Un cortocircuito inducido

Ricardo ÁVILA pINTO - eSPECIAL pARA EL TIEMPO @ravilapinto
El reloj marcaba las nueve de la noche cuando Gustavo Petro se subió a la tarima ubicada en la Vía 40 con carrera 50, en inmediaciones de la Plaza de la Aduana de Barranquilla. Vestido de guayabera blanca y con un sombrero ‘vueltiao’ que a lo mejor lo protegía de los rayos de la luna, el mandatario tomó la palabra para dirigirse a las personas convocadas por el Movimiento Nacional Constituyente por la Democracia Energética. Los objetivos de la congregación, que sus organizadores describieron como un "gran carnaval", eran exigir la reducción de las tarifas "injustas", la lucha contra los monopolios y la promoción de un modelo sostenible y accesible. Dentro de los argumentos esgrimidos estaban los supuestos abusos "por parte de las empresas generadoras" que "han saqueado los bolsillos de la ciudadanía". Que la concentración sucediera en la que es considerada la capital de la Costa Atlántica no sonaba extraño. A fin de cuentas, las quejas de los usuarios por la calidad del servicio de electricidad y el valor de las facturas son de vieja data. Aquello que sí resultó inusual fue la presencia de varios representantes del alto Gobierno en la movilización, comenzando por el ministro de Minas y Energía. Atender la convocatoria de una organización -que en su cuenta de X registra 191 seguidores- para protestar por el manejo de asuntos que le corresponden a su cartera suena contradictorio. Aún así el funcionario, señaló por las redes sociales que "nos vemos en las calles, la energía es nuestra". Palabras mayores Con tales antecedentes, la duda frente al discurso presidencial no era la del respaldo a las reivindicaciones señaladas, sino hasta qué tan lejos podía ir el jefe del Estado. La respuesta llegó pronto por cuenta de afirmaciones como "las tarifas que se están cobrando a toda Colombia son ilegales y el pueblo no debe dejarse cobrar las mismas", según un resumen hecho por la Casa de Nariño. Aparte de lo anterior, se insistió en que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) "ha estado integrada por comisionados que vienen de las generadoras, por eso su forma de regular ha estado amañada por estos". Como consecuencia, según la línea de pensamiento de la cabeza del Ejecutivo, "se han trasladado cada año billones de pesos de los bolsillos de la gente del común de toda la sociedad hacia las utilidades de las empresas de energía". Así las cosas, el planteamiento del Gobierno es la aplicación inmediata de una nueva fórmula definida el 18 de diciembre. Como esta no ha sido adoptada, la firma XM (que opera el sistema interconectado y administra el mercado de energía mayorista) recibió buena parte de los dardos lanzados desde el atril. Las reacciones no se hicieron esperar. El viernes, un comunicado de Andesco -el gremio que agrupa al segmento de servicios públicos y comunicaciones- sostuvo que las afirmaciones hechas fueron "desafortunadas, peligrosas y sin soluciones reales". A su vez, el comité intergremial del sector energético colombiano dijo que "con ellas, se distorsiona la realidad del problema de fondo que enfrenta el sector energético y se desvía la atención sobre la responsabilidad del Gobierno Nacional en la falta de soluciones concretas y responsables frente a una crisis que se ha producido, principalmente, por algunas acciones inadecuadas, y en otros casos, por omisiones". No menos inquietante es que la supuesta salida -que no se podía poner en marcha porque faltaba un anexo técnico que solo se conoció esta semana- tampoco cambiará mucho las cosas. Como señala el exministro Amylkar Acosta, "si la factura de energía no ha bajado ha sido porque el Gobierno ha incumplido la promesa que hizo el mes de mayo del año pasado de asumir la deuda por concepto de la Opción Tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, que representan el 80 por ciento del total y que asciende a 2,5 billones de pesos, aproximadamente". Agrega que "si se hubiera cumplido lo dicho, la rebaja en la factura sería del 24 por ciento". Por consiguiente, puntualiza el experto, "insistir en que la culpa es de los generadores y ahora de XM es un sofisma de distracción". Otros conocedores sostienen que si se trata de meterle el diente al asunto habría que remover de los cobros mensuales una serie de contribuciones del orden departamental y municipal, como es el caso de la tasa de seguridad o el alumbrado público. En este último caso, por cierto, los cargos pueden llegar a triplicar niveles que se consideran razonables y son la norma en otros países. No obstante, tal parece que, en lugar de hacer la tarea con juicio, lo que importan son los sesgos ideológicos y la creencia de que este debería ser un servicio en manos del Estado. Ante la aseveración de Petro en el sentido de que las generadoras reciben una renta que puede ser 10 o 15 veces mayor a la de una ganancia normal, el exministro Acosta anota que "no se conoce una sola investigación o sanción por parte de la Superintendencia de Servicios, que está obligada a defender a los usuarios y tampoco por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en dado caso de que se esté dando abuso de posición dominante". Aun así es claro el interés de congraciarse con un sector de la opinión, atribuyendo las culpas de lo que sucede a un tercero. Si esto es una manera de recuperar la capacidad de movilización que llevó al Pacto Histórico al poder o si se trata de plantar banderas con miras a las elecciones del año que viene, es algo que ya se verá. Peligros reales Lamentablemente, en el entretanto se está jugando con fuego. Señalar que las tarifas son ilegales es una manera de decirle a la gente que