La Nación, Costa Rica
17 de julio de 2025
La JPS advirtió que muchas de las loterías ilegales están vinculadas a estructuras del crimen organizado, lo que representa una amenaza para la seguridad ciudadana y desvía recursos destinados al desarrollo social.
Tras los operativos realizados la mañana de este jueves en el marco del Caso Tómbola, la Junta de Protección Social (JPS) advirtió que muchas de las loterías ilegales "están vinculadas a estructuras del crimen organizado", lo que representa una amenaza para la seguridad ciudadana y desvía recursos destinados al desarrollo social.
La declaración surge luego de que, según indicó la institución, una persona funcionaria de la JPS figura entre las personas investigadas en el caso. El operativo se ejecutó en 24 puntos, especialmente en la zona norte del país, donde operaba una red dedicada a la legitimación de capitales mediante la comercialización de lotería legal e ilegal en distintas zonas del país.
"La Junta de Protección Social se mantiene en colaboración activa con las autoridades competentes, brindando su total disposición para contribuir con el proceso judicial en desarrollo", señaló la institución en su posicionamiento oficial.
Aclaró que no emitirá más detalles sobre el caso, dado que se encuentra bajo investigación, y afirmó que respetará el proceso en curso, así como la confidencialidad e integridad de las diligencias judiciales.
La JPS reiteró la urgencia de reforzar las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas crecientes que representa la lotería ilegal. En ese sentido, hizo énfasis en el proyecto legislativo para el Fortalecimiento de las Competencias de la Junta de Protección Social y la Regulación de los Juegos de Azar.
Según la institución, la aprobación de esta iniciativa legal "permitirá cerrar el paso a redes ilícitas que se lucran a costa del bien común, debilitando el financiamiento de programas sociales que benefician a miles de personas en situación de vulnerabilidad".
Además, en el comunicado, reafirmó su compromiso con la ética, la legalidad y la transparencia en la gestión pública. También recordó su misión de promover el bienestar social mediante la administración responsable de los recursos destinados a programas sociales.
