Estados Unidos acaba de llegar a un acuerdo en el seno del G7, dejando claro que el panorama fiscal internacional ya sufrió una transformación radical.
Por Carlos Loaiza Keel/abogado tributario y corporativo No es la primera vez que abordamos el tema del Impuesto Mínimo Global o GloBE, su acrónimo en inglés en este espacio de #ConsultorTributario. Y no es casualidad, pues este fenómeno puede afectar potencialmente a los regímenes fiscales promocionales que explican un número relevante de inversiones en nuestro país, que representan al día de hoy cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y permitieron crear decenas de miles de empleos de alta calificación, según estimaciones de expertos.
Precisamente por esto es que organizamos un evento el 7 de mayo pasado en la Universidad de Montevideo, que puso foco en el potencial impacto del GloBE sobre los regímenes fiscales promocionales de Uruguay, con la presencia de Álvaro Romano, director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, y quien lidera desde hace años en el gobierno las negociaciones internacionales en la materia, y la del prestigioso experto y profesor del King's College de Londres, Leopoldo Parada.
Al introducir a los expositores, llamé la atención sobre el giro de Estados Unidos frente al GloBE, desde aquel apoyo sin fisuras de la administración de Joe Biden, que colocó nada menos que a Janet Yellen como interlocutora con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la intempestiva salida del "Tax Deal" por parte de la nueva administración de Donald Trump apenas luego de asumir funciones. Ello alentó de hecho a muchos conocedores en la materia a sugerir una estrategia de wait and see para países como Uruguay, según la expresión inglesa. En síntesis, que convenía esperar y ver qué sucedía para no dar pasos en falso.
Pues ahora llegan nuevas noticias, que parecen confirmar lo que también decíamos en este espacio en la primera edición del año en marzo, al sostener que en muchas decisiones de la nueva administración estadounidense, la lógica que existe es la transaccional, algo consistente con la biografia e historia de Trump en el mundo de los negocios. Escribíamos entonces que: "cada medida busca ser un golpe de efecto para dar lugar a una renegociacio?n de te?rminos o cambiar el balance de poder en una negociacio?n en curso."
Ahora Estados Unidos acaba de llegar a un acuerdo en el seno del G7, dejando claro que el panorama fiscal internacional ya sufrió una transformación radical, dejando atrás un modelo multilateral para ver renacer uno de nacionalismo tributario, donde grandes potencias como Estados Unidos, China o India, imponen sus propias reglas, o al menos rechazan que otros países u organismos se las pretendan imponer.
Por el nuevo acuerdo, Estados Unidos se comprometió a eliminar la Sección 899 del Internal Revenue Code (IRC) de su proyecto legislativo conocido como "One Big Beautiful Bill" , aprobado esta misma semana, a cambio de la aceptación por parte de las otras potencias del acuerdo de la coexistencia lateral de su propio régimen de tributación mínima corporativa, el icónico GILTI, con el GloBE (lo que le confiere una ventaja competitiva, pues no es un régimen tan expansivo para sus empresas).
¿Qué suponía la temida Sección 899? Podía implicar incrementos progresivos de hasta 20 puntos porcentuales (reducido al 15 en su versión enmendada por el Senado) en los impuestos aplicables a personas físicas y entidades controladas por residentes de jurisdicciones que aplicaran impuestos considerados "injustos" para Estados Unidos, el GloBE y la conocida como "Tasa Google". Para muchas empresas europeas esto era una verdadera amenaza existencial, por su exposición al mercado estadounidense.
¿Y qué logró Estados Unidos por el acuerdo? En resumidas cuentas, que le convaliden su GILTI como un GloBE y por tanto que no le apliquen las consecuencias del último a sus grupos multinacionales.
El secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann, no tardó en recibir calurosamente la noticia del acuerdo, para lo que parece ser una distensión de la amenaza, pero la preocupación de los agentes económicos por este tema está lejos de disiparse. ¿Por qué? Muchos consideran que con este acuerdo se ha terminado de romper la confianza en el multilateralismo en materia tributaria internacional, y dan por sentado que las empresas enfrentan a futuro un entorno de alta volatilidad normativa, alianzas débiles entre países, amén de coerciones y represalias impredecibles por parte de los Estados más poderosos, circunstancias evidentemente nocivas para el buen clima de negocios y la inversión. Por ejemplo, los impuestos a los servicios digitales, la "Tasa Google", han quedado fuera del acuerdo y podrían generar noticias en el corto plazo, por ejemplo si Estados Unidos decide aplicar sanciones a los países que la aplican por medio de aranceles así lo anunció en el caso de Canadá.
Pero hay algo todavía más desafiante de este nuevo entorno que pesa especialmente sobre las autoridades y empresas de la Unión Europea: que son conscientes de que tienen una institucionalidad compleja y una burocracia lenta que no les permite responder con agilidad, pues muchas veces requiere construir unanimidades o consenso amplios, todo lo que deriva en una desventaja competitiva.
Algo que no es nuevo y ya ha generado desazón en otras áreas como la regulación de la Inteligencia Artificial o Biotecnología. En pocas palabras, que el exceso regulatorio se traduzca en pérdida de competitivad.
No en vano la Confederación Fiscal Europea (CFE), que representa a 33 asociaciones de asesores fiscales de 28 países europeos, propuso recientemente una "pausa temporal" en la aplicación del GloBE por parte de la Unión Europea, argumentando que la implementación actual es inoportuna y perjudica la competitividad de las empresas europeas.
La CFE señala que la falta de consenso global, y particularmente la ausencia de normas internas aprobadas por Estados Unidos, China e India, es un factor clave que socava la efectividad y equidad del proyecto, y advierte que la situación actual podría crear "distorsiones competitivas" que afecten negativamente la inversión en Europa. Ya en diciembre de 2023, un informe de la CFE señalaba que la "excepcionalidad" de EE. UU. respecto GloBE era un "sustituto incierto", lo que debilitaba su alcance y equidad. El nuevo acuerdo del G7 termina de dejarlo claro.
¿Qué deben hacer los países como Uruguay?
En este nuevo mundo fiscal, en el que vuelve a emerger el nacionalismo tributario liderado por potencias como Estados Unidos o China, y Europa teme perder competitividad por el exceso regulatorio, cualquier aproximación rigurosa y eficiente de los aspectos fiscales por parte de una empresa multinacional requiere de un abordaje mucho más sofisticado e híbrido, a la vez económico y geopolítico.
Los modelos de negocio multinacionales deben ser más flexibles y resilientes, con capacidad de adaptación a cambios normativos abruptos, que responden más a consideraciones de diplomacia y alta política exterior, antes que a la lógica económica.
Muchas empresas ya se encuentran abocadas a diseñar tests de estrés en materia tributaria internacional, que contemplen los más diversos escenarios de medidas unilaterales y evalúen la exposición de sus estructuras y objetivos corporativos ante esos escenarios.
¿Y los países no centrales, como es el caso de Uruguay? Pues sin dudas no les basta esperar y ver qué sucede. Es preciso anticiparse, incluso si el resultado es finalmente no hacer. El GloBE es ya una normativa exigible para muchos grupos multinacionales que operan en Uruguay y hay que brindarles certezas.
Pero tampoco es buena idea establecer fórmulas rígidas, que no sean sensibles a la realidad de cada grupo o a la posible evolución del fenómeno a nivel internacional. De lo contrario, se corre el riesgo de desincentivar a los inversores actuales o perder competitividad para captar nuevas inversiones, algo esencial para una agenda de crecimiento. Es mucho lo que está en juego.
El País, Uruguay
6 de julio de 2025
