Reformas, a consulta

Como respuesta al eventual hundimiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la convocatoria a una consulta popular para definir la aprobación de las reformas laboral y de la salud. "Que sea el pueblo el que decida", dijo el mandatario en su alocución del martes pasado. El virtual archivo de la iniciativa laboral es interpretado por el jefe del Estado como un "bloqueo institucional contra el gobierno" y una "dictadura del Establecimiento de los ricos epulones de Colombia que sólo quieren codicia y egoísmo". Afirma el presidente Petro que el ejercicio de la autonomía de esa unidad legislativa es una "burla"al mandato electoral del 2022. La consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución de 1991. El hecho de que el Presidente acuda a ella -tras intentar infructuosamente otros dos como la Asamblea Constituyente y los cabildos populares- es legítimo, si bien el momento en que decide convocarlo -en el tramo final del cuatrienio- y los antecedentes de ejercicios similares previos no lo favorecen. Un segundo aspecto son los motivos que el mandatario esgrime para acudir a la consulta. Todas las iniciativas legislativas importantes, aprobadas por el actual Congreso -desde la reforma tributaria de 2022 hasta la reforma pensional pasando por el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de la ‘paz total’, la jurisdicción agraria y otros proyectos, son la confirmación de que su "bloqueo institucional" es una falacia que trata de tapar una peligrosa tendencia de irrespeto a la separación de poderes. Tampoco se sostiene el señalamiento presidencial de una "dictadura del Establecimiento", una burla al llamado ‘Acuerdo Nacional’ y al voto de las elecciones de 2022. Al contrario, han sido permanentes los llamados de gremios y empresarios a construir en conjunto muchas iniciativas, incluyendo las tres reformas de salud, pensional y laboral. Ha sido el Gobierno el que ha desdeñado el diálogo con el sector privado y ha elevado una retórica anti-empresarial y agresiva. No sobra recordar a la Casa de Nariño que en 2022 no se eligió únicamente a Gustavo Petro, sino que millones de colombianos fueron a las urnas a escoger un Congreso de la República que, al arranque del cuatrienio, contaba con mayorías afectas al Ejecutivo. Más aún, no han sido pocos los gremios y asociaciones de distintos sectores productivos que han negociado, acordado y cedido a pretensiones gubernamentales -muchas veces con maltrato y sometidos a injustos epítetos-. Por más que el presidente Petro quiera untar de "participación democrática" su fracaso administrativo y legislativo, lo cierto es que la consulta está reglamentada y adelantará aún más la campaña del 2026. El reto del Gobierno no es sencillo. Las reformas petristas no han despertado mayor entusiasmo ciudadano en estos tres años. De hecho, la más reciente encuesta Invamer muestra que 58% de los colombianos rechazan estas iniciativas. Además de costosa e incierta, será complejo traducir los dos articulados a preguntas de Sí y No, propias de la consulta. Tampoco está claro que el músculo político del Ejecutivo dé para movilizar más de 13 millones de votos para superar el umbral. En conclusión, la consulta parte de un planteamiento que divide a la sociedad y polariza, y será mucho más útil a los intereses electorales de Petro en 2026, que a un cambio real en la salud y en el trabajo.