El destape de Petro

En el mes de junio el presidente Petro destapó su talante autoritario que muchos detectamos desde hace un buen tiempo. Actuó en contra del ordenamiento constitucional con el famoso ‘decretazo’ para convocar una consulta popular y el anuncio de que llamaría al pueblo para realizar una asamblea popular constituyente. El Presidente lo había insinuado desde abril de 2023, cuando ajustó el gabinete para deshacerse de aquellos ministros con inclinaciones liberales. Sus amigos buscaron horadar la Constitución en búsqueda de la ranura que le permitiera actuar. Como no la encontraron, plantearon las consultas populares dizque para romper el bloqueo institucional y, como tampoco tuvieron suerte, el Presidente lanzó la idea de la papeleta para que el "próximo gobierno y el Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho de justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz" (EL TIEMPO, 21-6-2025, p. 1.4). La convocatoria a la asamblea constituyente popular sin acudir a las normas constitucionales es, como lo han afirmado al unísono todos los juristas de este país, abiertamente inconstitucional. Pasar por encima del Congreso es dejar de lado la institucionalidad propia de una democracia, para transitar hacia una dictadura. Es un desafío a los colombianos. Se intentaría imponer un modelo que concentre todo el poder en el Estado y destruir al sector privado bajo el argumento de que solo de esta manera se lograría poner fin a las élites privilegiadas, esclavistas y asesinas, enemigas de la equidad y la justicia social. Es la nostalgia del viejo comunismo que, rescatado por Hugo Chávez en Venezuela, terminó en el colapso de ese país, convirtiéndolo en una cleptocracia. El inaudito espectáculo del Presidente en la tarima de Medellín rodeado de presos sacados de las cárceles -otra acción presuntamente ilegal- señaló a las claras, además, que Petro quiere incorporar a la política a las estructuras criminales que detentan el poder en muchas de las regiones del país, enfrentándolas con quienes han sido elegidos democráticamente para imponer el orden y la seguridad pública a lo largo de la geografía colombiana. * * * * La Constitución de 1991 se defiende por sí sola y por sus logros en 34 años. No es perfecta, como no lo es ninguna. Pero no es la causante de los males del país. La intención, como lo describe el abogado Andrés Caro en una carta que le dirigió al presidente Petro y publicó La Silla Vacía hace una semana, es: "Dividir al país entre dos lealtades; una la de la Constitución y sus formas, a sus promesas y a sus instituciones (imperfectas, sí, y mejorables), y una lealtad del Presidente de la República que, azuzado por un ministro de Justicia que defiende una postura no solo equivocada sino realmente minoritaria, y tan peregrina como perturbadora, se ha puesto como árbitro constitucional, como intérprete único del pueblo y como acaparador último del poder político". Vienen días, semanas y meses muy delicados para Colombia. Un presidente empeñado en desviar la atención para que no se discutan los pésimos resultados de su gestión como gobernante. La inseguridad y la crisis de la ‘paz total’ que afectan diariamente a los ciudadanos en todas las regiones del país. El deterioro del acceso a la educación, la salud y la vivienda. Y una crisis ad portas de energía de grandes proporciones. En estas circunstancias y ante la amenaza de la dictadura, el llamado no puede ser otro que el de apoyar el funcionamiento de las instituciones, de las cortes, del Congreso, de la Registraduría, para tener en 2026 unas elecciones limpias, ajenas a cualquier duda, y contar con un gobierno que mejore la calidad de la vida diaria de los colombianos.
Autoritarismo
Carlos Caballero Argáez