Instituciones en el centro de la calidad educativa

En Colombia, la calidad educativa suele discutirse en abstracto, como si no dependiera de las instituciones y personas que la hacen realidad en los territorios. La próxima discusión en el Congreso sobre la Ley de Competencias, ligada a la reforma del Sistema General de Participaciones, es una oportunidad para aterrizar esa conversación y reconocer que sin instituciones sólidas -secretarías de Educación e instituciones educativas- cualquier aspiración de calidad seguirá siendo solo un buen deseo. Un vacío persistente en el debate educativo ha sido desconocer la transformación demográfica que ya está ocurriendo. Según el Dane, en los últimos 25 años, la población de 0 a 4 años se redujo casi un 20 % y la de 5 a 14 años cayó en 9 %. Aunque la educación media y superior había crecido en demanda, para 2038 se proyecta una reducción cercana al 25 %. Mientras tanto, la población mayor de 70 años se duplicó y seguirá creciendo más del 50 %. Ignorar estos cambios es planear a ciegas: las prioridades de las instituciones educativas y de las secretarías de Educación no pueden ser las mismas en territorios que envejecen o pierden población joven. Desde la Fundación Empresarios por la Educación (ExE) hemos trabajado para aportar insumos técnicos a esta discusión. Hemos analizado datos demográficos y educativos y, sobre todo, escuchado a quienes están en el terreno: docentes, directivos y secretarías de Educación. Nuestro análisis más reciente de las Pruebas Saber 11 de 2024 mostró un puntaje promedio nacional de 256, 1 sobre 500, apenas por encima de la media teórica. Las brechas siguen siendo profundas: 77,6 puntos entre estudiantes de estratos altos y bajos, 29,4 entre colegios privados y públicos, 25,2 entre zonas urbanas y rurales, y 9,4 entre hombres y mujeres. Más preocupante es la caída en la confianza que los jóvenes depositan en la educación: mientras en la Encuesta Hogares en Educación ExE 2023 el 95 % consideraba que estudiar era importante, en la Encuesta Jóvenes en Educación ExE 2024 este porcentaje bajó al 79 %. Frente a ese escenario, la Ley de Competencias requiere dejar claro algo que en Colombia sigue siendo difuso: quién hace qué en el sistema educativo. Hoy, el Mineducación mantiene responsabilidades de diseño normativo y definición de políticas, mientras las secretarías de Educación asumen la gestión directa: organizan la planta docente, planean infraestructura, administran transporte y alimentación escolar, y lidian con la diversidad social y cultural de sus territorios. Las instituciones educativas, por su parte, no son solo centros de enseñanza: deben ser actores con voz y recursos para decidir sobre sus proyectos y necesidades pedagógicas, la formación docente y el mantenimiento de sus sedes. Si la ley no se ocupa de delimitar esas funciones y fortalecer capacidades técnicas e institucionales en los territorios, el riesgo es perpetuar un sistema desigual, con secretarías robustas en unos lugares y estructuras mínimas en otros. Esto es especialmente crítico si se adopta el esquema de cinco cuentas para distribuir los recursos educativos: recursos humanos, funcionamiento de establecimientos, infraestructura y dotación, transporte y alimentación, y calidad educativa. Pensar que este esquema funcionará igual en territorios tan diversos sería ingenuo. Necesitamos también incentivos claros. Hoy, si una entidad territorial logra ahorros en su nómina docente, la Nación recorta esos recursos en el futuro, desincentivando la eficiencia. Hemos insistido en que una ley moderna debería premiar esas eficiencias y permitir redirigir recursos hacia la mejora de la calidad. Lo mismo ocurre con la posibilidad de transferir más recursos directamente a las instituciones educativas, indispensable para atender realidades específicas y fortalecer su autonomía. La discusión de la Ley de Competencias no puede quedarse en lo financiero. Debe ser sobre la arquitectura institucional que necesitamos para garantizar educación de calidad y equidad en un país con menos niños, más población adulta y territorios profundamente desiguales. Como decimos en ExE: "La calidad educativa no se decreta; se construye. Y se construye sobre instituciones que sepan y puedan cumplir su papel". Colombia no puede permitirse volver a postergar esta conversación. * Directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación
Ley de Competencias
Andrea Escobar Vilá*
La discusión no puede quedarse en lo financiero. Debe ser sobre la arquitectura institucional que necesitamos para garantizar educación de calidad y equidad en el país.