Inefectividad del Estado

Como una nueva muestra de la inefectividad del Estado -largas esperas por cirugías en los hospitales públicos, precariedad de la enseñanza primaria y secundaria, funcionarios que simulan licencias médicas para tomar vacaciones, entre las más notorias-, se presenta ahora el caso del puente Lo Saldes. Durante casi cinco meses luego de detectarse desprendimientos en sus losas, la ciudadanía no tuvo claridad respecto de la exacta naturaleza del problema, ni cuándo comenzarían las reparaciones o cuánto tiempo tomarían; ello, pese a que inicialmente se habló del plazo de un mes. Ahora, sin embargo, se ha conocido que en estos meses los trabajos -aparte de la instalación de vigas de estabilización- fueron mínimos y las obras de reparación empezarán recién en julio. El puente se encuentra bajo la responsabilidad y coordinación del Ministerio de Obras Públicas; cruza por encima del eje oriente de la Costanera Norte y sirve además de acceso al eje Kennedy del mismo sistema vial.
Para una ciudad compleja como Santiago, el que una de sus principales vías de circulación vehicular vea interrumpida una de sus salidas en un sentido y estrechado su recorrido cuando se transita en el sentido contrario es un problema importante, por los atochamientos que provoca, y porque estos repercuten negativamente en otras partes de la red, impactando los flujos vehiculares de Vitacura, Las Condes y Providencia. La crítica no proviene de la aparición de problemas estructurales -ellos pueden ocurrir, y es valorable que se hayan detectado a tiempo-, sino de que hayan transcurrido casi cinco meses desde que se interrumpiera el tránsito en ese lugar, sin alguna claridad de cuándo y cuánto tiempo demoraría la reparación. Solo en estos días, casi 20 semanas después y luego de que la prensa encendiera alertas, el MOP ha anunciado que las obras empezarían en julio y se prolongarían hasta mediados de septiembre. No parece la manera de responsabilizarse y coordinar la reparación de una vía de esta importancia.
La inefectividad del Estado para otorgar sus prestaciones es algo que la población constata a diario. Probablemente sus causas residan en el tipo de incentivos con que los funcionarios públicos desarrollan su labor, que surgen del carácter burocrático y excesivamente reglamentado del marco que los rige, así como de las dificultades existentes para desvincular a quienes no trabajen adecuadamente. Por eso, quienes persisten en proponer soluciones estatales para los problemas que enfrenta la ciudadanía harían bien en reflexionar al respecto, y dejar al Estado la fiscalización de tareas que, en muchos casos, el sector privado puede gestionar de mejor manera.
El caso del puente Lo Saldes es un ejemplo más del mismo ya cotidiano problema.