Pesquera PacificBlu anuncia cierre tras reducción de cuota de extracción de merluza común en el Congreso

Marcel Moenne, gerente general de la pesquera PacificBlu, uno de los mayores operadores de ese recurso -donde participan las familias Sarquis, Santa Cruz y Stengel-, advirtió hace unos días en entrevista con "El Mercurio" que "nos están forzando a cerrar la empresa" si bajaba la cuota de merluza común a una cifra inferior al 57% en el marco de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de fraccionamiento. Esta iniciativa, que impulsa el Gobierno, reduce los porcentajes de extracción para el rubro industrial y los aumenta para el artesanal.
Anoche, esta compañía con sede en Talcahuano -que nació en 2014 como una asociación entre Blumar, Pesquera Biobío y Congelados Pacífico- concretó esa advertencia y anunció que cerrará sus operaciones a partir de 2026.
La noticia se conoció un par de horas después de que la comisión mixta parlamentaria que ve las últimas discrepancias relacionada al proyecto de fraccionamiento, aprobara la última propuesta del Ejecutivo para la merluza común, que establece una cuota de 48% para el sector industrial y de 52% para los artesanales. En la ley vigente desde 2013, los industriales tienen una fracción del 60% en esta pesquería y los artesanales el 40%.
"Esta decisión, adoptada este miércoles en el Congreso, hace inviable la continuidad de nuestras operaciones en las condiciones actuales, un hecho que advertimos formalmente al Gobierno en reiteradas ocasiones y de manera pública con argumentos técnicos, económicos y sociales fundados", explicó Marcel Moenne en un comunicado.
La firma añadió que con este nuevo fraccionamiento, más de 800 trabajadores -63% mujeres- de manera directa, y otros 2.400 de manera indirecta, se verían afectados con el cierre de la empresa. PacificBlu posee dos plantas, una de congelados de merluza y otra de apanados, y abastece de sus productos elaborados a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entre otros. Hace unos años, la firma se vio afectada con la ley de la jibia, que impidió su captura con técnicas industriales e implicó que 374 trabajadores de la compañía perdieran sus empleos.
Moenne cuestionó los argumentos que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó ayer en la comisión mixta. "Durante la sesión mostró cifras de desembarque que señalaban que la industria logró capturar en 2024 solo el 61% de las cuotas cuando el dato real es de un 93%. Con esta información errónea argumentó que una baja en el fraccionamiento industrial no generaría falta de cuota para la operación de la compañía ni afectaría el empleo, lo que no es efectivo, ya que históricamente hemos capturado el 99% de nuestras cuotas".
PacificBlu ha señalado que no puede proyectar sus operaciones comprando merluza a los artesanales, pues necesita acceder a la pesca de forma continua en el año y eso lo hace con sus barcos que pueden operar en condiciones climáticas adversas.
El gremio Pescadores Industriales del Biobío señaló que "el dramático cambio en el fraccionamiento de la merluza común aprobado es un durísimo golpe a la comuna de Talcahuano. PacificBlu, la única empresa que procesa este recurso en Chile, cerrará sus puertas en 2026 de mantenerse las actuales condiciones del recurso merluza, tal como lo informó su administración. Esto es muy triste y doloroso, pues el Gobierno presentó un plan de industrialización para esa comuna tras el cierre de Huachipato, que hoy recibe un golpe en su línea de flotación por parte del propio Gobierno".
Acciones judiciales y visión del Gobierno
La decisión de PacificBlu se conoce en medio de anuncios de pesqueras industriales de emprender acciones judiciales ante el perjuicio que les generaría la futura ley. La empresa Landes, ligada a la familia Fosk, asesorada por el estudio Barros & Errázuriz, dio el primer paso y solicitó una medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos contra el fisco en el 26 Juzgado Civil de Santiago. Camanchaca, relacionada a la familia Fernández, contrató al abogado Jorge Bofill para evaluar los escenarios legales.
Ayer en la tarde, tras concluir la sesión de la comisión mixta, Julio Salas comentó que "la merluza era una pesquería muy difícil y muy importante tanto para el sector industrial como para el sector artesanal y a nuestro juicio se logró una decisión muy equilibrada con una asignación del 52% para la pesca artesanal y de 48% para la industria lo que va a permitir el desarrollo equilibrado de ambos sectores".
Salas valoró el "amplio acuerdo" en el Congreso sobre el fraccionamiento en 22 pesquerías.
Anchoveta y traspié
En la reunión de las 11:00 AM, la comisión la zanjó el fraccionamiento para anchoveta y sardina española entre Arica y Coquimbo. Ello, con un mecanismo dinámico, que parte en 55% para los artesanales y 45% para los industriales. Los primeros pueden subir hasta el 85%, con alzas anuales de 10 puntos porcentuales si cumplen las metas de extracción. Los segundos pueden bajar hasta el 15% si no logran su objetivo de pesca (debe extraer al menos el 90% del volumen asignado).
Por otra parte, el Ejecutivo sufrió un traspié ayer en su intención de que el Congreso aprobara la subasta del crecimiento anual de la cuota de jurel para financiar el proyecto de fraccionamiento pesquero, en particular la merma en los ingresos fiscales por la baja en los porcentajes de extracción para la industria, según ha estimado el Gobierno.
Los parlamentarios de la comisión mixta rechazaron la nueva propuesta del Gobierno para licitar el aumento de las cuotas del jurel. El subsecretario Salas planteó ayer una nueva idea que consistía en licitar el 10% del incremento anual del jurel y no el 15% como hasta ahora se pretendía. Además, las subasta se realizarían en los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley y su duración sería por 15 años y no 20 como la propuesta previa. También se destinarían $2.500 millones a programas de capacitación y becas de estudios superiores orientadas a los trabajadores del rubro industrial y otros $2.500 millones para investigación científica en pesca. Este monto fue considerado bajo por algunos parlamentarios.
El subsecretario señaló que el próximo lunes el Ejecutivo planteará otra fórmula de financiamiento. Una opción sería la señalada por el diputado Leonidas Romero (independiente) sobre gravar los traspasos de cuotas internacionales de jurel a Chile.
Según estudios encargados por la industria pesquera a expertos -Patricio Arrau y Andrés Couve- el proyecto estaría financiado sin licitación del jurel.
Pesquerías
Un total de 22 pesquerías abordó el proyecto de fraccionamiento, definiendo nuevas cuotas de extracción en estos recursos.