EL INFORMANTE

La muerte no esclarecida de José Miguel Castro, a pocas semanas del juicio contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, abrió la discusión sobre el impacto del hecho en el proceso. También sobre la teoría del suicidio, pues el cadáver presentaba una herida de 14 centímetros en el cuello, como resultado ?en esa hipótesis? de un cuchillo muy tajante y de una gran determinación, algo difícil de ver. Una tercera discusión es qué motivos habría para que se quitara la vida u otros quisieran matarlo. Hay un mismo trasfondo para ambas posibilidades: lo que diría respecto de la entrega y el uso que se dio a más de US$11 millones por parte de las constructoras OAS y Odebrecht, para dos campañas políticas de Villarán cuando fue alcaldesa (2011-2014). Castro, el gerente municipal que gestionó los fondos, sabía demasiado.

El filo de este primer juicio (hay más en ciernes), deriva, por un lado, de que es el mayor proceso por corrupción que enfrenta una corriente de la izquierda peruana rodeada de un halo de honestidad y buenismo político. De otra parte, los líderes de otros sectores comprometidos con aportes supuestamente ilícitos de las compañías brasileñas lo pasaron peor que Villarán a manos del equipo fiscal de Lava Jato del Ministerio Público, aliado con jueces de primeras instancias. Keiko Fujimori estuvo arbitrariamente detenida, lo mismo que Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, según dijo el Tribunal Constitucional. Alan García terminó suicidándose luego de un cerco judicial, y Pedro Pablo Kuczynski sufrió una persecución implacable. Aunque Villarán también estuvo detenida, existe una controversia respecto de la imparcialidad de los magistrados a cargo de la investigación, José Domingo Pérez y su coordinador, Rafael Vela. Sin embargo, el procesamiento de la exalcaldesa será complejo, y más todavía luego de la muerte de José Miguel Castro.

Odebrecht admitió haber donado un total de US$4?193,816 para que la alcaldesa Villarán afrontara exitosamente su campaña contra el pedido de revocatoria (2013), y luego obtuviera los votos necesarios ?empeño inútil? para ser reelegida (2014). Con iguales fines OAS entregó, en los mismos años, US$7?000.000. La fiscalía sostiene que las empresas realizaron aportes para beneficiarse con los contratos que suscribieron con la municipalidad. Odebrecht arguyó que sus contribuciones para las campañas no fueron delictuosas y representantes de OAS tampoco reconocieron pagos ilícitos. La exalcaldesa y su entonces gerente, los principales funcionarios involucrados, sostuvieron que no hubo quid pro quo. En su famoso mea culpa del 2019, en radio Exitosa, Villarán admitió haber recibido el dinero, pero no haberse aprovechado personalmente. En cuanto a Castro, que también estuvo en prisión, nunca habló públicamente, y ante la fiscalía negó haber participado en beneficios ilegales para las compañías. Pero en términos ambiguos y hasta contradictorios.

Odebrecht y la administración Villarán suscribieron en el 2012 un contrato para construir y operar 115 kilómetros del proyecto Rutas de Lima, en dos tramos de la Panamericana y en la avenida Ramiro Prialé. En el 2016, Odebrecht vendió a Brookfield su concesión, manteniendo el 25%. En el 2018, durante la segunda gestión del alcalde Luis Castañeda, Brookfield denunció a la municipalidad ante un comité de arbitraje internacional señalando la imposibilidad de cobrar los peajes pactados para recuperar su inversión. La demandada repuso que los sobornos pagados a la exalcaldesa Villarán se hicieron a cambio de beneficios indebidos en el contrato de concesión. En mayo del 2020, un tribunal determinó que no había evidencia suficiente de corrupción y ordenó a la municipalidad resarcir a la empresa. En el 2019, Brookfield planteó una segunda demanda para reclamar incumplimientos de pago, contra la misma postura de la comuna. El tribunal resolvió a favor de la empresa en el 2022, considerando que la corrupción, si la hubo, no comprometía el convenio original. En este proceso participó José Miguel Castro. Lo que dijo jugó en contra de los intereses del municipio, según el texto del laudo.

