"Estos procesos no solo implican salir de un cargo público, sino que tienen efectos sobre mi carrera académica, sobre mi nombre"

Han transcurrido 296 días desde que Ángela Vivanco dejó de ser ministra de la Corte Suprema, tras ser destituida por sus pares el 10 de octubre de 2024, por diferentes cargos vinculados con sus conversaciones con el abogado imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla, en las que se trataban nombramientos judiciales, integraciones de salas, entre otros temas. Seis días después, el Congreso aprobaba una acusación constitucional en su contra, lo que la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Durante los últimos meses, la exmagistrada ha reactivado el ejercicio de su profesión de abogada de forma independiente, aunque, en conversación con "El Mercurio", sostiene que próximamente podría haber novedades en el plano laboral, como un eventual fichaje en un estudio jurídico, y también proyectos académicos que, según dice, "espero que se concreten pronto".
Sin embargo, durante gran parte del tiempo desde su remoción, la exintegrante de la Tercera Sala del máximo tribunal estuvo dedicada a preparar su defensa en distintos frentes, y aportando antecedentes y detalles a los abogados argentinos Fernando Toller, Ignacio Boulin, Lucas Gómez y Fabiola Cantú, quienes están a cargo de la denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta semana, la instancia internacional con sede en Washington, Estados Unidos, acogió a trámite la presentación ingresada el 10 de abril pasado, en que la exjueza acusa vulneraciones a los derechos al debido proceso y garantías judiciales; a la protección judicial; derechos políticos; a la protección a la intimidad y de los datos y comunicaciones privadas; al trabajo, y de legalidad de interpretación y aplicación adecuada y razonable de las normas que regulan derechos.
La resolución de la CIDH ordena al Estado enviar un informe respecto de las denuncias que realiza Vivanco, para lo cual tiene un plazo de tres meses, prorrogable una vez por un mes adicional. Luego de eso, Vivanco también tendrá un plazo para hacer sus descargos.
Sin medidas reparatorias solicitadas, por ahora...
Sobre su denuncia, comenta que en ella se explica "qué vulneraciones hubo al debido proceso" respecto de situaciones en la Comisión de Ética de la Suprema; en su proceso de remoción por parte del Pleno, y en la acusación constitucional en el Congreso.
Y agrega que "esto a mí me dificultó defenderme, le dificultó a mis abogados tener acceso a la debida información. No tuvimos la tramitación que normalmente se le da a este tipo de temas y, en consecuencia, fuimos víctimas de un proceso de remoción exprés".
En ese sentido, dice que "estos procesos no solamente implican salir de un cargo público, sino que tienen muchos otros efectos, sobre mi carrera académica, sobre mi nombre, personas que se han permitido darme por culpable de una serie de cosas".
Respecto de qué espera de este proceso, la abogada señala que "el sistema interamericano contempla muchos tipos de medidas reparativas en este caso. En esta instancia, nosotros no hemos pedido ninguna en especial, sino que lo que hemos dicho, fundamentalmente, es que el interés mayor de esta presentación es que se revise lo que sucedió conmigo y se declare efectivamente que ha habido vulneración de derechos (...) con efectos muy graves para mí. Y esa es fundamentalmente la reparación que uno espera. Todo el resto de medidas, son temas que en el camino se van proponiendo".
Vivanco evita revivir los hechos que la tienen en esta situación, y "las cosas que se pudieron hacer mejor. En su momento lo dije, porque nadie es infalible, pero distinto es que uno no tenga las opciones adecuadas para poderse defender".