Obras de infraestructura por $15 billones esperan luz verde

La firma de abogados Gómez - Pinzón presentó el informe ‘horóscopo de la infraestructura 2025’, en el cual se detallan las previsiones y retos para el sector en el próximo año. Según el documento, los proyectos ‘más esperados’ incluyen diversos componentes viales, férreos y de edificaciones, destacándose cuatro iniciativas principales: Estanquillo — Popayán, Gran Malecón del Mar, Corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y la segunda Línea del Metro de Bogotá. Sobre la primera, se espera la adjudicación del proyecto en octubre de 2025, con una inversión estimada en más de $7,6 billones. En el caso del Gran Malecón del Mar, la Gobernación del Atlántico ha anunciado que la licitación se abrirá en mayo con el objetivo de impulsar la economía, dinamizar el turismo y transformar a Puerto Colombia. El 7 de febrero, los interesados en el Corredor férreo La Dorada-Chiriguaná presentaron sus ofertas. La adjudicación de esta obra, que cuenta con una inversión aproximada de $3,4 billones, está prevista para el 3 de abril de 2025. "Se espera que sea la columna vertebral de la reactivación ferroviaria del país, a través de la movilización de 2,8 millones de toneladas anuales en el mediano y largo plazo", señala el documento. Para la segunda línea del Metro de Bogotá, los interesados deberán presentar sus ofertas el 20 de junio de 2025, y la adjudicación del megaproyecto está prevista para noviembre de 2025. La línea tendrá una extensión de 15,5 kilómetros e incluirá 11 estaciones, de las cuales 10 serán subteráneas. "Esta línea conectará las localidades de Suba, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos, recorriendo desde la Calle 72 con Avenida Caracas hasta Fontanar del Río y Suba, consolidándose como una solución fundamental para la movilidad en Bogotá y sus alrededores", indica el informe. Otras obras de interés incluyen la conexión Villeta-Guaduas - El Korán, que comprende un tramo de 18 km y que hace parte del corredor adjudicado bajo el contrato de la Ruta del Sol 1. "Dado su impacto, la ANI priorizó su construcción e incluso ya radicó ante el Ministerio de Hacienda la solicitud de concepto de no objeción sobre las condiciones financieras y de riesgos contingentes. El trámite le permitirá a la entidad abrir la licitación en 2025 y adjudicarla al cierre de año o comienzos del 2026", se menciona en el documento. El Acceso Nueva Calle 13 también se encuentra entre los proyectos esperados. Con la aprobación del cupo de endeudamiento por parte del Concejo de Bogotá, el Distrito aseguró los recursos para la ampliación y modernización de esta vía, conocida como la Avenida Centenario. La fase de construcción del IP Cable de La Popa en Cartagena está pendiente de inicio, con una inversión de US$84 millones para beneficiar a más de un millón de usuarios al año. Se destaca el avance de la PTAR Canoas, cuyo proceso de selección de contratista superó la revisión documental y cuenta con la "no objeción" del Banco Mundial. El informe menciona proyectos que no han logrado avances significativos. La modernización del aeropuerto de San Andrés, con una inversión de $1 billón, se encuentra en incertidumbre tras la declaratoria de desierto del proceso de selección realizado el año pasado. "Se está a la espera de la eventual presentación de una nueva iniciativa privada o de la estructuración de una iniciativa pública, aunque esta última opción no parece viable", menciona. La ampliación de la Autopista Norte en Bogotá entre las calles 191 y 245 enfrenta un panorama similar. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó la licencia ambiental del proyecto debido a la falta de un análisis detallado sobre la conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral. El Canal del Dique se encuentra estancado por la prolongación del proceso de licenciamiento ambiental a cargo de la Anla. "Este proyecto APP es considerado esencial para la región Caribe y para la competitividad, conectividad y desarrollo socioeconómico del país", señala el documento. El informe también menciona el aplazamiento de apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación, lo que afectó compromisos con cargo a vigencias futuras. "Del presupuesto aplazado, más de $4 billones corresponden al sector infraestructura, generando impacto en proyectos de orden nacional y territorial, dentro de los cuales se encuentran proyectos férreos, de transporte público, edificaciones, vías nacionales no concesionadas, vías departamentales, proyectos de concesiones viales 4G y 5G, fluviales y de servicios públicos", se menciona en el informe.
Adicionalmente, la suspensión del incremento contractual de tarifas en algunas estaciones de peajes de proyectos concesionados por la ANI afectó a los operadores viales. Otro de los aspectos abordados en el informe es la situación con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y sus contratistas. "De conformidad con lo señalado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, el no pago de un billón de pesos a constructoras y consultoras de obra pública por parte del Invías está generando gravísimas consecuencias", indica el documento. Los especialistas "esperan acciones concretas del Gobierno Nacional para la materialización de proyectos de infraestructura que fueron priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 principalmente en el sector transporte y turismo, identificados como focos para elevar al país como potencia mundial de la vida y contribuir a la reactivación económica en un año con preocupantes vientos de desaceleración", mencionan.