Un gobierno en un mes

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Retroceso, mentiras y crisis en marcha.

El primer mes del gobierno de Yamandú Orsi deja en evidencia un patrón predecible: las promesas de campaña se diluyen ante la realidad del poder. Desde el sentido común y una perspectiva liberal, este arranque no es solo decepcionante sino preocupante.

-Promesas incumplidas: ¿dónde está el cambio?

Durante la campaña, Orsi y su equipo criticaron con dureza a la administración anterior por sus "incumplimientos". Se rasgaron las vestiduras hablando de justicia social, de poner freno a los aumentos del combustible, de defender a los jubilados y de gobernar para "todos". Sin embargo, a solo un mes de asumir, sus palabras se revelan como lo que eran: pura demagogia electoral.

El precio de los combustibles sigue subiendo, mientras el nuevo gobierno se esconde detrás de excusas. ¿No era que iban a bajar el precio y aliviar la carga de los ciudadanos? Peor aún, la reforma jubilatoria que tanto criticaron sigue en pie sin señales de ser revertida. ¿Era solo discurso para engañar a los votantes?

-Un país cada día más caro y menos competitivo.

El atraso cambiario y la caída del dólar están encareciendo a Uruguay, afectando la competitividad del país y golpeando a los sectores exportadores. Mientras Argentina y Brasil se abaratan, nuestro país se vuelve cada día más inaccesible para la inversión extranjera y el turismo. Los precios internos suben, pero el gobierno parece más interesado en su agenda ideológica que en generar condiciones económicas favorables para el desarrollo. Esta falta de reacción solo acelera el deterioro de la producción nacional y pone en riesgo aún más empleos.

-Empresas que cierran, sindicalismo que extorsiona.

Las primeras señales del gobierno en materia laboral son alarmantes. Mientras empresas cierran o anuncian cierres por la pérdida de competitividad y la falta de incentivos para invertir, el PIT-CNT insiste en bajar la cantidad de horas de trabajo sin reducir salarios, una receta segura para generar más desempleo y expulsar aún más empresas del país. Para colmo, el Ministerio de Trabajo coquetea con la idea de extender el derecho de ocupación dentro del derecho de huelga, una medida que convertiría a las empresas en rehenes de grupos sindicales radicales. En lugar de generar confianza y estabilidad, el gobierno está dando señales de que el sector productivo será una vez más el blanco de su intervención.

-Ataque a la LUC: desconociendo la voluntad popular.

Pese a que el electorado respaldó la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el referéndum, el gobierno de Orsi ya está trabajando en su modificación, demostrando un profundo desprecio por la voluntad popular. La LUC significó avances en seguridad, educación y libertad financiera, pero el Frente Amplio insiste en desmantelarla para volver a imponer su modelo estatista.

Este intento de revertir lo logrado, es una muestra clara de que no respetan ni la democracia ni las decisiones del pueblo cuando no les convienen. En lugar de avanzar, buscan reinstaurar mecanismos de control que solo favorecen a los mismos de siempre: burócratas, sindicatos y políticos profesionales.

-El silencio cínico frente a la inseguridad.

Uno de los temas más críticos para los uruguayos es la seguridad. Durante la campaña, Orsi habló de soluciones "integrales", pero hoy la realidad es otra. La delincuencia sigue golpeando fuerte, y su gobierno parece más preocupado por mantener contenta a su base política que por enfrentar el problema de manera firme. ¿Dónde están las medidas concretas? ¿Dónde está la acción decidida para devolver la tranquilidad a la gente?

-Standard & Poor's y la farsa del desastre económico.

Mientras desde el Frente Amplio insisten en hablar del "desastre" y las "bombas" dejadas por el gobierno anterior, la realidad es que la calificadora Standard & Poor's (S&P) ha mantenido la calificación de la deuda de Uruguay en BBB+, el nivel más alto en la historia del país. Incluso el propio Ministro de Economía ha tenido que admitir que estas críticas no tienen fundamento.

Sin embargo, el gobierno de Orsi parece decidido a justificar un futuro aumento de impuestos, incumpliendo promesas electorales y culpando a la administración anterior para distraer la atención de su propia falta de gestión y dirección.

-Persecución selectiva: militares presos y terroristas impunes.

El gobierno de Orsi mantiene la política de persecución a militares por hechos de hace más de 50 años, sin garantías procesales y con pruebas dudosas. Incluso Lucía Topolansky reconoció que muchos testimonios utilizados son falsos, pero eso no ha impedido nuevas condenas. Mientras tanto, exterroristas responsables de asesinatos siguen impunes, cobrando jugosas jubilaciones sin que nadie revise sus crímenes. La justicia parece selectiva: los militares son perseguidos, mientras quienes atacaron la democracia son protegidos y recompensados.

-Conclusión: un gobierno que ya muestra su verdadero rostro.

Un mes ha sido suficiente para demostrar que este gobierno no vino a cambiar nada, sino a profundizar los mismos errores de siempre. Promesas rotas, populismo disfrazado de justicia social y un modelo de Estado que solo sabe castigar al que trabaja. Los uruguayos no pueden permitirse otros cinco años de estancamiento y retroceso. Es hora de exigir hechos y no discursos vacíos. Orsi está perdiendo tiempo, pero el país no puede darse ese lujo.