Problemas de caja en Hacienda afectan pago a contratistas del Estado

CAMILO A. CASTILLO - REDACCIÓN POLÍTICA- NOELIA CIGÜENZA - SUBEDITORA ECONOMÍA
Los problemas de caja que enfrenta el Gobierno Nacional en este fin de año se han convertido en un dolor de cabeza para los contratistas de al menos cinco entidades. En el transcurso de la semana se conocieron nuevas quejas en la dirección administrativa del Senado de la República (en donde el monto pendiente asciende a los 21.862 millones de pesos) y en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que se suman a las dificultades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el ICBF y la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otras. En todos estos casos, las entidades atribuyen las dificultades a una causa común: las restricciones relacionadas con la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC) asignado mensualmente por el Ministerio de Hacienda, ahora liderado por Diego Guevara, es decir, con el instrumento que regula el giro de fondos a entidades. Desde la Dirección General Administrativa del Senado manifestaron que el pago de las cuentas de cobro está sujeto "al flujo de caja PAC asignado por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público". "Cuentas que no se puedan pagar por falta de PAC, quedarán constituidas como reservas presupuestales y en los estados financieros serán registradas como cuentas por pagar", se lee en la circular en la que dan a conocer la situación financiera del Legislativo a sus colaboradores. Los contratistas de la Cámara de Representantes enfrentan una situación similar. Según fuentes de la corporación consultadas por este diario, no hay recursos disponibles para cubrir el 50 por ciento de las cuentas de cobro correspondientes al mes pasado. Los problemas de liquidez en el Ministerio de Hacienda han ido más allá del pago a los contratistas estatales. El viernes, en un comunicado con fecha del 26 de diciembre, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación señaló que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) también tuvo dificultades por cuenta de la falta de giros entre junio y noviembre. Sin embargo, ese mismo día en la tarde, la Unidad aclaró que el PAE no estuvo en riesgo por dicha situación y que para el cierre de la actual vigencia solo restaba por pagar 4,5 por ciento del valor total, es decir, 200.000 millones de pesos. "El PAE no estuvo en riesgo en 2024 ni estará en riesgo para 2025", aseguró Sebastián Rivera Ariza, director general de la entidad. La falta de liquidez ha afectado incluso al Fondo Colombia en Paz, entidad responsable de gestionar los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Debido a esta situación, también relacionada con retrasos en la aprobación de recursos dentro del PAC, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) informó que no ha sido posible desembolsar los fondos destinados a las personas en proceso de reincorporación ni a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las quejas se acumulan El pasado 17 de diciembre, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) también expresó su preocupación por la falta de recursos en un oficio dirigido al Ministerio de Hacienda. En el documento, la entidad advirtió que la "crisis" no solo afecta el pago de la nómina, sino también a la compra de tierras para la reforma rural, una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro y un compromiso clave del Acuerdo de Paz de 2016. Dos días después, y ante los problemas presupuestales, la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz, les pidió a los contratistas trabajar "preferentemente" de manera virtual en el cierre de la vigencia 2024. Como lo informó EL TIEMPO en primicia, serían algo más de 50.000 millones de pesos los que requiere la ANT solo para pagar a las 6.000 personas que trabajan por prestación de servicios. El viernes, la Agencia Nacional de Tierras anunció que el pago de los honorarios de noviembre para los contratistas estaba prácticamente cubierto. Además, señaló que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se acordó que los compromisos pendientes correspondientes a diciembre de 2024 serán pagados en enero de 2025. Por su parte, el Dane anunció que varios de sus contratistas no recibirán pago este fin de año. La entidad lo comunicó a través de un mensaje publicado en vísperas de Navidad, en el que aseguró que, tan pronto como se disponga de los recursos, se procederá con los pagos pendientes. "Se informa que, a la fecha, el Dane ha gestionado el trámite para el pago de todos sus prestadores de servicio, pero debido a la restricción relacionada con la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC) asignado mensualmente por el Ministerio de Hacienda, algunos pagos de los contratistas no podrán ser efectuados", dice el documento. En el caso del Dane, las dificultades para realizar los pagos a los contratistas comenzaron en agosto. En ese momento, la entidad informó a sus colaboradores sobre los retrasos debido a la misma causa. El entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, negó que existiera una crisis, argumentando