Señales de nuestro estancamiento

Anticipando las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se realizaron en Washington DC esta semana, ambas instituciones publicaron sus nuevas predicciones de crecimiento económico para los próximos años. El resultado era el esperado: si bien aún existe incertidumbre sobre el rumbo que tomará la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, el impacto sobre la actividad parece inminente. Para Chile, se anticipa una expansión cercana al 2% en 2025, un ajuste a la baja respecto de lo que se proyectaba hasta hace pocos meses y que dejaría el PIB creciendo en torno al nivel de tendencia. La cifra acercaría a la administración Boric a transformarse en la de peor desempeño en esta materia desde el retorno de la democracia.
En el caso del informe del FMI, también se presentaron proyecciones hasta 2030. Aunque es necesario ser cautos al interpretarlas, las tendencias y patrones no dejan de ser informativos.
El organismo proyecta un crecimiento promedio anual de la economía chilena, entre 2025 y 2030, de 2,22%. De concretarse las estimaciones, Chile solo superaría en América Latina durante este período a Venezuela, Bolivia -dos países que no cuentan con proyecciones más allá de 2027- y México (1,62%). Inmediatamente sobre nosotros se encontrarían Brasil (2,24%), Ecuador (2,27%) y Belice (2,4%). Uruguay (2,42%), Perú (2,58%) y Colombia (2,68%) siguen en la lista. Y en la parte superior, se destacan Paraguay (3,55%), Argentina (3,89%) y Panamá (4,0%).
En un eventual escenario de guerra comercial más prolongada y con crecientes represalias entre potencias, bajos niveles de crecimiento no ofrecen mayor protección. Esto debería forzar a los países a ser proactivos en generar alianzas y ampliar mercados. Tal instinto parece estar presente en los recientes esfuerzos de la administración Boric. Su viaje a India fue un buen ejemplo. Más recientemente, la visita a Brasil podría apuntar en la misma línea. Sin embargo, en este último caso, la insistencia en ser un representante de lo que el primer mandatario considera como el "progresismo", incluso sirviendo de sede para una eventual cumbre de este grupo, no necesariamente parece la mejor estrategia.
Tal como lo indican las cifras del FMI, desde un punto de vista de potencial de crecimiento, los dos más grandes países hoy cercanos a esa línea ideológica, México y Brasil, no se destacan por altos niveles de crecimiento proyectados hacia futuro. Colombia muestra cifras algo mejores, pero la administración Petro no ha logrado erradicar dudas y críticas en temas de alta sensibilidad para los inversionistas. Si Chile tuviese el tamaño y liderazgo para contribuir a la aceleración de estos países, el resultado sería virtuoso. Sin embargo, el riesgo de más bien mimetizarse debe ser evaluado.
A lo anterior se agrega la pública distancia entre la administración Boric y la de Javier Milei, en Argentina. En principio, los buenos resultados que está obteniendo el país vecino deberían ser un motor de crecimiento para Chile. Como fue ampliamente analizado en Washington, la nación trasandina ha logrado comenzar exitosamente el proceso de liberalización de su tipo de cambio, su sistema bancario muestra signos de activación importante y la inflación continúa una senda de desaceleración. Más aún -lo que hace poco hubiese sido impensado-, emerge como uno de los países de mayor crecimiento en 2025 en América Latina. Clave ha sido la implementación de un fuerte plan de ajuste del gasto público y una batería de reformas que apuntan a revitalizar el crecimiento de mediano plazo, de la mano del libre mercado. Dadas sus inmensas riquezas naturales, el potencial de dicha agenda seguramente atraerá a capitales foráneos.
Chile debería hacer mayores esfuerzos para ser parte de una eventual histórica recuperación trasandina. Buscar ser un oponente ideológico sin tomar nota de sus avances, sería signo preocupante de mediocridad y de comodidad frente al estancamiento interno.
Fallas institucionales en el debate fiscalOtro hecho económico importante, ahora en el Congreso Nacional, fue la presentación del esperado Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda (ver primer editorial). El foco ha estado en el incumplimiento de la meta fiscal durante 2024 y en las peculiares medidas paliativas presentadas.
Sin embargo, menos atención se ha puesto en los argumentos esgrimidos por Hacienda para, frente a sus errores de 2024, plantear la sustitución del Decreto de Política Fiscal (DPF) vigente.
La institucionalidad fiscal es clara en señalar en qué condiciones excepcionales dicho decreto puede ser reemplazado. Esto, vía una cláusula de escape, activada por "eventos extraordinarios y transitorios, ajenos al accionar propio de la administración", o por "otras causales extraordinarias que hagan necesario adecuar la meta de balance estructural".
Un error propio no debería ser considerado como "causal extraordinaria"; de otro modo, los descalces fiscales se configurarían como la regla y no la excepción. La ley indica con claridad que un incumplimiento obliga a "acciones correctivas", pero no sugiere un permanente reemplazo del decreto en cuestión. De aceptarse sin más los argumentos de Hacienda, cualquier administración no solo podría incumplir regularmente la meta autoimpuesta, sino que reescribirla discrecionalmente cada año.
Así, la sustitución del DPF no hace más que desvirtuar nuestra regla de balance estructural. Es un retroceso en nuestra institucionalidad económica. El Consejo Fiscal Autónomo tiene la obligación de pronunciarse.