Batalla legal por aranceles

El fallo de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos que declaró ilegales buena parte de las alzas de aranceles decretadas por el Presidente Donald Trump en el llamado "día de la liberación" muestra que la legalidad de las acciones de ese gobierno es, a lo menos, controvertible. Por lo mismo, la incerteza jurídica acompañará a la incerteza económica por los próximos meses. Esta alta incertidumbre se reafirmó con la resolución dictada al día siguiente por una corte de apelaciones del circuito federal, la cual suspendió la aplicación del primer fallo, manteniendo las tarifas hasta que sean vistos los antecedentes de la parte querellante y los del gobierno de Estados Unidos, lo que sucedería en las próximas semanas.
El debate legal ya había sido anticipado por muchos analistas, los que argumentan que el Presidente Trump ha sobreinterpretado las atribuciones extraordinarias que diferentes cuerpos legales le otorgan para establecer aranceles u otras medidas ante riesgos para la seguridad nacional. El fallo de la Corte de Comercio Internacional efectivamente sostuvo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, invocada por Trump, no le permite imponer los aranceles recíprocos, si bien no cerró la puerta a que existan otras normativas bajo las cuales estos aranceles puedan ser justificados.
Aunque los mercados reaccionaron positivamente al fallo inicial, la resolución de la corte de apelaciones revirtió el optimismo. Ello puede entenderse como una reacción no solo a la reinstalación de las tarifas (las que en teoría empezarían a regir en los primeros días de julio), sino también a la dura batalla legal que empieza a configurarse. Y es que análisis más detallados sugieren que los espacios para que el gobierno justifique legalmente esta política no se encuentran cerrados. Más aún cuando todo indica que, más allá de movimientos tácticos en sus decisiones, Trump está efectivamente convencido de que su estrategia arancelaria es necesaria y seguirá adelante con ella. Es posible que las sentencias judiciales afecten dicha estrategia, pero no parece razonable esperar que cortes de primera instancia logren frenar una política pensada y estudiada con tanto ahínco por la Casa Blanca.
Posiblemente, todo esto terminará en la Corte Suprema, y no será fácil lidiar con la incertidumbre que su decisión implique, tanto si valida los aranceles como si los declara ilegales. El gobierno de Trump, por su parte, parece confiar en que el máximo tribunal terminará favoreciendo su posición. Pero, aun en caso de que ello no fuese así, más que aclarar la situación, una contienda entre poderes del Estado podría contribuir a una todavía mayor incertidumbre.