Lunes, 04 de Agosto de 2025

La factura

ColombiaEl Tiempo, Colombia 3 de agosto de 2025

Es un deber democrático acatar la decisión adoptada por la justicia en el caso del expresidente Uribe, pero no por ello se puede dejar de expresar la profunda preocupación ciudadana de que una sentencia se funde en interceptaciones ilegales, en pruebas técnicas parcialmente borradas y en testigos cuyo "valor civil" está afianzado en prebendas y ofrecimientos previos

Es un deber democrático acatar la decisión adoptada por la justicia en el caso del expresidente Uribe, pero no por ello se puede dejar de expresar la profunda preocupación ciudadana de que una sentencia se funde en interceptaciones ilegales, en pruebas técnicas parcialmente borradas y en testigos cuyo "valor civil" está afianzado en prebendas y ofrecimientos previos. Más allá de los temas jurídicos, hay que detenerse en el mensaje político del fallo, que Iván Cepeda abordó en la declaración que leyó bajo el título ‘Llegó el día de la justicia’. ¿Justicia para quién? ¿Es cierto, como lo afirmó ligeramente el senador, que la sentencia se consagra a las víctimas de los ‘falsos positivos’ o de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque? ¿De dónde sale semejante embuste, si la sentencia no se refiere a estos hechos? ¿De verdad, es cierto que con esta sentencia se hizo justicia a las víctimas de los espionajes telefónicos del DAS, a pesar de que el fallo tampoco alude a ese tópico y, por el contrario, lo que sí hace es legalizar interceptaciones irregulares al expresidente? Qué contraste todo esto: mientras los computadores de ‘Raúl Reyes’ no sirven de prueba en la justicia, esta les otorga validez a unas escuchas no autorizadas judicialmente, porque fueron obtenidas "de buena fe". Cepeda calificó la sentencia como "histórica", porque vino a refrendar el principio republicano de que nadie puede impunemente desafiar y mancillar el imperio de la ley y de la Constitución. Lástima grande que dicho principio lo haya olvidado por completo en el acuerdo "histórico" que ayudó a confeccionar en beneficio de sus amigos de las Farc, que tanto daño les hicieron a los colombianos y cuya impunidad es hoy un escándalo. El discurso de Iván Cepeda rayó en el cinismo cuando afirmó que a comienzos de este siglo Álvaro Uribe "intentó imponer a las víctimas y a la sociedad colombiana un modelo que intentaba la negación y la impunidad de crímenes de lesa humanidad", refiriéndose -claro está- a la ley de Justicia y Paz, que desmovilizó al paramilitarismo. ¿Con alguna autoridad puede hacer esta afirmación quien fue uno de los ideólogos del Acuerdo de La Habana, a sabiendas de que hoy, diez años después, siguen sin condena más de 120.000 homicidios, 30.000 casos de desaparición forzosa, 20.000 secuestros, 12.000 víctimas del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y miles de casos de violencia sexual, principalmente sobre niñas indefensas? Y no es solo eso. Porque Cepeda también ha sido uno de los promotores de varios proyectos de sometimiento para las bandas criminales, como el ‘clan del Golfo’, con miras a que los capos no paguen penas privativas de la libertad por sus delitos de lesa humanidad y, por si fuera poco, laven sus patrimonios ilícitos. La desfachatez llegó al extremo cuando Cepeda hizo de esta una oportunidad para plantear un acuerdo nacional para que las víctimas sean realmente reparadas. ¿Acaso esto lo propone bajo el modelo del Teatro Colón, que permitió que los desmovilizados de la guerrilla conservaran sus patrimonios ilícitos y apenas entregaran centavitos para reparar a sus víctimas? Así es, las pasiones que genera el caso de Uribe entre el progresismo han desnudado su doble moral. Celebran la interdicción de funciones públicas del expresidente, pero andan buscando excusas para que los comandantes farianos responsables de crímenes de lesa humanidad se jubilen en el Congreso. Cepeda denunció que la condena fue posible "a pesar de inmensas presiones políticas y mediáticas", mientras celebró el trabajo investigativo de periodistas que con pasión persiguieron a Uribe todos estos años. Y más recientemente alzó su voz contra el pronunciamiento de Marco Rubio a favor de Álvaro Uribe, pero calló frente a las declaraciones de Diosdao Cabello, quien se anticipó dos semanas atrás a celebrar la sentencia contra el expresidente. En fin, para la izquierda es correcto buscar calanchines en las cárceles contra Uribe, pero un delito que este estructurara su defensa. Porque la verdad es una sola: se trataba de pasarle factura al presidente que derrotó militarmente a los amigos de Iván Cepeda. Taponazo. Miguel Uribe... ¿otra factura?
Doble moral
Néstor Humberto Martínez Neira
Iván Cepeda celebra el fallo porque con este se acaba la impunidad en Colombia, mientras él patrocinó la de sus amigos de la guerrilla y promueve la de los capos de las bandas criminales.
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