Diputados cambiarían terrenos públicos con sociedades privadas, pese a advertencia de la Procuraduría

Con el apoyo del partido de gobierno, los diputados pretenden intercambiar dos terrenos del Estado con propietarios privados, en Golfito, a fin de que las tierras sirvan para un desarrollo turístico relacionado con la marina de ese cantón; sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió tres veces de que la iniciativa es ilegal.

Se trata de un proyecto impulsado por los exdiputados Carmen Chan, Erwen Masís y Gustavo Viales, que desafectaría del uso público de bienes demaniales del Estado, a cambio de otras propiedades de sujetos privados, o sea, una permuta.

Tal como lo dice la propuesta original, incluida en el expediente 23.062, el objetivo es "generar, con recursos e inversión privada, un espacio o complejo turístico que permita posicionar a la zona del Pacífico Sur del país como un destino atractivo para los navegantes, los amantes de las actividades náuticas ante la cercanía de la marina- y en general del turismo".

Hoy, los terrenos que se permutarían están destinados a la explotación y funcionamiento del ferrocarril y del muelle de Golfito, por lo que "no resulta procedente su desafectación".

¿Qué se recibiría a cambio?

El Estado cedería terrenos cercanos al mar, uno de los cuales alberga la capitanía de puerto de Golfito. A cambio, recibiría propiedades que están tierra dentro, más lejos de la costa.

Según el proyecto, los bienes estatales pasarían a las firmas Banco Improsa S. A., The Sound of Ocean S. A., Inversiones Marina Golfito S. A. y Sunset Shots S. A.

"Solo podrían desafectarse si se llegare a determinar, técnicamente, con base en el criterio de las autoridades legales competentes, que esos bienes no tienen ningún interés para la explotación del ferrocarril y del muelle de Golfito y que, de hecho, no están destinados para esos fines, ni existe un interés potencial de destinarlos a la explotación de esos servicios públicos", explicó la PGR.

Adicionalmente, la Procuraduría advirtió de que sigue vigente la observación de que la desafectación no aplicaría solo para porciones de esos terrenos públicos.

"Aunque la intención sea desafectar solo las porciones que actualmente no están destinadas a la actividad portuaria o de ferrocarril, debe acreditarse, técnicamente, que esas áreas no tienen ningún interés potencial de ser destinados a esos servicios. De lo contrario, no podrían ser desafectados", indicó el abogado del Estado.

Gobierno está a favor

Consultadas las fracciones, tanto los oficialistas como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) respondieron a favor.

"Sí, lo apoyamos absolutamente, porque con estos terrenos se tendrá un espacio mucho mejor para potenciar la reactivación económica de Golfito y sus alrededores que tanto lo necesitan. Creo que todos los diputados, menos el FA, lo vamos a apoyar", dijo Pilar Cisneros, jefa de la parte oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

María Marta Carballo, jefa del PUSC, alegó que "es solo una autorización y será la municipalidad de Golfito la que deberá realizar la permuta en los términos que la Procuraduría defina, una vez que se cumpla con lo señalado y que el adquiriente privado cumpla con la obligación que se le señala".

En cambio, tanto Ariel Robles como Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), han señalado que el proyecto incumple criterios de la PGR y de la Contraloría General de la República, y sería ilegal.

PGR señaló posibles inconstitucionalidades

Aunque la opinión jurídica PGR-OJ-090-2024 no es vinculante, tal como reconoce la institución, sí contiene explicaciones que señalan que esa intención de regalar terrenos públicos y recibir otros a cambio va contra el derecho de la Constitución Política.

"Tómese en cuenta que el propio texto propuesto reconoce que la capitanía de puerto se ubica en una porción que estaría siendo desafectada, pues en el artículo 5 se establece la obligación al adquirente a ejecutar las obras que impliquen su traslado", dice la opinión de la PGR.

La Procuraduría también señaló que la protección constitucional de los puertos no se limita al muelle o sitio de embarque y desembarque, sino que se entiende tanto el inmueble, la construcción en sí misma, como la materialidad de las cosas indispensables para la prestación del servicio público correspondiente.

"Se estaría desafectando parte del inmueble, usando como referencia para su localización otro plano catastrado de un inmueble colindante y con base en un supuesto levantamiento topográfico hecho por el adquirente privado de la permuta, sin precisarse cuál sería el área específica por desafectar", señaló la PGR.

La iniciativa pretende autorizar la entrega de los dos terrenos a sujetos privados, y los obligaría a que, una vez que se constituyan titulares de dicho inmueble, pasen a segregar una parte de los terrenos, "correspondiente al terreno contiguo al muelle de Golfito en donde se ubican actualmente tanques de agua, de manera que ese lote que se segrega se otorgue a favor del Estado y se conserven tales tanques para la operación portuaria".

Precisamente, la Procuraduría advirtió de que las cosas no se pueden hacer de esa forma, sino al revés. Es decir, que se elabore primero un plano catastrado que delimite con precisión cuáles serían las porciones específicas y luego se desafecten, y no que la delimitación catastral se haga posteriormente.

Esa no es la única advertencia de la PGR. También, pide analizar la razonabilidad y necesidad de desafectar los bienes y valorar el beneficio y utilidad pública de recibir a cambio terrenos más alejados de la costa.

Además, la Procuraduría señaló que, al ser varios sujetos privados los que recibirían los terrenos públicos, no queda claro cuál quedaría obligado a cumplir las obras que exige el proyecto sobre la capitanía de puerto y sus tanques de agua.

Eso conlleva un riesgo, porque en caso de incumplimiento, los bienes ya se habrían desafectado y estarían en manos privadas, y sería muy complicada su recuperación.