La Nación, Costa Rica
9 de mayo de 2025
El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), acusó al gobierno de Rodrigo Chaves de presuntamente favorecer a un financista de su campaña presidencial para desarrollar un residencial en el corredor biológico Paso la Danta, en Portalón de Savegre, en el cantón de Quepos.
El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), acusó al gobierno de Rodrigo Chaves de presuntamente favorecer a un financista de su campaña presidencial para desarrollar un residencial en el corredor biológico Paso la Danta, en Portalón de Savegre, en el cantón de Quepos.
Se trata de Christian Arce Carranza, uno de los mayores financistas de la candidatura de Chaves, quien figura como apoderado de la empresa que estaría desarrollando un proyecto urbanístico dentro de un bosque. La Fiscalía Ambiental de Osa logró una medida cautelar para detener las obras, como parte de una investigación judicial.
Arce compró bonos por valor de ¢231 millones a la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en marzo de 2022, por los cuales pagó ¢150 millones, debido a un descuento recibido por la agrupación.
Ese mismo año, ya durante el gobierno de Rodrigo Chaves, la firma Friends of Portalón, de la que Arce aparece como apoderado, recibió la viabilidad ambiental de parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para construir en el bosque, dentro del corredor biológico.
Ariel Robles, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía por alertas que recibió de parte de vecinos de la región, aseguró que se nota un modus operandi muy similar al presunto favorecimiento dado al empresario Allan Pacheco Dent para tala de árboles dentro del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo.
"Pareciera que a la gente que pone plata en la campaña o apoyan a Rodrigo Chaves, les entregan los bosques donde quieran pedirlos. Hay una similitud completa entre el caso Portalón con el comportamiento que se tuvo con Gandoca-Manzanillo", indicó.
El frenteamplista agregó que los dos casos implican a empresarios cercanos a Zapote, máxime que Arce directamente fue financista de la campaña del mandatario.
Robles cuestionó que, cuando él hizo las respectivas solicitudes de información al ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, y al secretario general de Setena, Andrés Cortez, ellos negaron que hubiera solicitudes de viabilidad ambiental para las fincas en que Arce pretendía desarrollar su proyecto inmobiliario.
En la denuncia presentada por Robles, él acusó que dijo que Arce estaría a cargo de la empresa constructora New Age Construction, aparentemente encargada del proyecto inmobiliario Amanecer de Portalón.
"La Setena no hizo una sola visita, no enviaron un solo técnico a revisar lo que está pasando y, aun así, le entregan la viabilidad ambiental a este empresario, financista de la campaña de Rodrigo Chaves, empresario oficializado en el expediente de la Setena", puntualizó el legislador del FA.
El congresista agregó que la Fiscalía tiene que poner atención para determinar si estos permisos entregados al financista de Chaves podrían ser "un pago de favores más del gobierno".
Los supuestos delitos investigados por la Fiscalía Ambiental de Osa son cambio de uso de suelo, tala ilegal, aprovechamiento ilegal de recursos forestales, usurpación de aguas, destrucción de vegetación dentro de un área de protección, tala en área de protección y falsedad ideológica.
En agosto de 2024, la Setena y el Minae le negaron al diputado conocer que en el sitio hubiera proyectos inmobiliarios en trámite, aunque la viabilidad ambiental se habría otorgado dos años antes, en diciembre de 2022.
Pese a ese supuesto desconocimiento de la Setena y el Minae sobre lo que estaba sucediendo en Portalón, la Municipalidad de Quepos sí había descubierto obras sin permiso, gracias a inspecciones que realizó en el sitio.
Por ejemplo, se detectaron movimientos de tierra, la construcción de un muro de retención, cunetas y estructura de base para tanques de agua, por lo que se ordenó detener las obras.
Esta semana, la Fiscalía Ambiental de Osa informó de que ordenó a la empresa responsable eliminar las obras que se ejecutaban en una quebrada y permitir la restitución de las áreas de protección de los cuerpos de agua afectados, así como realizar obras de mitigación para prevenir deslizamientos o derrumbes en las zonas intervenidas.
