Salud: decisiones y responsabilidades

La salud es un bien que, sometido al análisis económico tradicional -el balance de costos y beneficios involucrados en las políticas que al respecto se apliquen-, enfrenta un formidable obstáculo: el repertorio emocional humano. Por una parte, como para el común de las personas la vida tiene un valor inconmensurable, naturalmente se busca salvarla a casi cualquier costo. Por otro, a ese mismo sistema emocional le repugna que haya beneficiarios de los sufrimientos que los problemas de salud les imponen a los seres humanos, como ocurre con las empresas de seguros, las clínicas o las compañías farmacéuticas, entre otras. Eso puede distorsionar de tal manera las reacciones emocionales que el reciente asesinato a sangre fría de un alto ejecutivo de una compañía de seguros de salud en Nueva York ha generado, en una parte de la ciudadanía estadounidense, una empatía hacia las motivaciones del asesino, algo normalmente incomprensible para un crimen de esa gravedad.
También en Chile estas consideraciones han afectado a las políticas públicas en salud. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, por la vía de distintos fallos, han intervenido en sus contenidos. En algunas oportunidades, validando el pago por parte del Estado de drogas nuevas, experimentales, para casos puntuales de pacientes en riesgo vital, a costa del presupuesto de atención para una multitud de otros pacientes, cuyo riesgo es tal vez menos inminente, pero de un impacto social mucho mayor. En otros, modificando, sobre la base de criterios de supuesta justicia material, la manera de aplicar los seguros de salud, haciendo muchas veces caso omiso del texto de la ley y de las consecuencias que ello traería para la sustentabilidad financiera del sistema. Una manifestación del problema es lo que ocurrió con las tablas de factores de las isapres, cuya aplicación, considerada indebida como resultado de fallos judiciales, dio lugar luego a restituciones retroactivas, pero sin que esas instituciones pudieran resarcirse de los aumentos de costos que eso les provocaba. Adicionalmente, otros fallos judiciales impidieron aumentar sus precios, y el Congreso tampoco intervino para adaptar financieramente el funcionamiento del sistema a las nuevas condiciones impuestas por la justicia.
Cuando finalmente se logró consensuar una fórmula, aprobada por el Congreso, que simultáneamente devolvía el exceso de cobros a los afiliados, en un plazo de hasta 13 años, y permitía el aumento de los precios de los seguros de un 10% por una vez, se constató que su aplicación daba lugar a situaciones incomprensibles para el público: en muchos casos, devoluciones mensuales irrisorias, que contrastaban con el aumento del pago mensual, varias veces superior.
La ciudadanía pudo observar, una vez más, cómo las autoridades no se hicieron responsables de las consecuencias de las decisiones que tomaron. En este caso, cuando advirtieron las mencionadas consecuencias prácticas que la fórmula de consenso generaba y el consiguiente malestar ciudadano, en vez de asumir la responsabilidad de aquello, explicando su motivación, prefirieron culparse mutuamente, o criticar a las isapres por aplicar las normas que ellos diseñaron, intentando así empatizar con los afectados. Proverbiales fueron las reacciones de las ministras Jara y Vallejo: una, calificando los pagos de "burla", y la otra, haciendo notar que el texto aprobado difería del originalmente presentado por el Gobierno, cual si este no hubiera participado y celebrado el acuerdo, al punto que la propia Vallejo, meses atrás, destacaba que este permitiría "evitar un desastre". No mejor fue la reacción de numerosos parlamentarios, que salieron ahora a expresar su indignación por los resultados de la normativa que ellos mismos aprobaron hace siete meses.
Estas actitudes, amén de destruir las confianzas y hacer más difíciles futuros acuerdos en cualquier materia, ahondan el desprestigio de la actividad pública. Las personas, en efecto, no pueden sino observar atónitas el vergonzoso espectáculo de representantes populares que incluso prefieren alegar una negligente ignorancia antes que asumir las consecuencias de sus decisiones.
Una vez más, autoridades del Ejecutivo y el Legislativo no se hacen responsables de las consecuencias de sus decisiones.