que lo que realmente había era "una discusión sobre cuál debe ser el PAC (Programación Anual de Caja) que cada entidad debe tener, de acuerdo con sus necesidades ajustadas a la ejecución real". Sumado a esto, el pasado 13 de diciembre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció problemas para desembolsar el dinero para las asociaciones, organizaciones y operadores de servicios que están contratados con la entidad. "Los recursos Nación destinados para este fin no han sido puestos a disposición del ICBF por parte del Ministerio de Hacienda, razón por la cual se están adelantando las gestiones para que estos sean asignados en el Plan Anual de Caja lo antes posible", explicó la entidad en un comunicado. ¿Quién responde? Contrario a lo que dicen las entidades, fuentes de Hacienda aseguran que, si bien están cortos de caja, los recursos se han girado de manera adecuada a cada una de las entidades y que son estas las que deben priorizar sus gastos. Además, otra fuente consultada por este diario a raíz de la falta de recursos en la ANT señaló que los documentos formales que no contengan este desglose, advirtieron, irán a lista de espera. "Estamos priorizando temas de salud, de infancia, educación y, por supuesto, los empleados", le dijeron a EL TIEMPO. Hay que recordar que los problemas de caja del Gobierno siguen creciendo, lo que limita su capacidad para reaccionar ante posibles choques externos o contingencias fiscales. Según un reciente informe del Banco de Bogotá, el saldo de depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República alcanzó mínimos históricos a inicios de diciembre al ser de 6,4 billones de pesos, lejos de los 22 billones de pesos observados habitualmente por esta época. "Hay una situación crítica en la caja del Gobierno", aseguraron los economistas de Investigaciones Económicas de la entidad. Adicional a ello, debido al bajo recaudo tributario y a unas proyecciones sobreestimadas, el Gobierno se vio en la necesidad de anunciar hace unas semanas un recorte de 28,4 billones de pesos en el presupuesto de este 2024, lo que equivale al 5,6 por ciento. De ese total, 18,2 billones de pesos son del rubro de funcionamiento y los sectores con mayores disminuciones en esa área fueron Hacienda (-11,8 billones de pesos), Trabajo (-3,9 billones de pesos), Defensa (-606.000 millones de pesos), la Rama Judicial (-452.000 millones de pesos) y la Fiscalía (-347.000 millones de pesos). El recorte de la inversión fue de 10,1 billones de pesos y los rubros más afectados fueron el de la Inclusión Social y Reconciliación (-1,8 billones de pesos); Hacienda (-1,7 billones de pesos), Transporte (-1,4 billones de pesos), Agricultura (- 1,2 billones de pesos) y Vivienda (- 647.000 millones de pesos). Debido a ello, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, también advirtió que se están presentando retrasos en los pagos del programa Renta Ciudadana. "Al hacer un recorte, yo no puedo pagar todo lo que estaba estimado. (...) dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda y esa plata no se giró", expresó Bolívar a través de sus redes sociales. Para el 2025, la incertidumbre fiscal se mantendría igualmente alta porque se cayó la reforma tributaria que buscaba recaudar 12 billones de pesos y el riesgo de financiamiento, según diferentes analistas, sería mucho mayor. No obstante, fuentes del Gobierno aseguran que la situación actual de reclamos no se da por la reciente caída del proyecto de ley. De hecho, los recortes concretos derivados del hundimiento de la reforma se conocerían los primeros días de enero. "La instrucción del Presidente es priorizar los programas de Gobierno, que son fundamentalmente de gasto social. De todas formas, revisaremos cada sector para poder tomar decisiones", le dijo a este medio hace unos días el ministro de Hacienda. Plan de austeridad En medio de esta crisis, el viernes se dio a conocer la directiva presidencial con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca ‘apretarse el cinturón’ en el 2025. Aunque la emisión de una directriz de austeridad es un procedimiento protocolario anual, este año adquiere mayor relevancia debido a la caída de la tributaria. En el mismo documento, se informa que la cartera de Hacienda ha venido desarrollando acciones para definir el plan que deberá estar listo para la primera semana de enero. En esa misma línea se le ordena a las distintas carteras y dependencias que formulen sus propios planes de austeridad. En la directiva que tiene fecha del 20 de diciembre y que se conoció 7 días después, se hace especial énfasis en la ausencia de los 12 billones por la no aprobación de la reforma tributaria. En ese sentido, se señala que se "obliga al Gobierno a realizar un mayor esfuerzo en la austeridad de los recursos públicos, que posibilite reducir o suprimir los gastos en aquellas actividades que así lo permitan, sin afectar el normal funcionamiento de la administración". En el cierre de la directiva se hace un llamado a las demás ramas del poder para que también adopten las medidas pedidas "en aplicación del principio de colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución".