Blindar el 2026

La renuncia de la administración Petro a todo lo que sea gobernar la Nación y cumplir sus promesas ya lo condujo a una gran paradoja: elevar un manto de duda sobre la misma organización electoral que legitimó el primer gobierno de izquierda elegido por voto popular. En medio de su pelea con la empresa Thomas Greg and Sons por el contrato de elaboración de pasaportes el presidente de la República, Gustavo Petro, trinó: "Desconfío de la transparencia de las elecciones de 2026". Así, escuetamente, el primer mandatario lanzó una carga de profundidad a uno de los pilares del sistema democrático colombiano, esto es, la organización y el desarrollo de los comicios por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De hecho, esta entidad adjudicó el contrato por 2,1 billones de pesos para esa crucial logística electoral del año entrante a una unión temporal, con Thomas Greg como uno de sus integrantes. Que Petro busque minar la legitimidad de las elecciones del año entrante refleja un irresponsable desdén por un sistema que permitió toda su carrera política tanto a nivel nacional como local. El jefe del Estado lleva participando en múltiples jornadas electorales prácticamente desde 1991, la mayoría de ellas con resultados victoriosos. Esa arquitectura electoral, de la que hoy busca sembrar dudas, le brindó las reglas del juego para convertirse en alcalde de Bogotá y luego presidente de la República. Si bien muchas voces siguen invitando a ignorar los trinos y manifestaciones en X del mandatario, es imposible dejar pasar declaraciones tan peligrosas para la legitimidad electoral. No es un hecho menor que la cabeza del poder Ejecutivo, a cargo de brindar garantías y asegurar el desarrollo de los comicios, sea la voz cantante en diseminar la pérdida de confianza y certidumbre en este proceso democrático. No deja de despertar suspicacias que, en momentos en que el proyecto petrista lucha por recuperar el entusiasmo perdido de sus seguidores y se enfrenta al amplio incumplimiento de las expectativas de sus votantes, el presidente Petro comienza a ‘desconfiar’ del sistema electoral. A lo anterior se debe añadir la reciente insistencia en narrativas de fantasiosos ‘golpes de Estado’ que solo sirven de excusas baratas para una gestión, en el mejor de los casos, mediocre y sin notorias transformaciones. La respuesta institucional y social a estas ligeras e infundadas declaraciones debe ser contundente y generalizada. La Registraduría Nacional del Estado Civil necesita recibir el máximo apoyo del resto de los poderes públicos, del empresariado y de la sociedad en su crucial labor de organizar, convocar y realizar con éxito las próximas citas electorales. Ese voto de confianza en la competencia de la Registraduría ha sido ratificado por el Consejo Gremial Nacional y otras organizaciones gremiales y empresariales, así como dirigentes opositores y otros sectores políticos. Corresponde, entonces, al resto de la sociedad contrarrestar este ataque presidencial abierto a la organización electoral con un ‘blindaje’ social de los comicios del año entrante. Blindar el 2026 se traduce, desde los empresarios, los medios y la sociedad civil, en apoyar a la Registraduría en su trabajo, exigir que se destinen los recursos financieros y de otra naturaleza a esta tarea, demandar garantías políticas y de seguridad física a aspirantes y a votantes, monitorear que las elecciones sean transparentes, legítimas y confiables, así como pedir del Gobierno mayor prudencia y respeto institucional.