Castro declaró que fue Odebrecht la que se ofreció a financiar la campaña de la revocatoria y no él quien la solicitó, conforme había asegurado el representante brasileño Jorge Barata. Agregó que no recibió dinero ilícito. Los árbitros, finalmente, dictaminaron que Odebrecht no necesitó pagar sobornos para firmar el contrato de concesión, porque ya había ganado la adjudicación cuando se produjo el pedido de revocatoria. Barata ha declarado que con Castro fue coordinado, en el 2013, el pago a publicistas para la campaña contra la revocatoria, por US$ 2?000.000 y el destino local de otros depósitos por US$1?000.000.

En el caso de OAS, a cargo del proyecto Línea Amarilla ?para conectar varios distritos incluyendo un túnel debajo del río Rímac?, la fiscalía afirma que sus aportes del 2013, en el contexto de la revocatoria, lograron cambios en su beneficio en una adenda al contrato que suscribió el 2009 durante la primera administración de Luis Castañeda. La adenda alargó la concesión. Contra estas alegaciones está el hecho de que la municipalidad, dos años antes del proceso de la revocatoria,ya había aceptado varios de los cambios, entre otros motivos para mejor reubicar a pobladores que serían desplazados. En el 2014, cuando la intentona de reelección, hubo otro acuerdo mediante trato directo que según la fiscalía también fue ilícito, con el objetivo de reponerle a la empresa Limex, titular de la concesión, gastos no previstos. Leo Pinheiro, de OAS, no lo ha admitido. Posteriormente, OAS le transfirió Limex a Lambra, cuyas acciones finalmente adquirió la francesa Vinci Highways, que ahora administra la concesión. En el 2024, Limex le ganó a la municipalidad un arbitraje planteado por esta, que alegó corrupción. En este proceso nuevamente José Miguel Castro negó haber recibido pagos ilícitos, pese a que cuatro años antes había iniciado un proceso de colaboración eficaz.

Tenemos entonces que no hay evidencias de que Castro hubiera pretendido autoincriminarse o descargar en Villarán, que figura como líder de una organización criminal en el esquema de la fiscalía, mayores responsabilidades. En el juicio que comienza en setiembre ella está imputada por colusión, cohecho y lavado de activos, cargos que desaparecieron para él con su muerte. Hay más juicios e imputados, varios años más de audiencias. Más allá de las controversias sobre la validez de los acuerdos derivados de los contratos de concesión, y al margen de que los aportes puedan ser despenalizados si se consideraran donaciones políticas, está claro que hubo corrupción en quienes recibieron dinero de empresas con quienes contrataban desde la municipalidad. La ley permite condenar a funcionarios que reciben dinero por cumplir con sus deberes como por incumplirlos. En el primer caso la ilicitud se califica como cohecho pasivo impropio, una de las modalidades de soborno.

Uno de los misterios es cómo se distribuyeron US$11 millones. La fiscalía no ha hecho una pericia sobre los bienes de la exalcaldesa Villarán para su acusación de lavado de activos, mientras que ella, con solo tres propiedades, exhibe un archivamiento del 2015 de una investigación por lavado de activos. Es injustificable que el fiscal José Domingo Pérez no haya cerrado el proceso de colaboración eficaz de José Miguel Castro si este no ofrecía información relevante y oportuna durante tanto tiempo. Comenzó el proceso en el 2020. La información que brindó no ha servido para esclarecer los hechos, sino para solicitar medidas contra otros imputados. El juez que investiga su muerte debe pedir la exhibición de sus declaraciones en este cuaderno. Podría saberse qué podía o no quiso decir, en busca de mayores luces sobre el trágico episodio.