El Comercio, Perú
23 de julio de 2025
En la primera mitad del año se reportaron 6.677 violaciones sexuales y 78 feminicidios. El Estado les sigue fallando a quienes debe proteger.
Cada 39 minutos se registra una violación sexual en el Perú. Cada día se reportan 37 denuncias por este abominable delito. Mujeres, niñas y adolescentes son, en su inmensa mayoría, las protagonistas de estos miles de historias de horror con consecuencias devastadoras. Esta escalofriante estadística viene aumentando año tras año. La violencia parece haberse normalizado en una sociedad gobernada por autoridades acostumbradas a ceder ante la criminalidad organizada y la minería ilegal, y ahora también muestran desidia para enfrentar uno de los más execrables delitos.
Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dadas a conocer ayer por este Diario, solo en el primer semestre de este año se han reportado 6.677 violaciones sexuales, 354 denuncias más que las registradas en todo el 2020. Si esta cantidad se mantiene, se podría superar el ominoso récord alcanzado el año pasado, cuando se produjeron 12.924 delitos de esta naturaleza. Las niñas y adolescentes son el grupo más vulnerable, pues el 94% de las víctimas son mujeres, de las cuales el 61% son menores de edad. En ese mismo período, también se han reportado 78 feminicidios y 133 intentos de asesinatos contra mujeres. En muchos de estos casos, el agresor era parte del entorno de la víctima.
El Estado continúa fallando en su rol protector. El Comité de los Derechos del Niño presentó el año pasado una serie de recomendaciones urgentes, entre las que se advertía sobre la ausencia de estrategias para enfrentar esta problemática, en especial con niñas víctimas en zonas rurales o alejadas. La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del INEI muestra, por otro lado, un preocupante incremento de los niveles de tolerancia de nuestra sociedad frente a la violencia contra las mujeres.
Necesitamos una respuesta contundente de nuestras autoridades que vaya más allá de medidas superficiales o indignados anuncios punitivos. Se debe reforzar la educación a los jóvenes, los docentes deben ser capacitados en cultura preventiva y se debe garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Nuestras niñas y adolescentes no pueden seguir expuestas a ser parte de una historia de horror que puede dejar secuelas para el resto de sus vidas.
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