El Comercio, Perú
3 de enero de 2025
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Por MARTÍN CALDERÓN PASACHE
Mientras la Fiscalía de Trata de Personas de Lima Centro recogía información en el Congreso sobre una presunta red de prostitución que habría operado allí, el presidente de ese poder del Estado, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), anunciaba nuevas acciones internas relacionadas con el caso, al tiempo que confirmaba que viajará a China junto a otros legisladores.
La diligencia fiscal, que contó con apoyo de la policía, buscó recabar el registro de las cámaras de seguridad del Parlamento, así como documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos. Esto como parte de la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exfuncionario del Legislativo, por el presunto delito de explotación sexual.
?Efectivamente, están aquí haciendo diligencias, lo que acredita que en el Congreso no se esconde nada, no se obstruye. Están siendo acompañados por funcionarios?, aseveró Salhuana sobre la presencia fiscal en el Palacio Legislativo y otras oficinas del Parlamento.
?Omisiones y anuncios?Salhuana no aclaró quién recomendó la contratación de Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso en agosto del 2023. Torres es investigado por la Fiscalía de Trata de Personas por presuntamente liderar una red de prostitución en el Parlamento, un caso que involucra el asesinato de la exfuncionaria parlamentaria Andrea Vidal a manos de sicarios.
Torres es cercano a miembros de la cúpula del partido de Salhuana, Alianza para el Progreso (APP). Sus relaciones con altos mandos de esa agrupación lo llevaron hasta la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, que dirigió hasta que fue retirado el 13 de diciembre pasado.En tanto, Salhuana informó que la Mesa Directiva del Parlamento evaluará la permanencia o destitución del oficial Mayor, Giovanni Forno. Congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista han solicitado el cese inmediato de dicho funcionario por ?falta de transparencia para la designación de profesionales que van a ocupar cargos de jefatura dentro del Parlamento?.Además, requirieron la conformación de una comisión investigadora multipartidaria, y que se deje sin efecto la comisión ad hoc creada para investigar el caso a nivel administrativo.Sin embargo, Salhuana defendió la creación del equipo ad hoc conformado por tres funcionarias del servicio parlamentario, subalternas a la Mesa Directiva. El apepista también refirió que se evaluará al director general de Administración, Carlos Pais; la jefe del área de Recursos Humanos, Haidy Figueroa; y otros altos mandos administrativos. No obstante, no precisó cuándo se tomará la decisión respecto a su continuidad.Asimismo, anunció la reorganización de la Dirección General de Administración, la modificación del reglamento y las directivas sobre contrataciones, así como una revisión de las hojas de vida del personal parlamentario para detectar posibles irregularidades.
También comunicó la designación de Ángel Delgado Silva como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Dicho abogado es afiliado a Avanza País; no obstante, fuentes de ese partido señalaron que no ha recibido autorización para asumir el cargo.
?Periplo?
Salhuana justificó su visita oficial a China del 5 al 10 de enero. Precisó que liderará una comitiva integrada por los legisladores José Williams (Avanza País), expresidente del Parlamento; Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú), presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-China; y Lady Camones (APP). También viajarán asesores parlamentarios.
La legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) consideró que se deben asumir ?responsabilidades políticas? y calificó de inoportuno el viaje. Acotó que Salhuana pretende minimizar el caso.?La intervención de la fiscalía es solo el inicio: los responsables deben ser identificados, procesados y expulsados de inmediato?, opinó el parlamentario Luis Aragón (Acción Popular).
EL DATO
45 días
es el plazo para que presente su informe final la comisión ad hoc del Parlamento que investigará en el ámbito administrativo el caso de presunto proxenetismo, según indicó Eduardo Salhuana.
