La Nación, Costa Rica
5 de febrero de 2025
La Contraloría General de la República cuestionó la decisión de disminuir la cantidad de delegaciones a construir sin medir el impacto en la seguridad de las comunidades.
El Ministerio de Justicia y Paz redujo la cantidad de delegaciones policiales que tenía previsto construir con un crédito de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la decisión la tomó sin evaluar el impacto que tendría en las comunidades afectadas.
Así concluyó la Contraloría General de la República al evaluar el cumplimiento de las condiciones del crédito que financia el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, el cual beneficiaría a comunidades vulnerables, mediante inversiones en infraestructura, tecnología y formación.
Falon Arias Calero, gerenta del Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza de la Contraloría, explicó que a pesar de que los recursos se han administrado conforme al marco normativo, la decisión de disminuir de 35 a 21 la cantidad de delegaciones a construir no contó con un análisis integral, sobre la afectación o incidencia en las comunidades, así como en los objetivos del programa y el cumplimiento de la necesidad pública.
El informe del órgano contralor señala, además, que tampoco se consideró buscar otras alternativas de financiamiento en relación con esa decisión.
"Si bien, la decisión del Comité (Director, encargado de ejecutar el programa) consideró información financiera y los recursos disponibles del crédito, no se tomaron en cuenta la integración de otros aspectos clave, como la incidencia o afectación de la reducción de las delegaciones en el objetivo del subcomponente y del programa, la identificación y valoración de otras opciones para la obtención de financiamiento adicional o en su defecto la valoración de soluciones alternativas dirigidas a satisfacer la necesidad pública determinada por el programa", menciona el informe.
En relación con la ausencia de valoraciones sobre el impacto, la Contraloría explicó que esto obedece a que el Comité Director no ha incorporado en el proceso de toma de decisiones el análisis de la incidencia de la disminución, lo cual conlleva el riesgo de que no se cumpla la finalidad del programa en la atención de la necesidad en poblaciones que ya no estarían siendo abordadas.
Dado que el informe de la CGR está dirigido al Ministerio de Justicia, este medio envió consultas a esa institución. En su respuesta pide redirigir la consulta al Ministerio de Seguridad Pública.
Justamente este miércoles, en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que durante el 2025 y el 2026 la entidad a su cargo construirá 42 delegaciones policiales en todo el país, entre estas se encuentran los proyectos financiados por el BID, además de otros planes que incluyen el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), municipalidades, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y asociaciones comunales.
Centro de mando de control policial
En el informe del órgano contralor, Falon Arias indicó que en noviembre se decidió construir el centro de mando de control policial, el cual es clave para la vigilancia de la seguridad, sin embargo, se observan retrasos en el proceso de contratación para ese edificio, que debería estar listo en enero del 2026, según el cronograma. Tampoco se cuenta con las coordinaciones necesarias y correspondientes para la recepción y puesta en funcionamiento de los equipos que serán donados por Estados Unidos.
Como parte de sus disposiciones, la Contraloría ordenó al Comité de Dirección del Programa ejecutar un análisis integral sobre los efectos en los objetivos de la reducción en el número de delegaciones policiales por construir, y definir las acciones correspondientes.
Asimismo, pidió que se informe acerca de los avances en la ejecución del cronograma para el desarrollo de la infraestructura del centro de mando y control policial e integrar al cronograma las actividades necesarias para coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública, la definición de las características técnicas para la operación de los equipos y software requeridos para ese centro.
