Cuestión de credibilidad

La suspensión de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Colombia, anunciada el pasado fin de semana, ratifica el nublado panorama de finanzas públicas que atraviesa el país. El condicionamiento del organismo al cupo para emergencias de US$8.100 millones se suma a una larga serie de alertas y advertencias sobre el desbarajuste fiscal bajo la administración Petro. Más allá de las respuestas del presidente de la República- "Vienen los vampiros, pero los vampiros desaparecen ante el sol, Georgieva", trinó Petro- lo cierto es que la revisión de rutina del FMI sobre el estado de la economía nacional está tomando más de lo normal. Aunque el FMI reconoce aspectos como la caída de la inflación, la dinámica de expansión de la economía y la recuperación paulatina de la inversión, "las restricciones de liquidez contribuyeron a una acumulación de rezagos presupuestales (2,8% del PIB)". En otras palabras, un hueco de $48 billones que, junto a otros rubros, sostiene un alarmante desequilibrio en las cuentas públicas. El problema radica en que el plan de ingresos y gastos que el Gobierno ha presentado como estrategia de estabilización a esta crisis no está generando confianza dentro de los mercados, las calificadoras y demás agentes de la economía. Es, en el fondo, una cuestión de credibilidad. Suspendida o perdida definitivamente esta línea de crédito, los efectos de la decisión del FMI no son más que un reflejo de la gravedad de la situación fiscal de Colombia. Mientras en 2024 el déficit en las cuentas públicas alcanzó el 6,8% del PIB -el tercero más alto en 20 años y sin pandemia- la meta para 2025 (5,1%) no luce alcanzable. En especial, ante el débil compromiso del Gobierno en el recorte en el gasto público en las dimensiones requeridas para mitigar la brecha. Al contrario, un reciente pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) afirma que el recaudo tributario no está creciendo al ritmo necesario para las metas propuestas y que el gasto público durante el primer trimestre del año está "significativamente por encima del promedio de gasto en los últimos cinco años". La magnitud del desequilibrio es tal que el creciente recaudo por impuestos y los anunciados recortes no son suficientes. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confía en que mejoras en el recaudo en meses recientes y los esfuerzos en gasto desde diciembre pasado brinden esos recursos que reduzcan el faltante. No obstante, esta ruta -que implicaría ‘tijeretazos’ en los gastos del Gobierno por más de $30 billones- no ha podido despertar la necesaria credibilidad. Las razones son múltiples: desde el desbarajuste en las cuentas hasta la salida del anterior ministro de Hacienda luego de pocos meses en el cargo, pasando por los mensajes contrarios a la austeridad en momentos de una campaña electoral anticipada por la Casa de Nariño. Las consecuencias de haber perdido ese cupo de emergencia sobrepasan las señales de desconfianza para reflejarse en un elevado costo en el endeudamiento, un deterioro en el riesgo país y una mayor incertidumbre. Si bien los márgenes de maniobra continúan reduciéndose en medio de estas alertas fiscales disparadas, aún tiene espacio el ministerio de Hacienda para adelantar un ‘apretón’ de gasto que recupere esa credibilidad.