Democracia Viva: militancias en fundación, foco en diputada Pérez y embargo a exseremi, entre últimas diligencias

Se espera que el próximo 29 de enero se defina, en una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el cierre de la investigación del caso Democracia Viva. El fiscal regional de esa jurisdicción, Juan Castro Bekios, tendrá que comunicar si finalizan las pesquisas para luego realizar los cálculos de penas que correspondería a cada imputado, los que se incluirían en una eventual acusación.
Todo con miras al juicio oral que podrían enfrentar los principales imputados en el caso por fraude al fisco, entre ellos el exrepresentante de la fundación, Daniel Andrade (ex-RD), y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD).
En ese marco, ahora el Ministerio Público acelera diligencias propias y de los intervinientes relacionadas con la verificación de los movimientos bancarios de los imputados. También, busca despejar quiénes eran los trabajadores que prestaron servicios en la fundación y cuáles son sus vínculos políticos, en específico su posible relación con Revolución Democrática (RD). Y, a su vez, determinar el rol que tuvo en estos hechos la diputada Catalina Pérez. Esto último, mediante una serie de diligencias que incluyen la revisión de sus cuentas bancarias y los chats con su expareja, Daniel Andrade.
Chat de Pérez y definiciones
Un informe de la PDI consigna que la diputada Pérez -quien estuvo suspendida en RD y luego renunció al Frente Amplio luego de la fusión de los partidos tras conocerse la mensajería- sabía desde julio de 2022 de los convenios de la fundación que Andrade, su hoy expareja, dirigía.
Cuando se alistaban los convenios, Andrade escribió a Pérez tras una llamada con el exseremi Contreras, ambos formalizados en el caso: "Parece que pueden salir las lucas". Esos y otros antecedentes hicieron que la fiscalía decidiera profundizar en esta arista y solicitara nuevas diligencias, de análisis de comunicaciones, entre otras, y está a la espera de los resultados de esas pesquisas.
Las sospechas sobre la posible participación de la diputada crecen en el Ministerio Público y así lo reflejan los últimos escritos, con requerimiento en la indagatoria, ingresados al tribunal.
"Que con fecha 12 de noviembre del corriente se agregó informe 1.792 de la Bridec de la PDI que contiene informe de análisis del teléfono celular del imputado Daniel Andrade que a la sazón, como ya se señaló, era pareja de la diputada Catalina Pérez, descubriendo que mantiene conversaciones por whatsapp y otras, posteriores al 29 de noviembre de 2022, que tienen vinculación con los hechos investigados, que unida a la contenida en carpeta de investigación entregan indicios de la participación de aquella en los hechos investigados", dice el escrito.
Añade que "de modo que se requiere incorporar esa evidencia pero desde el referido contenedor que corresponde a su celular, para reunir evidencia o medios de prueba para acreditar los delitos investigados".
Desafuero y nueva formalización
Uno de los querellantes en esta investigación, Pablo Toloza, quien representa a la UDI, detalló los próximos pasos de la fiscalía. "Respecto de las diligencias que quedan pendientes es necesario que se realice un peritaje y se vacíe completamente el celular de la diputada Catalina Pérez", dijo.
También aseguró que es importante conocer todos los antecedentes: "Cuándo Catalina Pérez tomó conocimiento real de este convenio y, en la eventualidad de que esto se ratifique, lo señalado en las conversaciones entre ella y Daniel Andrade, procedería que la fiscalía iniciara el proceso de desafuero a objeto de formalizarla también".
"Hasta ahora los implicados solo están formalizado por fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal, todos en calidad de autores. El fiscal le solicitó al tribunal de garantia que fije fecha para una audiencia de reformalización, la cual se llevará a efecto el 23 de enero", recuerda y añade que "de los antecedentes que se conocen podríamos estimar que se pueden agregar los delitos de negociación incompatible del artículo 240 y, si de las diligencias se ha podido acreditar, por el delito de lavado de activos".
Cuentas bancarias
Otro de los focos de la fiscalía está en los movimientos bancarios de los imputados.
Semanas atrás se conoció de un cuestionado depósito, de $15 millones, a Catalina Pérez, quien descartó que se relacionara con Daniel Andrade o Democracia Viva, pese que se realizó de forma posterior al convenio entre el Gobierno y la fundación.
Días atrás, la PDI emitió un informe con los peritajes contables de las cuentas de los imputados.
"Del análisis efectuado a las cuentas corrientes de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez se determinó la inexistencia de abonos cuya procedencia corresponda a fondos fiscales de los convenios aprobados mediante las resoluciones exentas N° 504, N° 576, y N° 641", reseña.
Pero añade que "en el caso de Catalina Pérez se confirmó la existencia de operaciones de inversión en depósitos a plazo desde noviembre de 2021 en BancoEstado, los cuales fueron trasladados al Banco de Chile en enero de 2023 mediante la emisión de un vale vista. Además, se constató la existencia de un depósito en efectivo realizado en su cuenta corriente el 8 de agosto de 2022, cuyo origen no se pudo establecer. Cabe señalar que este depósito no está relacionado con los fondos transferidos por los convenios suscritos entre la Seremi Minvu Antofagasta y la Fundación Democracia Viva".
Andrade y Contreras, que son los principales imputados en el caso Democracia Viva, serán reformalizados a mediados de enero por delitos asociados a otras fundaciones.
Oficios al Servel por militantes RD
A inicios de diciembre se pidió al Servel la militancia política de personas que prestaron servicios a la fundación. Se trata de 12 trabajadores que cumplieron distintas funciones entre septiembre de 2022 y junio de 2023. La fiscalía argumentó que resultaba "indispensable para determinar la posible vinculación que podría existir entre estas personas con Daniel Andrade y el partido RD".
Mientras que con el fin de evitar que los imputados vendan o traspasen sus bienes, ante una posible exigencia de una reparación al fisco, el Consejo de Defensa del Estado ingresó una petición de cautela real respecto de Contreras, solicitud que fue acogida por el tribunal de Garantía de Antofagasta: "Respecto del imputado Carlos Contreras ha lugar a la medida cautelar real de prohibición de celebrar actos o contratos respecto de propiedades y vehículos", resolvió. Este registró tres parcelas en Osorno a su nombre y una camioneta Terrano Nissan.
Entre otros sustentos el CDE expuso: "Como lo exige de manera general para decretar cualquier medida precautoria el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, hacemos presente a S.S. que las presunciones graves del derecho que se reclama están constituidas por los antecedentes expuestos en nuestras querellas, las diversas formalizaciones, los que se han tenido a la vista para decretar medidas cautelares personales y todos los expuestos en la presente solicitud; conforme a las diligencias de investigación realizadas por el Ministerio Público y antecedentes acompañados a dicha investigación".
"El resguardo de lo defraudado es parcial", dice el CDE, ya que estiman que los imputados no alcanzarán a cubrir el perjuicio causado: "No ofrecen suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio, lo que amerita se decrete la medida precautoria que se solicita".