Maduro, tiranía 3.0

El exdiplomático Edmundo González, quien según las actas conocidas ganó la elección de julio, anunció su regreso a Venezuela para asumir la Presidencia el 10 de enero, día en que termina el actual mandato. "No hay ni una sola posibilidad de que Edmundo González venga a Venezuela a juramentarse", respondió en televisión Diosdado Cabello, el número dos de la dictadura, mostrando unas esposas doradas que le pondría si aparece en escena. Más enérgico y decidido, a diferencia de cuando negoció su salida de Caracas, González dice que "está moralmente preparado" para ser detenido si le impiden posesionarse en el cargo, lo que es muy probable.
Maduro no pretende irse. Tiene firme el timón del gobierno, del Legislativo y del aparato represivo. Controla las FF.AA., la justicia y las instituciones públicas. Fue exitoso en aplastar las protestas, atemorizando a la población con medidas de fuerza, y ahora busca consolidar ese poder con reformas constitucionales de las que no dio detalles y dos leyes que refuerzan el autoritarismo.
Una de las leyes fiscaliza a las ONG y restringe sus actividades, y otra, llamada "Simón Bolívar", castiga a quienes hayan impulsado, promovido o apoyado sanciones internacionales en contra del régimen o sus funcionarios. Es particularmente dura, con penas que llegan hasta los 30 años de presidio y la inhabilitación política perpetua. El Congreso, controlado por el chavismo, aprobó antes otra sobre "justicia comunitaria", que otorga a los jueces de paz -elegidos entre miembros del partido oficialista- atribuciones políticas.
Con la reforma constitucional, Maduro dice que busca "consolidar la soberanía popular", lo cual se debe entender como más control sobre la población. El dictador no profundizó en su idea, pero ha usado procesos constitucionales antes, cuando ha sentido que su poder se debilitaba. Ocurrió en 2017. Tras una ola de protestas en las que se le exigía renunciar, convocó a una Asamblea Constituyente que le arrebató todos los poderes a un Congreso que desde 2015 tenía mayoría opositora. Finalmente, la AC fue disuelta en 2020 sin haber redactado una nueva Constitución, pero logrando neutralizar a la disidencia, legislar para fortalecer el poder del Presidente y quitarles la inmunidad a decenas de diputados opositores. Por experiencias como esas es que a estas alturas, fuera de sus aliados cubanos, rusos, iraníes y nicaragüenses, ya nadie le cree a Maduro.
Alta tensión con ArgentinaY quien le cree menos que nadie es Javier Milei. El Presidente de Argentina no ha tenido miramientos en los epítetos contra Maduro, quien responde con insultos similares. Esta guerra verbal tiene un trasfondo ideológico evidente y en el último año la tensión solo ha escalado. Las diferencias se profundizaron cuando Milei no reconoció el pretendido triunfo de Maduro en las elecciones y dio asilo en su embajada en Caracas a colaboradores cercanos de María Corina Machado, perseguidos por un supuesto intento de golpe de Estado.
En las últimas semanas, el gobierno venezolano había intensificado el acoso a la sede diplomática con vigilancia extrema, cortes de luz y agua, y dificultando la entrega de alimentos a la residencia. De hecho, uno de los refugiados no resistió la presión y el viernes salió de la embajada para entregarse a las autoridades chavistas.
A esas alturas, el conflicto entre los dos gobiernos ya se había extremado con la detención, la semana pasada, de un gendarme argentino que había viajado a visitar a su mujer venezolana y a su hijo. Caracas acusa al gendarme Nahuel Gallo de haber llegado a Venezuela en una misión secreta para cometer actos violentos. "Los desquiciados que gobiernan Argentina, el esperpento político de Milei y Patricia Bullrich fueron descubiertos con las manos en la masa", acusó el canciller venezolano. "Dejaron pruebas físicas que los comprometen", agregó... sin mostrar ninguna evidencia. Milei exigió la liberación y calificó el acto como "un secuestro ilegal". A cambio de Gallo, Caracas exige liberar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, preso en su país por corrupción, y a la activista argentina Milagros Sala, condenada por fraude al Estado.
Es común que el gobierno chavista capture a extranjeros bajo acusaciones de espionaje o conspiración para cometer atentados, golpes de Estado o asesinatos, y los mantenga detenidos, sin juicio, por largos períodos, hasta que se presente la oportunidad de un canje. Ocurrió con varios norteamericanos que Washington intercambió por el supuesto testaferro de Maduro, Alex Saab, y por dos sobrinos del dictador, presos en Estados Unidos. Bullrich lo hizo notar: "Maduro usa esta estratagema de acumular rehenes para garantizar su impunidad, para protegerse por haber robado un gobierno". Estos últimos meses, veinte extranjeros han sido acusados de espionaje o terrorismo. El régimen los muestra como supuesta prueba de que está bajo amenaza constante de sus enemigos.