Fracaso en repatriación de capitales

El rotundo fracaso de la iniciativa sobre repatriación de capitales debe llamar a la reflexión. Impulsada por el Gobierno como parte de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, la norma ofrecía el blanqueamiento de recursos que se tienen en el exterior con una tasa única de 12%. Es probable que el acotado plazo que se dio para hacer la respectiva declaración y adjuntar los antecedentes que acreditaran el origen de los fondos explique por qué la recaudación será solo de algo más de un 6% de la cifra estimada originalmente por el Ejecutivo. Tampoco es descartable que el deterioro de las perspectivas económicas del país y la incertidumbre institucional que todavía persiste hayan contribuido a desincentivar el uso de esta herramienta.
Desde un punto de vista conceptual, son numerosas las críticas que se le han formulado a una medida de repatriación como esta, aprobada apenas diez años después de que una norma similar viera la luz en 2014. Leyes de este tipo, que involucran cuestionables señales hacia quienes han incumplido sus obligaciones, podrían encontrar alguna justificación bajo condiciones muy extraordinarias. Sin embargo, la repetición de dos proyectos de este tipo aprobados en una década refleja más bien una desesperación de la autoridad por buscar fuentes de financiamiento, y puede terminar incentivando la salida de capitales del país. En efecto, si las personas anticipan que cada cierta cantidad de años se producirá una ventana para ingresar dineros en condiciones preferenciales, parece una opción racionalmente conveniente la de evitar la declaración regular de ingresos y esperar la próxima iniciativa de ley a este respecto. Así, este tipo de proyectos puede terminar siendo autodestructivo en cuanto a la propia capacidad del fisco de aumentar la recaudación.
En esta ocasión, los montos han sido realmente discretos. De acuerdo con Impuestos Internos, hasta la semana pasada -el plazo de vigencia termina hoy- se habían recibido solo 212 declaraciones, por un monto en torno a los US$ 330 millones, con lo que la recaudación por este concepto llegaba a poco menos de US$ 40 millones. En 2014, por contraste, la cifra fue cercana a US$ 1.500 millones en mayores ingresos para el fisco. Ese relativo "éxito" de la operación hace una década posiblemente explique por qué la Dirección de Presupuestos estimó que ahora podría lograrse una recaudación de cerca de US$ 700 millones para el Estado. En rigor, realizar proyecciones en esta materia es algo complicado, toda vez que los incentivos para acceder al beneficio son difíciles de anticipar y modelar. Por ello, los errores al pronosticar estas cifras son siempre esperables.
Lo verdaderamente complejo, sin embargo, es incorporar estas proyecciones de escaso sustento en las estimaciones de ingresos fiscales, para terminar gastando recursos que simplemente nunca se recaudarán. En este caso, los montos son relativamente acotados, pero algo de mucho mayor magnitud puede suceder con el plan antievasión, que busca recaudar cerca de US$ 4.500 millones todos los años. La política fiscal y las perspectivas de gasto no pueden depender de expectativas de ingresos altamente inciertas y en muchos casos sobreestimadas. Esta es una de las semillas de la irresponsabilidad fiscal, lo que debe llevar tanto al Ejecutivo como al Congreso a una actitud especialmente cuidadosa en esta materia.