Eutanasia en Uruguay

Rodrigo Rial Serena | Montevideo
@|El inicio de la cultura de la muerte institucionalizada.

Uruguay vuelve a dar un paso atrás disfrazado de avance. El proyecto de ley de eutanasia, aprobado recientemente en Comisión de Diputados, no es solo una norma más; es una piedra angular para una cultura que, silenciosa pero implacable, extiende la sombra de la muerte sobre nuestra sociedad.

Hablar de eutanasia es delicado. No se trata solo de un trámite médico ni de una decisión personal: es un debate sobre qué valoramos como nación, qué defendemos cuando nadie nos mira. Y este proyecto, tal como está planteado, no solo falla en proteger la vida digna, sino que abre grietas profundas en la ética que nos define.

Primero, la ley se disfraza de rigor con un procedimiento en ocho etapas que, a simple vista, parece exhaustivo. Sin embargo, basta escarbar para descubrir una estructura endeble, con vacíos y ambigüedades que pueden convertir la eutanasia en un camino fácil para quienes se sienten solos, desprotegidos o invisibles.

¿Un solo médico puede iniciar la solicitud? ¿Una junta médica pequeña decide sin supervisión externa real? ¿Quién garantiza que esas decisiones no estén influenciadas por presiones económicas, sociales o el abandono? El proyecto no lo aclara. Y eso es un riesgo que no podemos ignorar.

Más grave aún, la ley presenta la eutanasia como opción posible sin antes asegurar que todos tengan acceso a cuidados paliativos dignos y universales. Uruguay no tiene un sistema consolidado que garantice acompañamiento efectivo a quienes sufren, que alivie el dolor y la desesperanza sin apurar la muerte.

Esta ausencia no es menor. Legalizar la eutanasia en un país que no cuida a sus enfermos y ancianos es, en el fondo, promover una cultura donde la muerte se convierte en la solución rápida al sufrimiento, no la excepción al final del camino.

En este punto, Uruguay está cayendo en una trampa ideológica: asumir que la muerte asistida es progreso, cuando en realidad es un síntoma de desidia social y abandono estatal. No es modernidad: es rendición.

El proyecto tampoco contempla cómo garantizar igualdad real en este derecho. ¿Cuántos tendrán la información, el soporte económico y social para decidir libremente? ¿No es posible que quienes no tienen redes de apoyo terminen eligiendo la muerte porque no ven otra salida?

Este sesgo invisible pero profundo socava el principio de justicia y equidad que debería guiar toda legislación sensible.

Y, finalmente, está la cuestión cultural. Uruguay siempre se ha reconocido por su defensa de la vida y la dignidad humana, aun en las circunstancias más adversas. Pero este proyecto marca un cambio de rumbo.

La eutanasia legalizada no es solo una cuestión médica o legal: es la extensión formal de una cultura que deja de pelear por la vida cuando duele, que abandona la esperanza cuando es necesaria, que facilita la muerte cuando debería proteger la existencia.

¿Queremos que Uruguay sea un país donde la muerte se institucionaliza como respuesta al sufrimiento? ¿O queremos ser una sociedad que sostiene, acompaña y valora la vida hasta su último aliento?

Este proyecto, tal como está, no honra la vida. La expone, la vulnera y la entrega a un sistema que no está preparado para protegerla ni respetarla en su máxima fragilidad.

Por eso, más que rechazar la eutanasia, debemos rechazar esta ley. Una ley que carece de rigor, que no protege al vulnerable, que ignora la urgencia de los cuidados paliativos y que, sobre todo, promueve una cultura de la muerte.

Porque defender la vida, incluso cuando pesa y duele, es el verdadero acto de coraje y humanidad que Uruguay necesita.