Gobierno quiere que salvataje a Caja de Profesionales quede aprobado en un mes; proyecto ingresó al Parlamento
Ejecutivo insistió en que, si no se aprueba, la caja se quedará sin recursos para pagar jubilaciones en julio, con un déficit anual de US$ 100 millones proyectado para los próximos cuatro años.
Las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social irán este jueves al Parlamento, en el comienzo de la discusión formal del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo planteó como salida a la crisis que vive la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu).
La iniciativa ingresó formalmente este miércoles, a través de la Cámara de Representantes. Para su tratamiento fue conformada una comisión especial, integrada por 13 legisladores. Siete de ellos serán del Frente Amplio (FA). La presidirá Joaquín Garlo (MPP), acompañado por Sol Maneiro, Julieta Sierra y Gabriel Otero, de su mismo sector, junto a Bruno Giometti y Ana Olivera (PCU) y Nino Medina (Seregnistas).
Por la oposición, participarán Pablo Abdala y Pedro Jisdonian (Partido Nacional), Conrado Rodríguez y Adrián Juri (Partido Colorado), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente). Una comisión de similares características se constituirá en el Senado. El plan, indicó Otero a El País, es que el proyecto se convierta en ley antes del 30 de mayo.
Según el gobierno, el proyecto está destinado a que la caja supere su actual crisis económica, "que la ubica al límite de su capacidad de cumplimiento de obligaciones previsionales". Así la "acumulación de tensiones de orden demográfico y financiero", con "resultados operativos negativos", derivaron en una "grave erosión" de sus reservas de capital que, de no actuar legalmente, se agotarán en julio.
Según los números del Poder Ejecutivo la Caja de Profesionales cuenta hoy con 63 mil cotizantes activos. En su mayor parte, se concentran en las franjas de cotización ficta más bajas.
Otros 110 mil profesionales declararon no ejercer la profesión, aunque según se señala el 90% guardan una resolución de dependencia en el lugar en el que trabajan, y cotizan en otros sistemas.
En tanto, hay unos 20.700 pasivos, de los que 5 mil son pensionistas. A la inversa de los activos, en su mayoría con pasividades correspondientes a sueldos básicos jubilatorios calculados sobre nominales de categorías mayores. El 20% de los pasivos tienen más de 80 años, con una expectativa de vida superior en promedio en tres años al resto de la población.
Las cifras oficiales indican que la previsión del déficit para el período julio-setiembre de este año es de US$ 50 millones. A su vez, las proyecciones de tendencia de resultados operativos acusan un promedio anual de US$ 100 millones de déficit, a contar desde este año y por cuatro años más.
Las 18 mil hectáreas de campo
Ante este escenario, se indica, el proyecto establece una serie de "ajustes". Entre ellos, nuevas tasas de aportación, una nueva escala de sueldos fictos y opciones de cambio de escala, plazos especiales de convergencia de regímenes, cambios graduales en la edad de retiro y causal anticipada por extensa carrera laboral, y ajuste de años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio.
Por otra parte, se señala que la inversión en activos fijos por parte de la caja incluyen 18 mil hectáreas de campo, con un valor "de libros" de US$ 72 millones, aunque el valor real será "significativamente menor". Estos campos generan unos US$ 2 millones de rentas forestales y ganaderas al año.
En paralelo, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento otro proyecto de ley para postergar las elecciones de la Caja de Profesionales, previstas para el 12 de julio. La nueva fecha planteada sería "no antes de octubre" y "no más allá de diciembre" de este año. Así, las actuales autoridades de la caja seguirán en funciones hasta la fecha en que asuman sus sucesores electos.
El cronograma de actividad de la comisión especial que comenzará a analizar el tema en Diputados continuará el viernes, con la presencia de las autoridades de la Caja de Profesionales, en donde la iniciativa del gobierno genera críticas. Este miércoles, un grupo de profesionales independientes se manifestaron ante la Torre Ejecutiva, protestando por algunos de los aspectos incluidos en el proyecto. Entre ellos, el incremento en la tasa de aportes de los activos.
La "bomba" la armó el gobierno
La oposición ha cuestionado la intención del gobierno de, según se afirmó, pretender la aprobación "exprés" de una ley a la que consideran de menor calidad que el proyecto que la administración Luis Lacalle Pou intentó promover sin éxito en 2023.
En el Partido Nacional, el diputado Pedro Jisdonian afirmó que este proyecto resulta "mucho más oneroso" que el anterior para los profesionales activos y pasivos. "Lamentablemente esta bomba, como le gusta decir a este gobierno, la armó cuando era oposición", dijo, en referencia a la salida propuesta en la pasada gestión. "No votó una solución que era imperiosa en ese momento, y ahora propone cargar de impuestos a los trabajadores", expresó. Jisdonian adelantó que su partido tratará en la discusión parlamentaria de "minimizar" este impacto.
En el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez consideró "inaceptable" la propuesta del gobierno que, según dijo, resulta mucho más dura que la planteada en 2023.
Para Rodríguez, queda ahora en evidencia que, si la izquierda hubiera apoyado en su momento ese proyecto, la Caja de Profesionales - y el Estado - tendrían hoy un margen de maniobra mucho mayor. "De esto, el culpable es el Frente Amplio", afirmó. El diputado colorado se mostró dispuesto a discutir una solución para la caja, pero sobre la base de lo que establecía el proyecto de 2023.