En medio de estrechez fiscal, Gobierno plantea reajuste de 4,1%

La negociación entre el Gobierno y los gremios por el reajuste salarial del sector público entró su recta final. Ayer, el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa su primera oferta, que considera un aumento nominal de 4,1% de las remuneraciones.
La cifra, que surge en medio de un alicaído escenario para las finanzas públicas -donde existe el riesgo de que no se cumplan las metas fiscales este año y que incluso forzó al Ejecutivo a recortar en US$ 600 millones el Presupuesto 2025-, no dejó conforme a las organizaciones de trabajadores, que solicitan un aumento de 7,5% nominal. La demanda sindical implica un alza de 3% real, considerando una inflación acumulada en el año de 4,5% a octubre.
Primer intento
David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -que es la instancia que coordina la mesa de gremios del sector público-, declaró que el primer guarismo de 4,1% planteado ayer por el Gobierno "es parte de un proceso de negociación".
Añadió que "sobre esa misma cifra nos vamos a sentar a trabajar", y recalcó que "hoy estamos luchando por mejoras salariales reales para los trabajadores del Estado".
Más duro fue el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. "Hubo reuniones con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, y sus asesores, y para nosotros, hay un tema fundamental: en 2022 y 2023, el reajuste que obtuvo el sector público fue menor que el IPC acumulado; por lo tanto, en la práctica, hubo pérdida del poder adquisitivo, bajaron los sueldos", dijo Aguilar y enfatizó: "De ninguna manera vamos a firmar un reajuste que haga perder poder adquisitivo como ocurrió en 2023 y 2022. Vamos a pelear por un reajuste real".
El Gobierno y los dirigentes volverán a reunirse este jueves, y esperan cerrar las tratativas con un eventual acuerdo esta semana. El Gobierno tiene planificado ingresar el lunes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reajuste salarial, que regirá desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025.
Incremento consistente
Desde el punto de vista técnico, el director del Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Bravo, respaldó el planteamiento que realizó el Ejecutivo.
"Un reajuste real de remuneraciones debe ir aparejado de un incremento similar en la productividad laboral para evitar desequilibrios. Sin embargo, la productividad laboral en Chile no está creciendo, por lo que desde el punto de vista técnico no existen fundamentos económicos para un reajuste de remuneraciones superior a la inflación, especialmente considerando el actual contexto de estrechez fiscal", explicó Bravo.
En ese plano, el economista argumentó que "si se consideran las cifras de IPC relevantes para fines de reajustabilidad, la propuesta de un reajuste nominal de 4,1% sería consistente con lo anterior, debido a que no superaría ni a la inflación pasada ni tampoco a la inflación esperada promedio para 2025".
Bravo advierte que "si bien el foco de atención suele ponerse en el monto del reajuste, se debe considerar que en el ítem del gasto público en personal también influyen los eventuales beneficios y asignaciones adicionales, que usualmente son parte de estas negociaciones".
Las tratativas entre la autoridad y los gremios también han estado cruzadas por el dictamen de la nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien se alineó con los criterios de la Corte Suprema respecto del principio de "confianza legítima" en las contratas, que se configuraría solo tras cinco años en el cargo.
Las organizaciones han pedido al Gobierno que busque una fórmula para dar mayor estabilidad laboral, justo en el período en que los servicios públicos habían comunicado a los funcionarios a contrata su renovación o cese de sus funciones.
Según los dirigentes, el Ejecutivo accedió a revisar ese planteamiento, pero se aclaró que su regulación será zanjada en el proyecto de ley de reforma al régimen del empleo público, que se presentará el próximo año.