La justicia se respeta

Tengo formado mi propio concepto jurídico, pero en esta columna no entro a pronunciarme sobre el sentido, las razones y consideraciones judiciales expuestas por una juez de la República para adoptar la decisión de primera instancia en el proceso adelantado contra el expresidente Álvaro Uribe. Esa es cuestión que corresponde a los apelantes, a su contraparte y a los jueces de segundo grado. Muchas voces y plumas, videos y mensajes en redes sociales continuarán pronunciándose acerca del caso, la controversia legal y sus repercusiones políticas. Tampoco voy a tomar partido a favor o en contra del exmandatario, ni dedicaré estas líneas a sugerir -porque sería irrespetuoso- a los señores magistrados del Tribunal Superior de Bogotá cómo deben resolver. Son ellos quienes, en ejercicio de su competencia, habrán de adelantar el estudio respectivo. Con independencia de cuál sea su determinación, consignada en la sentencia, deberá ser acatada. Lo que sí me parece trascendental -como sencillo aporte para la recuperación de la sindéresis- es reclamar de manera contundente, a nacionales y extranjeros, el respeto a la independencia de nuestra administración de justicia y a la soberanía del Estado colombiano. Una cosa es discrepar -total o parcialmente- del sentido, alcance y consideraciones de un fallo judicial, y otra muy distinta, maltratar, amenazar, perfilar y atacar a los jueces llamados a proferirlo, como ha acontecido con la señora juez Sandra Heredia, antes y después de la sentencia. Lo que se ha visto, a propósito del fallo proferido, es sencillamente deplorable y tiene que ser rechazado. No debe hacer carrera el enfoque politizado de los procesos y fallos judiciales. Tampoco debe convertirse en costumbre el ataque mediático contra los jueces, menos todavía en su entorno personal y familiar, como está pasando en este caso, ni la pretensión de vincular una decisión judicial con intereses de carácter ideológico o partidista. En lo que hace al proceso en referencia, resulta ostensible que la maledicente e injusta crítica, fuera de vulnerar los derechos a la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre de la jurista afectada, ha rebajado el nivel del debate público y ha conducido al desconocimiento del debido respeto que merecen quienes administran justicia. Sin base ni fundamento alguno, se siembra la desconfianza de la ciudadanía en la imparcialidad de los jueces. En este caso, se constriñe y presiona a los magistrados que habrán de fallar en segunda instancia. Dado el importante papel político del procesado y sus contradictores, no era de extrañar la repercusión del fallo en ese terreno, con independencia de si absolvía o condenaba, pero nunca pensamos que se llegara al nivel de maltrato y agresión mediática al que se ha llegado, en especial contra una juez que -es válido afirmarlo, ya que el juicio fue público- condujo el trámite procesal con transparencia, objetividad e imparcialidad, dentro del debido respeto a los derechos del acusado y de quienes fueron reconocidos como víctimas. Ahora bien, las agresiones no han sido solamente contra la juez Heredia, ni han tenido lugar solamente en Colombia. Congresistas extranjeros han llegado al extremo de manifestar públicamente que "el sistema de justicia colombiano está corrompido", pidiendo "sanciones" contra el país. Eso no lo puede aceptar el Estado. Por dignidad y en ejercicio de la soberanía, el Gobierno, a nombre de todos los colombianos, debe exigir el respeto internacional a nuestras instituciones y a nuestros tribunales. Con plena convicción democrática, expresamos -como ya lo han hecho otros comentaristas- que es inaceptable toda amenaza de intervención extranjera en nuestra administración de justicia -independiente, libre y autónoma-. Colombia es una república democrática cuya separación y equilibrio de poderes están contemplados en un ordenamiento jurídico establecido por el pueblo -titular de la soberanía- y consignado en la Constitución. No somos colonia.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo