Legislación populista

La propuesta de eliminar las multas por circular sin tag en las autopistas concesionadas, en tabla en la Cámara de Diputados, es un lamentable ejemplo de la tendencia populista que con frecuencia se apodera de esa corporación. Baste recordar las nefastas consecuencias de los sucesivos retiros previsionales, dañando el ahorro, impulsando la inflación e introduciendo un boom consumista cuyos costos aún se pagan. En este nuevo caso, se incentiva abiertamente el incumplimiento de la ley, estableciendo en la propia normativa una forma de evadir el pago por el uso de rutas concesionadas. Con ello, se asestaría un golpe tal vez letal a un sistema que ha permitido al país dar un salto cualitativo en este ámbito.
El fundamento declarado de la propuesta deja entrever la animadversión que sus impulsores, encabezados por el diputado Jaime Mulet, precandidato a la Presidencia de la República, tienen hacia la empresa privada. En efecto, en sus considerandos se hace alusión a las utilidades obtenidas por las concesionarias en los últimos 30 años -alrededor de US$ 100 millones por año- como si eso fuese reprochable y, adicionalmente, se agrega que la existencia de concesiones privadas le quita al Estado el rol que este debería tener en la infraestructura del país.
Los problemas reales a que se alude --que el mayor tráfico baje la velocidad de tránsito; que los precios se pacten para períodos largos, en algunos casos con reajustes por sobre la inflación, o algunos problemas puntuales de mantención en ciertas carreteras- no se solucionan con la propuesta, ni mucho menos si el Estado se hace cargo de las rutas, pues tradicionalmente este no ha destinado los recursos necesarios para mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo. Tampoco se puede decir que la existencia de concesiones haya impedido al sector público seguir participando en infraestructura, como lo muestra el puente Chacao. En cambio, sí se puede decir que, en ese caso, tanto los plazos de construcción como los presupuestos asignados han sido ampliamente sobrepasados, sin que la obra se haya concluido transcurridos más de 10 años desde su adjudicación.
Así, la motivación tras esta propuesta solo parece ser agradar a la población, eliminando las consecuencias de no usar y pagar el tag, como si la labor parlamentaria consistiese en otorgar miopes "favores" a los ciudadanos. Si como resultado de esta propuesta se volviesen a utilizar barreras para que el pago sea al momento de usar una infraestructura, se habría consumado un enorme retroceso en la movilidad de las personas. Es de esperar que esta iniciativa no prospere y que las ventajas de las concesiones se mantengan, con las correcciones técnicas que ello amerite.