Contraste in-Komodo

Como era de esperarse, el recién posesionado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su segundo mandato con una andanada de órdenes ejecutivas sobre distintas áreas, entre ellas la energía. "Tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás: las más grandes reservas de petróleo y gas de cualquier país en la Tierra y las vamos a usar", declaró en su discurso de posesión. "Exportaremos energía estadounidense a todo el mundo", concluyó el mandatario. Si bien la declaratoria de una "emergencia nacional energética" luce innecesaria y podría derivar en un ejercicio desproporcionado del poder ejecutivo, Trump acierta en conectar la política energética como un asunto de seguridad nacional y en buscar remover los obstáculos para la "identificación, localización, emplazamiento, producción, transporte, refinación y generación de fuentes de energía domésticas". Estas declaraciones han despertado sonoras críticas ante los temores que ha generado el retiro de EE. UU. del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Estas órdenes ejecutivas energéticas incorporan medidas riesgosas ante el medio ambiente como revesar prohibiciones de exploración en áreas federales y echar para atrás regulaciones estatales sobre proyectos energéticos, vehículos a gasolina, exploración en zonas protegidas, entre otros. Sin desconocer los riesgos que, en ese frente ambiental y de promoción de las energías renovables, implicaría este giro drástico del péndulo energético en ese país, no puede pasar desapercibido el contraste con el abordaje que ha venido adoptando Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. El ejemplo más reciente está en la decisión que convirtió en inviable el pozo Komodo, en aguas profundas del Mar Caribe. Komodo, propiedad de Ecopetrol y Anadarko, cuenta con el potencial de ser el mayor descubrimiento en el off-shore colombiano. No obstante, la licencia ambiental, entregada por la Anla, impone tantos requerimientos y condiciones que hacen inviable el desarrollo del proyecto. Los términos de la regulación ambiental son, para las empresas, "en algunos casos desproporcionados e imposibles de cumplir". La administración Petro, que entra a su tercer año con la urgencia de la ejecución, cuenta con la "transición energética" como un excelente ejemplo de una política prioritaria, pero ahogada en regulaciones, sin hoja de ruta, amarrada a la ideología y con una brecha inmensa entre discursos y realidades. El Gobierno no ha estado a la altura de las grandes expectativas en materia de impulso y materialización de los proyectos de energías limpias y renovables y respuestas tangibles al cambio climático. Este contraste con la invitación de Trump a liberar los proyectos energéticos y de hidrocarburos llenará seguramente de orgullo al presidente Petro, quien se considera el extremo contrario del mandatario estadounidense. Pero, en términos de seguridad y soberanía energética, la Casa de Nariño ha debilitado a Colombia y ha minado sus fortalezas en materia de institucionalidad, confianza inversionista, autosuficiencia, robustez en el abastecimiento y solidez regulatoria. El Estado colombiano debería estar enfocado en crear las condiciones necesarias, desde la regulación, desde la inversión y desde la seguridad nacional, para garantizar la generación de fuentes de energía, confiables, accesibles, domésticas y sostenibles. Inviabilizar Komodo, y demás proyectos de petróleo, gas, energía solar, eólica y convencional, no va en esa dirección.