presidente Piñera, los objetivos están orientados "al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas". Precisamente por eso, dada la excepcionalidad que representan estos gastos, aparte de la Presidencia de la República, solo son asignados a los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa, así como a las instituciones militares y policías, y a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Junto con establecer los referidos lineamientos, la ley define el protocolo a seguir, pero ese procedimiento no parece lo suficientemente riguroso para asegurar que el uso de estos fondos se enmarque en los objetivos para los que están concebidos. Según las normas, los jefes de servicio correspondientes deben reportar semestralmente al respectivo ministro sobre el empleo de estos dineros, así como realizar cada año un informe por escrito, genérico y secreto, a la Contraloría General de la República, acompañando una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a los fines establecidos en la ley. Además, los jefes de las unidades operativas que tengan gastos reservados están obligados a efectuar declaración de intereses y patrimonio. Como se ve, se trata de resguardos que dependen críticamente del buen criterio y transparencia de la respectiva autoridad, sin que quienes ejercen como contrapesos dispongan de suficientes elementos para verificar la exactitud de la información recibida.
La existencia de gastos reservados es necesaria. Las actividades de seguridad interna y externa, por su propia naturaleza, requieren en algunas áreas espacios de reserva para poder ejecutarse con eficacia. El caso Monsalve, sin embargo, ha vuelto a poner en evidencia cómo su uso está radicado en decisiones unipersonales de un reducido grupo de funcionarios, sobre las que existe un muy limitado control. De hecho, ya en el pasado casos judiciales han revelado cómo se ha burlado a la Contraloría mediante declaraciones mendaces.
En otros países, el uso de los fondos reservados recae en una comisión de alto nivel que limita -si bien nunca puede evitar del todo- las posibilidades de abuso. La existencia de una instancia como esa, que deba filtrar los antecedentes y dar fe del empleo de estos recursos, es un mecanismo que debería evaluarse, de tal manera de evitar que toda la operatoria quede entregada a la sola virtud de un funcionario. La institucionalidad actual parece aún demasiado feble, lo que alimenta la presión por eliminar la existencia de este tipo de fondos, un error mayor en el propósito de combatir actividades delictuales y proteger la seguridad del país.
En los hechos, su correcto uso sigue en buena medida entregado a la sola virtud y buen criterio de un funcionario.