El indulto de Biden
Joe Biden ha levantado una ola de críticas al indultar a su hijo Hunter, que esperaba sentencia en dos casos criminales, uno por tenencia de armas y otro por evasión tributaria
Joe Biden ha levantado una ola de críticas al indultar a su hijo Hunter, que esperaba sentencia en dos casos criminales, uno por tenencia de armas y otro por evasión tributaria. Puede ser humanamente comprensible que un padre quiera evitar que su hijo vaya a la cárcel, y efectivamente el Presidente de Estados Unidos tiene la facultad constitucional de perdonar delitos de distinta naturaleza; muchos mandatarios la han utilizado en el pasado de modo controvertido, favoreciendo a colaboradores, a parientes o incluso a donantes de sus campañas. Pero en el caso de Biden -quien antes había dicho que no usaría la atribución en beneficio de su hijo-, la decisión no solo aparece marcada por la sombra del nepotismo, sino que además se fundamenta en cuestionables argumentos, al sostener que los procesos judiciales estuvieron contaminados por motivaciones políticas. Ello es grave tratándose de un mandatario que llegó al poder prometiendo dignificar las instituciones luego del caótico primer gobierno de Donald Trump, y que ha proclamado su confianza en la independencia de la justicia.
Quienes han levantado la voz contra este indulto lo consideran un abuso que podría sentar el repudiable precedente de que el hijo de un gobernante puede estar por encima de la ley. Además, este perdón ha sido considerado inusual por los expertos, porque se dictó antes de conocerse la sentencia, abarca un amplio período de tiempo -desde 2014 hasta la fecha- y se refiere a cualquier otro hecho en el que Hunter Biden pudiera estar involucrado, como sus controvertidos negocios en Ucrania, cuando su padre era vicepresidente, nada de lo cual podrá ser investigado. Por su amplitud, ha sido comparado con el perdón que Richard Nixon recibió de quien fuera su vicepresidente y luego sucesor, Gerald Ford.
La decisión resulta particularmente polémica a poco de que asuma Donald Trump, a quien Biden y su Partido Demócrata han acusado de no respetar el Estado de Derecho, y de ser por ello un peligro para la democracia. El indulto a Hunter se enmarca formalmente en la legalidad, pero pone en entredicho la autoridad que esgrimen los demócratas frente a un Trump que -a propósito de los juicios en su contra- hizo campaña acusando al sistema -y en particular al Departamento de Justicia- de estar corrompido: un argumento que, en esencia, no difiere de lo ahora esgrimido por el Presidente saliente.
En efecto, en el texto del indulto, Biden sostiene que quien mire el caso llegará a la conclusión de que su hijo fue perseguido por ser su hijo, pues no es habitual que se enjuicie a alguien por llenar mal un formulario de armas, y que "otros que se atrasan en el pago de impuestos, y luego los pagan con intereses y multas" no son enjuiciados por cargos criminales. Pero el propio Hunter hizo alegaciones similares en su momento, desestimadas por la justicia. Por lo demás, ambos juicios se desarrollaron con normalidad y el hijo del mandatario se declaró culpable después de que un acuerdo con los fiscales fuera rechazado por la jueza.
No es primera vez que un Presidente indulta a un familiar. Trump perdonó a su consuegro, Charles Kushner, condenado a dos años de cárcel por evasión tributaria y manipulación de testigos, y Bill Clinton lo hizo con su medio hermano, Roger, por delitos de drogas. Tampoco se paga siempre un alto costo por decisiones como esta. Clinton siguió siendo popular, y Trump se atreve a nominar a Kushner como embajador en Francia. Con todo, este indulto sí puede tal vez manchar parte del legado de un Biden al final de su carrera política, así como complicar a los demócratas cuando intenten cuestionar acciones de la nueva administración que parezcan reñidas con la legalidad. El daño más grande, empero, es su impacto sobre la confianza ciudadana en las instituciones, en un tiempo crítico para la tensionada democracia estadounidense. Después de todo, cuando Alexander Hamilton propuso la figura del indulto en la Constitución, lo hizo apelando a razones de bien común y paz social, y no pensando que sucesivos mandatarios se servirían de él para favorecer a sus cercanos con discutibles razones.
Enmarcado en la legalidad, daña sin embargo la confianza en las instituciones y mancha el legado presidencial.