Voluntarismo ministerial
Es muy difícil reactivar el sector inmobiliario sin una economía más activa y sin un mayor dinamismo del empleo.
Llama la atención que, pronto a iniciarse el último año de gobierno, persistan en algunos de sus ministros un elevado voluntarismo frente al estado de cosas que afecta a sus áreas y una falta de autocrítica en cuanto a que ese estado no es independiente de las actuaciones pasadas y presentes del oficialismo. Una entrevista reciente al ministro de Vivienda y Urbanismo es un nuevo ejemplo. En ella llama a la banca a generar mejores condiciones de crédito y cuestiona su incapacidad de aportar a las coyunturas económicas. Subyace ahí la percepción de que la actuación de la banca obedecería a una falta de voluntad antes que ser la respuesta a una situación objetiva. Es otra cara de lo que el Presidente llamó el "pesimismo ideológico" de los empresarios. Es curioso que no se reflexione un poco más cuidadosamente sobre los orígenes de la actual situación y se insista en levantar la idea de que puede haber un freno artificial que habría que dejar de pisar para acelerar la actividad. Pero si los actores actuales estuviesen efectivamente despilfarrando oportunidades, habría otros muchos más interesados en competir en las distintas áreas de la economía, incluidas la banca y la construcción, que los que observamos hoy.
En este contexto, la alicaída inversión es una señal poderosa de las dificultades que enfrenta el país, al tiempo que las expectativas de expertos, empresarios y consumidores no son particularmente halagüeñas. Este clima no se puede desligar de las acciones del actual oficialismo después del 18 de octubre de 2019. El exagerado cuestionamiento al orden institucional y a las reglas que enmarcaban el funcionamiento de la economía y la democracia chilenas ha pasado la cuenta, y la recuperación de las confianzas no es inmediata. El llamado a refundar la institucionalidad, en muchos casos sin diagnósticos apropiados o evidencia sólida, generó una incertidumbre que ha costado superar. Es cierto que el Gobierno ha enmendado en parte el rumbo, pero ello ha sido fruto de un trabajo arduo de ministros y sectores del oficialismo -impulsados por las derrotas electorales y por las críticas ciudadanas y de la oposición- que no siempre se reconoce, que a menudo es cuestionado internamente y que algunas veces el propio Presidente desdibuja con declaraciones como la antes señalada.
En el área del ministro Montes se ha reconocido poco, por ejemplo, que una parte relevante de la expansión de los campamentos ocurrió en los meses posteriores al estallido de 2019, influida precisamente por el cuestionamiento institucional que lo siguió. El debilitamiento del mercado de capitales, producido entre otros aspectos por los retiros previsionales, tampoco fue inofensivo para el funcionamiento del crédito de largo plazo. La falta de reformas a dicho mercado ha perjudicado el avance en su profundización. A ello hay que agregar las nuevas exigencias de capital para la banca y los elevados requerimientos de provisiones. Con todo, en términos comparados, la tasa de interés que se observa para los créditos hipotecarios no es hoy elevada. Por el lado inmobiliario, en tanto, la menor venta se ha hecho sentir y ha habido un ajuste de precios, además de nuevas modalidades (arriendos con promesa de compra, por ejemplo) que también suponen ajustes.
Sin embargo, es muy difícil reactivar el sector inmobiliario sin una economía más activa y, sobre todo, sin un mayor dinamismo del empleo. Este se ve muy deteriorado y sin la fuerza necesaria para sostener una mayor demanda por viviendas. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no han recuperado la tasa de empleo del período previo a la pandemia. Solo Colombia está algo más rezagado, pero en aquel país la tasa de desempleo es más baja ahora que entonces, mientras que en Chile es más elevada. Hay poca atención a la evolución de esta variable, tan importante para las decisiones de los hogares. Y desde el punto de vista sectorial, las medidas que han existido han sido insuficientes. Se teme el costo fiscal de otras acciones más agresivas, atendiendo la difícil situación del balance público que, por cierto, ha sido afectado por otras prioridades. Es legítimo ese camino, pero intentar responsabilizar a otros sectores de la compleja situación del mercado inmobiliario no es razonable.