Renuevan la concesión de la Minera El Roble

La Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa Minera El Roble S.A. definieron las condiciones para renovar el contrato de concesión para la explotación de cobre en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó). El acuerdo, cuyo proceso de negociación tardó cerca de un año y medio, se regirá bajo los términos de la Ley 685 de 2001 y tendrá una vigencia de 30 años. Según la ANM, el contrato iniciará con contraprestaciones adicionales a la regalía en favor de la Nación y la comunidad por aproximadamente $7.000 millones anuales. A lo anterior se le suma, que el titular deberá actualizar su programa de trabajos y obras (PTO) e iniciar el proceso de licenciamiento ambiental con base a la normativa, tarea para la cual cuenta con un plazo de un mes. Ahora bien, además de pactarse el pago de regalías, como establece el actual código de minas, se pactaron otras contraprestaciones económicas. Esto considerando que los minerales objeto del acuerdo, entre los que se incluyen el oro y el cobre, fueron declarados estratégicos con la expedición de la Resolución 1006 de diciembre de 2023. ¿Qué más se pactó? La Agencia informó que fruto de las negociaciones se definió incluir dos contraprestaciones económicas adicionales para la Nación por concentración o tenor de minerales extraídos y precios altos, que en las condiciones actuales significan recursos por alrededor de $5.300 millones anuales. El monto podría incrementarse de manera anual durante el término de duración del contrato, teniendo en cuenta las condiciones de desarrollo del proyecto y del mercado. Por esa misma línea, se acordó otra retribución, a la que se le denominó derecho económico social para las comunidades. Esta contraprestación corresponde a la destinación por parte del titular de $1.671 millones en el primer año para la inversión social en Carmen de Atrato, cifra que se actualizará año a año con base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Especificó que, de ese valor, el 67% será para la inversión en proyectos de alto impacto social para el beneficio general. Aquí, las comunidades tendrán oportunidad de elección con el acompañamiento de las autoridades locales. El 33% restante, será invertido por la empresa en sus programas de gestión social.