Gobierno, los costos del voluntarismo

Los últimos días de 2024 y los primeros de 2025 han ofrecido un muestrario con algunos de los más bochornosos ejemplos de deficiencias en la gestión del Estado por parte de la actual administración. Desde los sucesivos errores en la proyección de los ingresos fiscales -coronados por el decepcionante resultado de la repatriación de capitales- hasta lo ocurrido con el nuevo pasaporte, que -como se aborda separadamente en esta página- ha dejado a miles de chilenos sin acceso al Visa Waiver.
Pero en este panorama de por sí lamentable, resalta particularmente lo sucedido con la fallida compra de la que fuera residencia del expresidente Allende.
Se hubiera esperado que al menos en este tema -que involucra a una figura fundamental para la izquierda chilena- hubiera existido la mínima prolijidad para hacer las cosas bien. En vez, se han sobrepasado todos los márgenes de descuido, de improvisación y de voluntarismo. En efecto, pudo tener sentido la decisión de adquirir ese inmueble, dado su valor histórico. Lo que no se entiende es cómo una gestión en la que participaron dos ministerios -Bienes Nacionales y Cultura- pudo avanzar hasta el punto de que se emitiera el decreto de autorización de la compra sin que nadie se percatara de la manifiesta infracción constitucional involucrada, al participar en la propiedad una ministra de Estado. Ahora se intenta calmar a la opinión pública diciendo que la adquisición no llegó a concretarse y, por tanto, la ilegalidad no se consumó, pero ¿es ese un estándar? ¿Puede ser aceptable que hechos los anuncios oficiales y solo cuando la decisión ya había desatado controversia pública, el Gobierno recién viniera a advertir su imposibilidad jurídica? ¿Para eso es que existen verdaderos ejércitos de asesores en las distintas carteras y entre las propias autoridades son numerosos los abogados, académicos y egresados de Derecho?
El Presidente Boric, por su parte, ha sentenciado: "Nadie está buscando enriquecerse a costa del Estado". Confunde el foco: no es un mezquino asunto de dineros lo que está en cuestión, sino el modo en que su administración conduce ese Estado, donde la mera apelación a las buenas intenciones no justifica ignorar los límites que impone la institucionalidad. Y es que este caso -que algún desprevenido podría considerar solo anecdótico- y las propias palabras del mandatario desnudan, en definitiva, toda una forma de entender la gestión gubernamental sustentada en el voluntarismo y en lo declarativo.
Tal es, en el fondo, el mismo factor que explica, por ejemplo, por qué los complacientes balances de las autoridades hablan de la aprobación de leyes como la de las 40 horas o las alzas del salario mínimo, sin hacerse cargo de la emergencia laboral que vive el país, agravada precisamente por esas -tal vez muy bienintencionadas- iniciativas. Lo mismo si se trata del combate a la delincuencia o de la salud: se resaltan las leyes aprobadas, la creación de un ministerio, los planes que se anuncian y los recursos gastados, pero se omite la evaluación de sus resultados o se intenta hacer de mínimas variaciones estadísticas un gran éxito. Lo otro, la pedestre gestión del día a día, la preocupación por la viabilidad de las iniciativas, la prolijidad en la ejecución de los anuncios, parece importar muy poco a la luz de lo que la ciudadanía hoy puede constatar: un desempleo que, si en 2021 terminó en 7,3%, se estima que cerró 2024 en 8,1%; una pérdida sustantiva de nuestra capacidad de crecer (el PIB potencial ha retrocedido 8 décimas en tres años), y cifras de homicidios que en todos los trimestres superan a las de 2021.
No es esta la forma de habitar el cargoMirado con atención, el caso Dominga -el que la Contraloría ha devuelto a un Ejecutivo que intenta casi con desesperación eludirlo- bien puede representar la síntesis de esta equivocada forma de entender la acción gubernamental. Si el tema ha pasado representar un gran problema para la administración es porque el propio Presidente se ató de manos cuando, en su primer discurso luego de ser electo, proclamó, aun antes de asumir, la decisión de rechazar el proyecto. Otra vez, la voluntad por sobre la realidad. Ignoró que, por amplias que sean las facultades de un gobierno, están limitadas por una institucionalidad que puede admitir espacios para la discrecionalidad, pero no para el arbitrio. Y ahora, cuando el Tribunal Ambiental les ha recordado aquello, las autoridades han quedado virtualmente acorraladas.
Es frente a encrucijadas como esta que se prueban los hombres de Estado. O, para ocupar la terminología que tanto gusta al mandatario, aquí es cuando se mide la capacidad para efectivamente "habitar el cargo". De modo decepcionante, no ha sido hasta ahora ese el camino del Gobierno, recurriendo, en cambio, a un subterfugio casi pueril para dilatar un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros, al solicitarle a Contraloría precisar los órdenes de subrogancia, cuestión que este órgano respondió el viernes. La maniobra le permitió al Ejecutivo ganar unos días, pero al precio de develar la inmadurez política de una administración que escabulle sus responsabilidades y debilita así las instituciones. Las próximas horas mostrarán si persiste esta actitud. En cualquier caso, lo obrado hasta ahora no es, ciertamente, la forma de habitar el cargo más importante de nuestro orden republicano.