Gestión inefectiva en educación

Una de las razones que hacen decaer los órdenes políticos, generando riesgos de inestabilidad social, es la ineficiencia e ineficacia de la administración del Estado. La crisis de confianza en las instituciones es un signo de este fenómeno. Ella se viene observando desde hace un buen tiempo en nuestro país. Sin embargo, demostraciones concretas de esas fallas son ahora cada vez más evidentes. La incapacidad de proyección y planificación de las cuentas fiscales es un ejemplo reciente. Pero también se nota en la falta de diligencia para resolver a tiempo situaciones como el desalojo de la toma de San Antonio, a pesar del tiempo transcurrido desde que se hizo clarísimo que este sería el resultado del proceso judicial.
A contrapelo de esta realidad, el país sigue desarrollando instituciones con escasa o deficiente capacidad de abordar aspectos fundamentales de la gestión que les ha sido asignada.
Lo que ocurre con la nueva educación pública y, otra vez, con el Servicio Local de Educación Pública de Atacama es un lamentable ejemplo de esta carencia. En efecto, transcurridos menos de dos años desde la crisis de infraestructura que dejó, como consecuencia de un paro de profesores, sin clases durante 83 días a los cerca de 30 mil niños y jóvenes atendidos por ese servicio, las soluciones comprometidas aún no están finalizadas. Esto ocurre a pesar de que nos encontramos a pocos días de que se inicie un nuevo año escolar.
Hay que recordar que la solución de los inexcusables problemas de infraestructura detectados en su momento no representaba una gran complejidad. Con todo, el ordenamiento institucional, jurídico y reglamentario definido para la nueva organización hace, incluso, difícil resolver asuntos simples de manera oportuna y efectiva. Piénsese, entonces, en las posibilidades de abordar desafíos realmente complejos, como el bajo nivel de aprendizajes y habilidades de nuestros alumnos.
Por cierto, había dificultades de arrastre. El último censo de infraestructura de la educación pública se había desarrollado en 2012, y si bien existían desde hace mucho tiempo cuantiosos fondos públicos para este fin, estos fueron subejecutados o distribuidos muy desigualmente. Una vez más, cumplir el propósito para el que fueron asignados esos recursos no requería de gran sofisticación. Así, nuevamente quedó en evidencia un Estado inefectivo y, muy posiblemente, capturado por intereses ajenos a los ciudadanos.
Urge, por lo tanto, la necesidad de modernizar el Estado y repensar sus instituciones para asegurar una gestión profesional. Por cierto, hay servicios locales de educación pública funcionando mejor, pero igual emergen dificultades. Recientemente el Consejo para la Transparencia informó de un retroceso considerable en transparencia activa de estos servicios. Esta constatación constituye una señal típica, entre otras, de vacíos de gestión.
Podría argumentarse que los rezagos en los compromisos adquiridos por las autoridades en el SLEP de Atacama ocurren solo en algunos establecimientos, pero atendida la escasa complejidad de lo que había que resolver, ello es difícil de comprender. Además, el costo social que significó una paralización tan prolongada hace intolerable esa realidad. Sin perjuicio de ello, sería una irresponsabilidad mayor del Colegio de Profesores de la zona justificar nuevos paros en estos incumplimientos. Los grandes afectados son los alumnos y sus familias, que carecen de capacidad para influir en la gestión de estas instituciones.
El proyecto que se discute en el Congreso para perfeccionar la ley de la nueva educación pública ha sido poco sensible a la necesidad de articular una organización más efectiva. Apunta en sus aspectos medulares a involucrar más al nivel central en aspectos pedagógicos y de gestión administrativa. Empero, los problemas que se están apreciando responden a una insuficiente descentralización de la gestión tanto en materias presupuestarias como de administración de los demás recursos del proceso educativo. Sin estos pasos, acompañados indudablemente de la supervisión apropiada, no se lograrán los resultados deseados.
El costo social que significó la prolongada paralización de 2023 hace intolerable esa realidad.