MIRADA

El CADE que acaba de finalizar en Arequipa hace un llamado para revertir la degradación institucional como requisito para reconstruir el Perú. En esa línea, una de las tareas urgentes es mejorar la calidad de la gestión pública para acelerar la inversión privada. Si bien esto exige retomar un conjunto de reformas estructurales para impulsar la competitividad de nuestro país ?lo que demanda mayor liderazgo y apoyo político del Legislativo?, se puede avanzar en instancias locales donde lo que se necesita principalmente es voluntad política. Uno de los clamores del empresariado es racionalizar los permisos y regulaciones que asfixian nuevos emprendimientos.

Como estableció el Banco Mundial en su ?Informe Doing Business en el Perú 2020? ?el primer estudio subnacional en nuestro país?, fomentar el crecimiento y la productividad de los países es clave para ?racionalizar los trámites y procurar un marco regulatorio razonable y eficiente?. Esto porque los procedimientos administrativos estandarizados, que uniformizan los trámites que brindan las entidades públicas, tienen el potencial de generar predictibilidad y eficiencia, requisitos claves para viabilizar proyectos de inversión. A la fecha, el Ejecutivo ha emitido 12 decretos supremos que estandarizan un total de 377 procedimientos, entre los cuales figuran los trámites municipales para obtener licencias de funcionamiento. Según el informe, estos determinan las principales diferencias de desempeño entre las ciudades, pues ocupan hasta el 73% del tiempo y representan un 40% del costo total.

Considerando esto, desde Videnza revisamos los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de las 42 municipalidades distritales de la provincia de Lima para identificar si en los procedimientos administrativos asociados a la emisión de una licencia de funcionamiento se estaban cumpliendo los procesos estandarizados. En líneas generales, identificamos que los municipios sí cumplen con adecuar sus procedimientos al estandarizado, salvo casos puntuales como los de Ate y el Rímac, que establecen plazos mayores.

Sin embargo, un aspecto en el que se encontró gran discrecionalidad es en el costo del procedimiento o pago por derecho de tramitación. Por ejemplo, para una licencia de funcionamiento corporativa para mercados de abastos, galerías y centros comerciales, el costo entre los distritos de Lima fluctúa entre S/367,5 en San Isidro y S/806,5 en Jesús María.

Si bien los trámites estandarizados facultan que cada municipio pueda establecer su costo y asegurar su idoneidad, este debe regirse por la metodología establecida en los TUPA de las entidades públicas y reflejar los costos efectivos del servicio, para evitar lucrar con ellos. Lamentablemente, no se ha encontrado una explicación razonable a esta notoria variabilidad en los costos, incluso entre distritos vecinos o de características similares. Resulta paradójico que el distrito más rico de Lima, San Isidro, cobre la mitad del más populoso, San Juan de Lurigancho.

Iniciar un proceso de simplificación administrativa a nivel distrital demanda identificar dónde se imponen costos de transacción discrecionales y antitécnicos para poder exigir cambios. Lo que debe prevalecer es la calidad regulatoria, no móviles que persiguen maximizar rentas que penalizan la inversión. Esto último no requiere aprobar leyes o construir grandes consensos políticos, sino decisión política y sentido de urgencia para mejorar la competitividad empezando desde el nivel municipal. Para la mayoría de trámites, esto implica hacer más vinculante el rol de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, que debería iniciar acciones de oficio para determinar cuáles son las entidades que se han enriquecido ilegalmente al cobrar tasas sin justificar que los montos responden al costo del servicio.

PAGO POR DERECHO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (S/.)

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