tiene razón en no pagar, lo cual agrava los enormes problemas de cartera que sufren las distribuidoras que operan en la zona de la costa Caribe, fuera de ocasionar dificultades en otros puntos del territorio nacional. En circunstancias de relativa normalidad semejante llamado sería inquietante, pero ahora la coyuntura es realmente grave. Para comenzar, la quiebra de Air-e (que acabó siendo intervenida unos meses atrás) dejó en la nebulosa pasivos por más de 700.000 millones de pesos, a lo cual se suma una situación financiera crítica, a pesar de los apoyos explícitos y los préstamos gubernamentales. A ello se suma el atraso en el giro de los subsidios por parte de la Tesorería, como resultado de la estrechez fiscal, y los incumplimientos en diferentes eslabones de la cadena. Para colmo de males, los costos de las plantas térmicas han subido, pues el país dejó de ser autosuficiente en lo que atañe al gas natural. Como distinguir las moléculas nacionales y las importadas es imposible, los valores han tendido hacia el precio internacional, que cuadruplica el local. Si la sequía se prolonga y la tarifa tiene un techo de facto, las pérdidas serán considerables. Conocedores del sistema afirman que el faltante actual ronda los siete billones de pesos. Un examen ácido de los estados financieros de las diferentes compañías del sector revela que cerca de 40 podrían volverse inviables, ante lo cual los bancos han subido la guardia a la hora de aprobar nuevos desembolsos de crédito. Nada de eso ha ocurrido de la noche a la mañana. Desde hace meses, los dirigentes empresariales y gremiales han hablado de la gestación de un problema de marca mayor, que amenaza la propia confiabilidad del servicio. Tanto el ministro del ramo como el Presidente de la República conocen de los tropiezos, pero en lugar de buscar soluciones insisten en tensar más la cuerda, invitando a los usuarios a una especie de rebelión. Debido a ello, son cada vez más quienes ven un patrón de comportamiento gubernamental que se asemeja al de la "crisis explícita" que ha sido evidente en el sistema de salud. Ante la eventual insolvencia de una empresa, la Superintendencia encargada tomaría el control, con lo cual se daría una nacionalización por la puerta de atrás. Tampoco suena descabellada la afirmación de que esta es una manera de poner contra la pared a los antagonistas de la administración Petro. El ejemplo más claro es el de Empresas Públicas de Medellín, dueña de Afinia que opera en parte de la Costa, y cuyo balance se ha visto afectado debido a las dificultades de su filial. Menos utilidades del conglomerado paisa le quitan margen de maniobra a la alcaldía de Federico Gutiérrez. Sea como sea, aquí se ha creado una bola de nieve cuyo tamaño es mayor en la medida en que pasan los días y las soluciones de fondo no llegan. Para colmo de males, hay cada vez más nubarrones en el horizonte porque gran parte de los proyectos que habrían asegurado una expansión de la capacidad de generación de electricidad no se han concretado. Es conocido el fracaso de los parques eólicos en La Guajira. De las 16 iniciativas que llegaron a recibir luz verde inicial hace unos años, apenas una fracción sobrevive. Tanto el tema de comunidades como de permisos ambientales llevaron a grandes firmas a desistir de aprovechar condiciones naturales de viento consideradas como únicas. Mientras tanto, el desbalance entre oferta y demanda es cada vez más estrecho. Una sequía prolongada o el daño de una planta importante haría imperativo un racionamiento de electricidad. Ante ese riesgo, resulta urgente la convocatoria de una subasta con miras a ampliar el potencial de generación, de todas las tecnologías conocidas. Según los cálculos disponibles, tan solo hasta 2027 se requerirían unos diez billones de pesos en inversiones nuevas para asegurar la adecuada atención del consumo. Sin embargo, eso no será posible si las señales que provienen desde la propia Casa de Nariño son de hostilidad al capital privado, mientras hay un debilitamiento de la estructura institucional por cuenta de la fragilidad de la Creg y una intención de cambiar las reglas de juego en el campo tarifario. Amenazar con intervenciones es algo que espanta a los capitales, justo cuando se necesitan. Así las cosas, es poco probable que se construyan nuevas instalaciones de cualquier tipo para fortalecer la confiabilidad del sistema. Entre los especialistas hay quienes han elevado a cerca del 100 por ciento la probabilidad de un apagón antes de dos años, aun sin fenómenos climáticos extremos. No menos inquietante es el desmonte de facto de una estructura cuyas bondades se confirmaron en épocas de fenómenos de El Niño. Tras el descalabro de 1992 parecía que el país había aprendido la lección para evitar la presencia de situaciones similares, pero pocos anticiparon una especie de cortocircuito atribuible a la dupla de acción e inacción oficial. Al mirar el panorama, lo paradójico es que algunos de los planteamientos del presidente Gustavo Petro podrían haber salido adelante. Ya fuera las comunidades energéticas o la generación distribuida tenían cómo volverse realidad, con una buena gerencia de por medio. Ahora, tristemente, eso tampoco importa. En medio de la polarización y la búsqueda desesperada de espacio por parte de un Gobierno debilitado políticamente, la seguridad energética del país ha quedado relegada a un segundo plano. Y en lo que corresponde a la gente que ilusionada escuchó las promesas hechas en Barranquilla, el porvenir no pinta nada bien. El motivo es que ahora aparece el peligro de comprobar en primera persona aquel aforismo tan cierto como implacable: la electricidad más cara de todas es la que no se tiene.