Procrastinación fiscal

Jorge Restrepo
El presupuesto de 2025, decretado por el Gobierno después de que el Congreso no lo aprobara, está desfinanciado en $12 billones. Como el Gobierno no puede decretar gastos que no tengan financiación, aplazó gastos por ese monto, cumpliendo con la letra de la ley. Este aplazamiento, sin embargo, no sólo es insuficiente, sino que probablemente terminará revirtiéndose, pues el gobierno aplazó lo que no podía dejar de gastar y no recortó el gasto que sí podía reducir. De los $30 billones para el pago de pensiones en el presupuesto, aplazó casi $3 billones. Como la reforma pensional le pegó un frenazo a los traslados al régimen estatal, frenó también el ingreso de billones de pesos que iban al gasto. Como las pensiones y sueldos tienen prioridad en el gasto, según la Ley, es improbable que ese aplazamiento termine en un recorte, a menos que el gobierno deje de pagarle a los pensionados. El segundo gran rubro aplazado son obligaciones en el marco de contratos de construcción de obras de infraestructura física, por más de $5 billones, principalmente de infraestructura férrea y vial: el metro y el RegioTram de la Sabana en Bogotá, el tranvía de la 80 en Medellín, etc. Este aplazamiento pone en riesgo el pago de las obligaciones que tiene la Nación en el marco de los contratos de esas obras en construcción, exponiéndonos a multimillonarios pagos por incumplimiento. Si el gobierno no honra sus compromisos, y las ciudades no tienen cómo prestarle la plata al gobierno para responder a los contratistas, se frenarán las obras, con un enorme detrimento para el patrimonio público (atentos, en la Contraloría). Por más que el gobierno insista en que tiene un compromiso férreo -no ferroviario- con la disciplina fiscal, con el cumplimiento de la regla fiscal y que se honrará la deuda pública, dejar de pagar las pensiones y esos contratos de obra será leído como una cesación de pagos de la Nación. Mejor recortar donde toca: en inversión hay fondos billonarios para programas que no son prioritarios, como en el Ministerio de Salud y en el del Interior para construcción de infraestructura, o los programas por $1,3 billones en el Ministerio de Equidad, que no se podrán mantener una vez se suprima en pocos meses. En funcionamiento, congelar los salarios de los funcionarios que ganan más del salario mínimo, permitiría hacer un recorte fiscal sustantivo, que sólo este gobierno podría lograr con el probable apoyo de los sindicatos de trabajadores estatales, de paso reduciendo el aumento indexado de los sueldos de Congresistas, Ministros, Magistrados y demás "altos" funcionarios del Estado. Dejar de procrastinar en lo fiscal paga: un recorte cuanto antes, no otro aplazamiento, reduciría el costo de la deuda, generaría confianza y aumentaría la credibilidad del Gobierno, lo que traería un menor pago de intereses, que hoy pagamos en exceso por este mal hábito de aplazar, para mañana decidir.
Profesor de economía de la Universidad Javeriana. X: @jorgearestrepo