Inmunidad parlamentaria: en contra

Por Fundador de Comité y cofundador de Recambio

La inmunidad parlamentaria vuelve a estar en debate como resultado de un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso que plantea restablecerla, cuatro años después de haber sido sensatamente eliminada. Es una propuesta que merece ser rechazada por lo que argumento a continuación.

El principio de separación de poderes es una característica ineludible de toda democracia. Este se lleva a la práctica no solo en la forma en que se estructura el Estado, sino en el sistema de pesos y contrapesos constitucionales que permite que los poderes del Estado se controlen entre sí y que ninguno pueda imponerse arbitrariamente sobre los demás.

La inmunidad parlamentaria es una figura legal pensada en aquellos casos excepcionales en los que una minoría política que ejerce la oposición al gobierno desde el Congreso es víctima de persecución política por parte de ese mismo gobierno, sea utilizando directamente a la policía o al sistema de justicia, si acaso logra cooptar al Poder Judicial.

Pensando en un supuesto así de excepcional pero crítico, porque podría revelar la ruptura del orden democrático, es que se le garantizó históricamente a los congresistas un trato privilegiado, que imposibilitaba procesarlos penalmente o encarcelarlos sin una autorización previa del pleno del Congreso.

A este último no le tocaba pronunciarse sobre la imputación de fondo, a manera de adelanto de sentencia, sino solo evaluar si había persecución política. Si no existía, simplemente se apartaba del camino y dejaba que la denuncia siguiera su curso normal en la vía judicial.

¿Puede configurarse en el Perú un escenario de persecución política que justifique una protección de este tipo? Sí es posible. Pero mi objetivo aquí no es decirles que esta es una figura problemática en todos los supuestos, sino hacerles ver que, en el actual contexto peruano, es muy claro que está siendo subvertida en contra de su finalidad y espíritu.

Fíjense. Lo que ha caracterizado a la política peruana en estos últimos tiempos no es la confrontación destructiva que sí tuvimos años atrás, sino una suerte de colaboración entre sectores políticos que, si bien diversos, estaban alineados en su interés en debilitar al sistema de justicia, por tener estos en sus filas a personas con cuentas por rendir ante las cortes penales.

Tales sectores aducen ser víctimas de persecución política, pero curiosamente no identifican como victimario al gobierno de turno, sino a una suerte de complot en las sombras que, ellos creen, ejerce un dominio inquebrantable sobre jueces y fiscales.

Yo pienso que el sistema de justicia peruano ha cometido excesos visibles (prisiones preventivas injustificables, acusaciones con tipos penales mal empleados) que le han servido a estos sectores para construir, de cara a sus audiencias, una narrativa de persecución política.

Pero visto el argumento en su integridad, no convence. Suena poco creíble decir que, habiendo un entendimiento o cuando menos un pacto de no agresión entre el Congreso y el gobierno actuales que todavía no ha sido roto del todo, ambos poderes operando en tándem sean las víctimas en esta historia.

Mucho más verosímil es inferir que se han puesto de acuerdo para atar de manos o incluso capturar instituciones autónomas relacionadas con la administración de justicia, con el daño colateral de que, al perseguir esta agenda, han servido al interés de la criminalidad en general.

Restablecer la inmunidad parlamentaria sería un avance más en este cometido de crear espacios de impunidad, que tiene además como efecto hacer que la política sea más atractiva para los criminales. No debe pasar.