El Comercio, Perú
14 de abril de 2025
Pena solicitada:Delito por el que se los acusa:Juzgado que emitirá la sentencia:Jueces del caso:Fiscal del caso:Defensa legal:Campañas involucradas:Inicio de la investigación:Fecha de la acusación:Inicio del juicio:Otros acusados:Reparación civil requerida:
Por víctor reyes parra
Luego de una investigación que se inició hace una década y de un juicio que se extendió por más de tres años, el caso del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia llega mañana a su conclusión. El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional emitirá su veredicto, en primera instancia, sobre la acusación por lavado de activos contra la pareja por presuntos aportes ilícitos que habría recibido el Partido Nacionalista Peruano en las campañas del 2006 y 2011. Puede ser una sentencia de condena o de absolución.
La sentencia del tribunal, bajo la dirección de la jueza Nayko Coronado, no solo será trascendente porque decidirá si un nuevo expresidente peruano es declarado culpable por la justicia. También será la primera en pronunciarse sobre si presuntos aportes clandestinos a campañas fueron un delito.
El Caso Lava Jato en el Perú ya tiene sentencias por corrupción de exfuncionarios, como la del expresidente Alejandro Toledo por las coimas de la constructora brasileña Odebrecht por la carretera Interoceánica. No obstante, la de Humala será la primera que aborde otro tipo de acusaciones: las de lavado de activos por aportes a campañas.
?El proceso?
La acusación del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, sostiene que la campaña nacionalista del 2006 recibió dinero ilícito del Gobierno Venezuela, y que la del 2011 ?que acabó con Humala ganando la presidencia?recibió US$ 3 millones de Odebrecht por disposición del partido de Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil.
Por ello, se piden 20 años de prisión para Humala, y 26 años y medio para Heredia. Hay otros ocho acusados, para los que se requieren penas de 8 a 26 años y medio. Además, se solicitó la disolución del Partido Nacionalista. Por su parte, la procuraduría plantea una reparación civil de S/20 millones.
La investigación se remonta a enero del 2015, cuando Humala aún era presidente. En setiembre de ese año, Juárez asumió el caso, que se vio reforzado por la aparición de unas agendas en las que Heredia hizo anotaciones presuntamente ligadas a sus finanzas.
El caso tomó aún más fuerza con el estallido de Lava Jato y las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht (Marcelo Odebrecht y Jorge Barata) sobre el presunto aporte de la empresa. En julio del 2017, el Poder Judicial dictó prisión preventiva para el expresidente y su esposa, medida que fue anulada por el Tribunal Constitucional en abril del 2018.
En mayo del 2019, Juárez presentó su acusación penal, que pasó por un largo control judicial. El juicio empezó en febrero del 2022. La última audiencia se realizó el pasado martes 8 de abril.
?Marcará precedente?
Las defensas de Humala y Heredia niegan que a sus campañas haya llegado ese dinero desde Venezuela o desde Brasil. Aun así, también rechazan que, en el supuesto negado de que hubiesen recibido esos montos, eso pueda considerarse como lavado de dinero.
Allí estará el aspecto clave de la sentencia: además de establecer si ese dinero fue recibido, se definirá si ello fue lavado de dinero. Para ello, no solo se debió demostrar en el juicio que hubo entregas, sino que se pudo presumir su origen ilícito y los posteriores actos para ocultar su procedencia. Para la fiscalía, todo se corroboró. Para las defensas, no se logró probar nada.
Así, los efectos de esta sentencia apuntan a repercutir en casos similares en que la fiscalía acusa a excandidatos o exdirigentes por presuntos aportes de campaña. Entre estos están los de Keiko Fujimori (Caso Cocteles) y la exalcaldesa Susana Villarán (No a la revocatoria). También se investigan aportes a partidos como el PPC, el Apra, Perú Posible o Peruanos por el Kambio.
?Esta sentencia definitivamente marcará el derrotero de los demás casos, porque ya va a haber una línea interpretativa, judicial, de lo que se considera lavado de activos. Ese es el punto medular?, indicó a El Comercio el penalista Andy Carrión. ?Diría que es la sentencia más importante para este equipo Lava Jato, que se conformó a partir del tema de los financiamientos?.
El experto opinó que es ?muy complejo? anticipar el sentido de la sentencia, pero que es más probable haya una condena por los presuntos aportes desde Brasil que por los de Venezuela. ?Creo que sí han recibido ese financiamiento [de Odebrecht]. La discusión estará en si eso puede atribuirse a título de lavado de activos o financiamiento ilícito de campañas. Allí me animo a pensar que sí podría ameritar una sentencia condenatoria?, comentó.
El exprocurador Antonio Maldonado dijo a este Diario que la fiscalía sí logró probar su caso y que los acusados ?deberían ser severamente condenados?.
Para el jurista, la importancia de esta sentencia alcanza tanto lo judicial como lo político: ?El principio ético político democrático es que el fin no justifica los medios, que la competencia política en democracia exige a los actores jugar limpio. No se justifica, en nombre de un ideario o programa político, recibir fondos o dinero no regulado, y menos, una vez recibidos, incurrir en procedimientos de ocultamiento, transferencia y conversión?.
EL DATO
La jueza Coronado elabora el proyecto de sentencia, que puede ser por mayoría o por unanimidad.
Si hay una condena, los jueces pueden disponer que esta se ejecute de inmediato o solo si llega a ser ratificada en segunda instancia.
