El precio de la incompetencia

El Presidente que más explícitamente ha buscado durante su mandato reivindicar la figura de Salvador Allende, el que partió su gobierno homenajeando al exgobernante y el que quiso hacer un hito político de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ha terminado siendo el responsable de la más dura humillación sufrida por la familia Allende y por su partido, el PS, en 30 años de democracia. Signo extremo de los niveles que la incompetencia y el voluntarismo han alcanzado durante esta administración, el caso de la fallida compraventa del inmueble de calle Guardia Vieja ha encontrado su desenlace en el Tribunal Constitucional. Y aunque oficialmente la causa quedó ayer en acuerdo, todos los antecedentes indican que esa magistratura habría resuelto, por una amplia mayoría, la cesación en el cargo de la senadora socialista Isabel Allende, hija y principal heredera política del expresidente. La contundencia y transversalidad del resultado que ha trascendido -habrían concurrido al voto de mayoría incluso ministras nombradas por el Presidente Boric- da cuenta de la solidez de los argumentos hechos valer por los parlamentarios de oposición que llevaron el caso al TC. En efecto, el tenor de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución ("cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado") es tan claro que difícilmente puede dar lugar a interpretaciones. Desde esa perspectiva, la sentencia habla de la capacidad de los integrantes del tribunal para hacer primar el derecho, despejando dudas que algunos de sus pronunciamientos del último tiempo habían suscitado.
Resulta, sin duda, lamentable que una parlamentaria que durante tres décadas ejerció sus tareas con dignidad y sentido republicano deba terminar así su carrera política. Sin embargo -y aunque habrá que esperar para conocer los razonamientos de la sentencia-, es evidente que la actuación de la senadora en el proceso de la fallida compraventa -en la que su papel no fue meramente pasivo- vulneró el texto constitucional de un modo que resulta tan inentendible como inaceptable, particularmente tratándose de una legisladora. Si la ley se presume conocida por todos los ciudadanos y no cabe alegar ignorancia para justificar su incumplimiento, la simple apelación a la buena fe en el propio actuar por parte de la congresista no la excusa del deber de respetarla. Lo contrario significaría establecer un doble estándar y echar por tierra el principio básico de la igualdad ante la ley. Inevitable es también, a la luz de lo ocurrido, recordar el reciente rechazo de la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández presentada a propósito de este mismo caso. Muchas veces se ha abusado de esta herramienta, pero es probable que ese haya sido uno de los libelos con mayor fundamentación que se hayan presentado en este período de gobierno.
Con todo y más allá de lo cuestionables que hayan sido las actuaciones de la parlamentaria y de la exministra, la principal responsabilidad política recae sobre el Gobierno y más particularmente, sobre el Presidente de la República. Desde luego, es su firma la que está en el decreto que autorizó la compraventa, pero no se trata solo de eso: fue él quien concibió la idea de adquirir esa residencia para hacerla un museo y quien encargó a algunos de sus colaboradores más cercanos dar los pasos para materializarla, involucrando a dos ministerios (Bienes Nacionales y Cultura), hasta llegar al 31 de diciembre de 2024, cuando un cándido comunicado de la primera de esas carteras anunció la compra, horas después de haberse firmado el contrato con la familia Allende. En todo ese proceso intervino un verdadero ejército de abogados -la misma profesión que estudió el mandatario-, además de diversos otros funcionarios y asesores. Se han conocido posteriormente testimonios de quienes aseguran haber advertido las complejidades políticas y también eventuales obstáculos legales; haya sido así o no, nada de eso impidió que el Gobierno siguiera adelante con una operación que vulneraba el texto constitucional de un modo tan flagrante que, a poco de difundirse, se generó un escándalo público. Desde entonces han dejado su cargo dos ministras de Estado y otros funcionarios, pero no se ha conocido una autocrítica del mandatario respecto de su propia actuación, cual si la supuesta bondad del fin que perseguía fuera suficiente para excusar su responsabilidad. El desenlace del caso, sin embargo, es la mejor muestra de que la desprolijidad y la ignorancia no son una cuestión inocua, sino que pueden llegar no solo a frustrar un objetivo, sino a generar efectos exactamente opuestos de los buscados.
Insólitamente, al conocerse ayer los trascendidos, la vocera de Gobierno afirmó que, de ser efectiva la determinación del tribunal, ella sentaría un "grave precedente", cual si el respeto al marco legal vigente fuera algo negativo. No pareció entender que se trata exactamente de lo contrario: es esta administración la que impulsó una operación que vulneraba normas constitucionales expresas y lo que está haciendo el TC es evitar que ello siente un precedente. Eso sí que sería, sin duda, nefasto.